Menos puede ser más

Un sueño no tiene precio, eso lo saben de sobra los dreamers que durante los últimos años han tenido que pagar un precio muy alto por alcanzar así sea el reconocimiento como personas, como miembros de esta sociedad y como sujetos activos de su propio destino y el destino de sus familias.

Han debido pasar largos 22 años para que en el país se volviera a haber una esperanza para millones de personas inmigrantes que han estado aquí trabajando en el campo, en las ciudades, en las fábricas, en la construcción, en los restaurantes, a lo largo y ancho de la nación, pagando impuestos, contribuyendo a la economía, engrandeciendo las arcas del tío Sam, sin que nada bueno aspiraran los políticos para ellos y sus familias, después de la última amnistía que ofreciera el presidente Ronald Reagan el 1986.

Para algunos fanáticos del presidente Obama, la Acción Diferida es la gran oportunidad que cientos de miles de jóvenes estaban esperando para salir de las sombras, mientras otros más cautelosos no ven sino una maniobra política que todavía tiene profundos huecos jurídicos y prácticos, como el hecho de que, no ofrece un estatus legal definitivo sino temporal, y un nuevo gobierno extremista, como pudiera serlo u republicano, echaría por tierra todo ese falso andamiaje y poner en las puertas de la deportación a todos estos sonadores.

Pero hasta aquí el contexto y las implicaciones, ahora viene un tema espinoso, en el que, muchos prefieren no meter sus manos para no herir susceptibilidades, pero de eso se trata ese oficio, de correr riesgos, de atreverse hacer lo que la mayoría quisiera y de exponer lo que la mayoría piensa.

Hace un par de semanas a través de las redes sociales, se discutía el precio que los estudiantes deberían pagar por el trámite de las formas que inmigración exige para la acción diferida, y la inquietud a cerca de lo elevado de las tarifas no es solo del común de la gente, organizaciones con La Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos—GLAHR-, y el consulado mexicano en Atlanta comparten la inquietud de que, ningún abogado debe regalar su trabajo, pero tampoco cobrar tanto por un tramite que no es del otro mundo.

Como se puede leer en el artículo principal de esta edición, la sugerencia de estas dos organizaciones es que, no se pague más de 1,200 dólares, que más de eso, ya es mucho y nosotros compartimos esa idea. Que aquí hay abogados que son lumbreras y hacen parte de la lucha de la comunidad y a pulso se ha ganado nuestro respeto y admiración, eso nadie lo duda ni lo niega, pero, emulando a la Chimortrufia, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y así como decimos una cosa, decimos la otra.

Por eso, es que bienvenida es la idea de GLHR de hacer una jornada en la que se puedan ofrecer asesorías gratis por parte de profesionales en inmigración, donde los jóvenes sin mayores problemas, puedan tener la certeza de que sus procesos no serán fallidos sin que eso les cueste un ojo de la cara. Lo tiene más que merecido, muchos de ellos han sacado la cara por todos nosotros en los últimos años de lucha.

Aclaramos que aquí no estamos para ponerle precio al trabajo profesional de nadie, pero sería de grato recibimiento para la comunidad, que quienes puedan ayudar a estas familias y a estos jóvenes, lo hagan bajando sus tarifas y no nos cabe la menor duda de que, recibirán muchos más cliente y mejores dividendos, de lo que ahora pretender hacer.