Sobre la tragedia en Puerto Rico y sus consecuencias

El futuro de muchos países ha sido afectado directamente por catástrofes naturales consecuencia del cambio climático tal y como sucedió en el mes de septiembre de 2017, cuando los huracanes Irma y María provocaron uno de los mayores desastres naturales en la isla de Puerto Rico, afectándola económica y socialmente. Hoy en día, la devastación causada por la tormenta pareciera estar todavía muy lejos de desaparecer.

Por mencionar algunas cifras, el estimado del gasto ocasionado por la tormenta que azotó a Puerto Rico oscila entre 90 y 100 mil millones de dólares; tan sólo el huracán María destruyó entre 70 mil y 75 mil casas y dañó otras 300 mil.

Es así que cerca de 4,000 familias boricuas —lo que supone más de 10,000 personas— sobreviven en hoteles de 42 estados del país. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) pagará hasta el 20 de marzo la estadía de los refugiados. Al finalizar dicho apoyo, el problema no habrá terminado puesto que la mayoría no tienen casa, ni empleo.

Después de los desastres naturales que azotaron a la isla, la crisis social va cuesta arriba, tan sólo en los dos primeros meses del año 2018 se registraron 129 asesinatos, posteriores a la huelga realizada por elementos de la policía al no recibir sus pagos de horas extras que asciende a millones de dólares.

La postura de las actuales autoridades no ha sido clara y su actuar no brinda soluciones concretas a las diversas problemáticas, sino que pareciera que se encuentra sumando a esta crisis; el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció el cierre de más de 300 escuelas públicas de las 1,010 que se tiene y dejó entrever la intención de cambiar hacia las escuelas tipo Chárter, las cuales son administradas por entes privados y que se caracterizan por la segregación de la población y la pérdida de las escuelas de vecindario.

Aunado a esta situación, actualmente la red de telefonía fija e inalámbrica todavía no funciona al 100% y quedan zonas sin cobertura en el centro y suroeste de la isla; por otro lado, la compañía eléctrica de Puerto Rico obtuvo un préstamo de emergencia de 300 millones de dólares que la mantendrá operando hasta finales de marzo, lo que pase después es incierto.

Además, la isla todavía se encuentra en emergencia debido a una tormenta invernal en Estados Unidos. Esto ha provocado olas de más de 9 metros (mayores que las ocasionadas por el huracán María, hace 5 meses atrás) lo que ha traído como consecuencia caminos destruidos, escuelas cerradas, y la evacuación de muchas familias.

Aunque no hay datos exactos sobre cuántas personas huyeron de Puerto Rico a partir de lo ocurrido, decenas de miles de puertorriqueños ahora residen en estados como Florida y Nueva York.

Los apoyos no parecen ser suficientes para rescatar a Puerto Rico, se ha informado que el plan de rescate financiero de la isla se vio reducido por el departamento del tesoro de 4.700 millones de dólares, a 2 mil millones de dólares otorgados por el programa de Préstamos para Desastres Comunitarios (CDL) en medio de una crisis financiera y los desastres ocasionados por el huracán, con condiciones que no se le habían pedido a otros estados en situaciones similares.

El gobernador Roselló atribuye no haber completado los objetivos de restauración eléctrica en la isla debido a la narrativa del “Poder Central” en contra de los latinos. En palabras del mandatario, el recorte al presupuesto para la restauración es un recordatorio que los puertorriqueños son “ciudadanos de segunda clase”.

Las recientes acciones por parte de la Administración Federal para entorpecer la pronta recuperación de nuestros hermanos puertorriqueños tienen una repercusión directa en la igualdad y calidad de trato para todas las partes que conforman la comunidad política estadounidense.

El abandono a los ciudadanos por parte de la Administración Central que viven en la isla puertorriqueña y quienes también son estadounidenses, es inaceptable. Es una muestra más de la falta de atención y desprecio que Trump tiene hacia nuestra comunidad latina, la cual comenzó al llamar a los mexicanos delincuentes y violadores, escaló cuando quitó el TPS para salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y  haitianos y se consolidó cuando acabó con el DACA.

Es momento de frenar esto y exigir el mismo trato y los mismos derechos. La comunidad latina tiene que activarse, registrarse y salir a votar. Nuestro voto hará la diferencia para un mejor trato hacia nuestra comunidad y hacia nuestros hermanos puertorriqueños.

Por: Esteban Garcés, Director de Mi Familia Vota en Florida