La Fuerza de Deportación de Trump se hace presente

Por: Maribel Hastings*
En medio de la batalla entre la administración de Donald J. Trump y los tribunales en torno a su veto migratorio a ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes, se incrementaron reportes sobre la detención y deportación de indocumentados a través del país por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La red de comunicaciones que siempre ha existido entre la comunidad indocumentada y quienes la apoyan se activó automáticamente, y más en estos tiempos de predominio de las redes sociales, con advertencias sobre la presencia de agentes en centros de trabajo, negocios y hogares e incluso de retenes en algunas zonas del país.

Las autoridades migratorias niegan que se trate de “redadas” en el sentido tradicional de la palabra, sino de la detención de personas con previas órdenes de deportación y con historial delictivo. Después de todo, argumentan, lo mismo ocurría durante el gobierno de Barack Obama que rompió récord de deportaciones, particularmente en 2012 cuando rebasó por mucho las 400,000 remociones.

Pero la comunidad indocumentada y sus aliados saben más que eso.
La diferencia estriba en que tras la dura presión de los grupos pro inmigrantes, especialmente a nivel comunitario, la administración Obama priorizó las deportaciones para tratar de centrarse en verdaderos criminales y amenazas a la seguridad nacional y pública y no en madres y padres detenidos por tener un foco de frenos descompuesto o por haber utilizado un documento de identidad falso, no para robar sino para poder trabajar como han hecho millones de personas de prácticamente todas las nacionalidades antes que ellos.

Pero con su orden migratoria del 25 de enero, tanto en la frontera como al interior del país, Trump desechó de un plumazo la priorización que se consiguió a pulso durante la administración Obama, declarando “temporada de cacería” de indocumentados.

Ciertamente, entre la comunidad inmigrante pueden haber elementos criminales, como los hay entre todos los sectores de nuestra población. Nadie defiende lo indefendible.

Pero la marcada diferencia es que en esta era de Trump y con base en los lineamientos de la orden ejecutiva migratoria del 25 de enero cualquier indocumentado puede ser considerado “criminal” y prioridad de deportación, aunque no haya sido acusado ni condenado de ningún delito.

El decreto del 25 de enero amplía el concepto de lo que podría considerarse un delincuente y esto incluye, según la orden, a quienes “hayan cometido actos que constituyan una ofensa criminal por la que puedan ser acusados”, aunque la persona nunca haya sido acusada ni condenada. Al incluir, por ejemplo, el uso de documentos falsos, como hace buena parte de los indocumentados para trabajar, o haber cruzado la frontera sin inspección o manejar sin licencia de conducir, ya esa persona caería en la categoría de quienes han cometido actos por los que puedan ser acusados o condenados y, por ende, se convierten en prioridad de deportación.

A esto se suma que Trump quiere agregar 10,000 agentes migratorios al interior del país y resucitar programas de colaboración entre las autoridades migratorias federales y policías locales y estatales, Comunidades Seguras y 287g, los mismos programas que resultaron en un repunte en las deportaciones durante el gobierno de Obama.

La comunidad indocumentada de Estados Unidos lleva décadas adaptándose a la realidad política del momento. Planifica, se prepara, no aguarda a que nadie venga en su rescate, pues son años de espera por una solución permanente que los regularice. Esta vez no es la excepción, sobre todo tras ver lo que puede ocurrir a una madre y esposa indocumentada con 21 años viviendo en Estados Unidos y dos hijos ciudadanos.

La semana pasada, Guadalupe García de Rayos, de Arizona, fue deportada a México. Lupita llegó a Estados Unidos a los 14 años de edad. Es casada y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses. En 2008 y, como parte del reinado de terror del exalguacial Joe Arpaio, fue detenida en una redada en su trabajo y acusada de usar un documento de identidad falso. Lupita se declaró culpable de un delito mayor por el uso del documento falso, pero al no tener un historial delictivo y tener una vida establecida e hijos ciudadanos, no se le consideró prioridad de deportación en la administración Obama.

Eso cambió la semana pasada cuando acudió, como siempre hacía, a su cita con inmigración. La detuvieron y la deportaron. Lupita es el vivo ejemplo de que la priorización de deportaciones que prevaleció en los últimos años del gobierno de Obama ya no existe.

En Twitter, Trump se defendió diciendo que cumple con su promesa de campaña de deportar criminales, “pandilleros, narcotraficantes y otros”. Guadalupe no es pandillera, ni narcotraficante, ni delincuente. Parece haber caído en la categoría de “otro” de Trump.

También se reporta que al acudir a detener indocumentados con órdenes de deportación o acusados de delitos mayores, si ICE se topa con indocumentados que no han sido acusados ni condenados por nada, también se los llevan. Para ICE y para Trump son todos delincuentes. Son daño colateral.

ICE asegura que nada ha cambiado, pero no engañan a nadie. La Fuerza de Deportación de Trump se hace presente.