Estados Unidos da un primer paso para acabar con la detención de familias migrantes

La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de Estados Unidos de reducir la detención inmigratoria de familias podría ayudar a miles de niños y madres que huyen de situaciones de persecución, señaló hoy Human Rights Watch. El secretario del DHS, Jeh Johnson, anunció el 24 de junio de 2015 que el gobierno de Obama tenía intención de implementar “cambios sustanciales” en materia de detención inmigratoria de familias.

Las más beneficiadas serían las familias que solicitan asilo en EE. UU., aseveró Human Rights Watch. Johnson indicó que “una vez que una familia ha establecido que reúne los requisitos para solicitar asilo u otros beneficios conforme a nuestra legislación, la detención a largo plazo representa un uso ineficiente de nuestros recursos y debería interrumpirse”.

“Al disminuir las detenciones familiares, EE. UU., finalmente estaría entrando en razón con respecto a la situación inmigratoria”, destacó Antonio Ginatta, director de incidencia del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “EE. UU. Nunca debería haber encerrado a familias por tiempo indefinido, ni mucho menos a quienes solicitan asilo”.

Según estadísticas del gobierno estadounidense, el 88 por ciento de las familias detenidas han demostrado que tienen argumentos razonables o creíbles para temer regresar a su país de origen, lo cual supone el primer paso para reunir los requisitos de asilo en EE. UU.

El anuncio del DHS se produce luego de que una delegación del Congreso estadounidense visitara un centro de detención de familias en Texas. El 22 de junio, miembros de la delegación instaron a que concluyeran las detenciones familiares. Human Rights Watch ha documentado evidencias de los efectos gravemente perjudiciales provocados por esta práctica y, junto con otras organizaciones de derechos humanos, ha solicitado reiteradamente que se ponga fin a la detención de familias.

Durante el último año, EE. UU., amplió significativamente la capacidad de detención familiar, que pasó de menos de 100 a casi 3.000 plazas, supuestamente en respuesta a un incremento en la cantidad de familias que intentan ingresar en EE. UU.

El anuncio del DHS no especificó de qué manera el departamento abordaría el problema de las elevadas fianzas que provocaban que las familias continuaran detenidas, ni si pondría fin a la detención por tiempo indefinido de familias que no solicitaban asilo.

En el anuncio si hizo referencia reiteradamente al acto de solicitar asilo como “migración ilegal”, lo cual sugiere indebidamente que quienes huyen de amenazas a su vida o su libertad actúan en cierto modo ilegalmente, observó Human Rights Watch.

La detención inmigratoria por tiempo indefinido tiene graves secuelas psicológicas para los niños y sus padres, señaló Human Rights Watch. El derecho internacional prohíbe detener a menores sin excepción, así como la detención de solicitantes de asilo, salvo como medida de último recurso y únicamente por motivos extraordinarios, como la posibilidad de riesgo para la población.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha recurrido a la detención de familias como primera alternativa, desestimando el perjuicio que esto supone para los menores”, observó Ginatta. “Este nuevo enfoque debería ser el primer paso en una dirección que permita erradicar la detención de todas las familias, en forma permanente”.