Juana contra Goliat

Acaba de ocurrir lo que las grandes cadenas de noticias como CNN habían pronosticado desde 2011 como un “hecho poco probable” porque no contaba con antecedentes que permitieran creer que una persona indocumentada, indefensa y vulnerada y encima de eso mujer, fuera a ganarle una batalla tan dura al gobierno federal y sobre todo a inmigración, pero estaban equivocados, sucedió todo lo contrario.

Leyendo parte de los expedientes de Juana Villegas de la Paz, uno puede apenas imaginarse el calvario que esta madre de familia de 3 niños en el 2008 debió sufrir de manos de unos alguaciles de la oficina del sheriff del condado de Davidson en Tennessee, dándole a uno la sensación de que estuviera frente a un episodio de la Alemania Nazi. La descripción de los hechos fue suficiente para saber que debía entonces marcarse un precedente.

Parte de lo sucedido con más detalles está descrito en la página 11 de esta misma edición, aquí no pretendemos repetir la historia, sino más bien sacar de ella sus buenas enseñanzas, porque incluso de lo que es adverso debemos sacar nosotros “algo bueno” si al final así pudiéramos llamarlo.

Juana Villegas de la Paz, debió esperar, primero tres largos años, para que los jueces y los fiscales, aceptaran ir a juicio seguros de que, quizá les iba a ser fácil desestimar los argumentos de la mujer, quien luego de un arresto teniendo un embarazo avanzado, fue encadenada a la cama donde hacía trabajo de parto, aislada de su marido y su familia quienes no se enteraron del nacimiento de la nueva criatura y finalmente vejada en su dignidad por unos oficiales racistas, amparados por el poder omnipotente que les daba el acuerdo 287(G) que tanto daño ha causado entre las comunidades inmigrantes.

En el año 2011 un jurado de Tennessee luego de un juicio de tres días, decidió concederle a la inmigrante indocumentada la razón, reconocer que los oficiales habían violado sus derechos civiles pasando por encima de la constitución del estado y la constitución de Estados Unidos, por lo cual le asignaron como indemnización la suma de 200 mil dólares, para resarcir en parte los daños causados.

Se supo que el oficial a cargo del “operativo” que mantuvo a Juana encadenada a la cama en una sala de partos de un hospital en Nashville, fue despedido a las pocas semas del fallo, por “haber llenado mal unas formas”. Pero la lucha de la mujer no se detuvo, porque una persona, puede estar en un lugar donde no es bienvenida por el color de su piel, su lengua y su cultura, pero eso no le da a nadie, y menos a la autoridad, un salvoconducto para someterla a tratos humillantes, como finalmente lo corroboraron los tribunales.

El mismo día de 2011 cuando la primera parte del proceso se cerró, Juana, su abogado y las organizaciones que la apoyaron, siguieron tras el otro objetivo: La visa U, sobre la cual– como lo dijimos anteriormente—no había un precedente hasta fecha de que un juez federal la hubiera concedido en ningún otro caso, pero tres años después, Juana le volvió a ganar al sistema que nuevamente tuvo que reconocer sus errores.

Pero el caso de Juana no es el único, en la página 14 de esta misma edición, narramos lo acontecido a la abogada Stacy Ehrisman, de origen checo pero nacida en Estados Unidos, quien ha elevado una querella formal contra el juez de inmigración J. Dan Pelletier, por haber vulnerado su derecho al trabajo y sus derechos como madre y mujer, en ambas situaciones las victimas no se han quedado quietas, han levantado su voz y han iniciado acciones concretas contra sus “verdugos”.

Lo que nos debe quedar claro de estos dos ejemplos, es simple: Todos en este país, independientemente del origen o el estado legal, seguimos teniendo derechos fundamentales que deben ser respetados y acatados por cualquier autoridad, sea como en el caso de Juana unos simples oficiales de policía o como en el caso de Ehrisman un juez federal de las cortes de inmigración de Atlanta, ninguno de los dos, en uso de la autoridad que les ha sido conferida, pueden pasar por encina de nadie, considerando que hay aspectos de la ley que le dan a ellos las facultades para poner sus traseros encima de los demás.