El estado policial de Trump

Por: Maribel Hastings
El presidente Donald J. Trump alardea de que está removiendo del país a los “bad hombres” y de que su Fuerza de Deportación se está centrando con “clínica precisión” en delincuentes que representan una amenaza para la seguridad pública y nacional. Sin embargo, los reportes que emergen deben sonar alarmas, y no únicamente para quienes carecen de documentos.

La noticia de que agentes migratorios solicitaron documentos de identidad a los pasajeros que desembarcaban de un vuelo doméstico en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, procedente de San Francisco, California ―con la excusa de que buscaban a un pasajero con una orden de deportación―, es señal de la nueva cultura que impera en las autoridades migratorias. Se sienten envalentonados y amparados por un presidente y una administración que se jactan de haberlos “desencadenado” de la priorización sobre detenciones y deportaciones que reinó en los últimos años del gobierno de Barack Obama.

De hecho, los diversos operativos migratorios que se han intensificado a través del país no solo han resultado en la detención de delincuentes, sino de indocumentados sin historial delictivo que durante el gobierno de Obama no habrían constituido prioridad de deportación. Son “daño colateral”.

La semana pasada hubo un operativo en Santa Cruz, California, una ciudad santuario, para detener a sospechosos de ser pandilleros. Pero entre los detenidos figuraron indocumentados sin historial delictivo o vínculos con pandillas. Más aún, el operativo conjunto de la policía local con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no se le notificó a las autoridades de la ciudad santuario.

Lo que está ocurriendo no debe sorprender a nadie, pues los sindicatos que agrupan a los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza estuvieron enfrentados durante años con la administración Obama quejándose de que la priorización les impedía hacer su trabajo.

Pero los nuevos memorandos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desechan esa priorización y otorgan una enorme discreción a los agentes migratorios para decidir quién constituye o no una prioridad y a quiénes solicitan documentos, así sean ciudadanos o residentes permanentes.

Hace unos días se reportó que Muhammad Alí, Jr., hijo de la leyenda del boxeo del mismo nombre, Muhammad Alí, fue detenido por autoridades migratorias en un aeropuerto de la Florida al que arribó con su madre procedente de Jamaica. Su abogado indicó que los agentes le preguntaron repetidamente cómo había obtenido ese nombre y si era musulmán. Alí, con todo y su pasaporte estadounidense, fue sujeto a perfiles raciales y religiosos, dijo su abogado.

En la prensa, sobre todo en español, abundan los consejos, no solo para los indocumentados sino para residentes permanentes y ciudadanos, sobre qué documentos deben llevar consigo en la era de Trump y su abierta declarada guerra contra inmigrantes, minorías, religiones y contra los valores que han sustentado a esta nación. En esta era de Trump quienes luzcan o suenen “diferentes” al ideal anglosajón de los simpatizantes de supremacistas blancos que ahora trabajan en la Casa Blanca, corren el riesgo de ser cuestionados por las autoridades.

Trump quiere agregar 10,000 agentes de ICE al interior del país y revivir programas de colaboración con policías locales y estatales. Quiere más espacio en centros de detención.

Sumemos a esto que es un individuo peligrosamente narcisista, vengativo, dado a mentir y a inventar, que detesta la disensión, odia a la prensa que cumple su labor de cuestionarlo, admira a dictadores como el presidente ruso Vladimir Putin y le solicita al Buró Federal de Investigaciones (FBI) desmentir reportes de prensa de los contactos entre funcionarios de su campaña y agentes de inteligencia rusos.

Los ingredientes de un estado policial se cocinan a fuego lento.