Una justicia “blanca” en un día negro para la humanidad

“Me avergüenzo de la justicia de mi país”, fue una de las frases lapidarias que un abogado y activista anti—pena de muerte de Florida expresara minutos después de la ejecución en la cárcel de Jackson en Savannah de Troy Davis, el hombre de color que durante 20 años peleara por su inocencia en un caso que con su muerte, le echó tierra a cualquier reparación de un posible error en el sistema de justicia americano.

“Finalmente, el reo ha sido ejecutado por inyección letal en la cárcel de Jackson, en Georgia, pese a las dudas que han rodeado el caso después de que los testigos que declararon en su contra se retractaran”, informó un periódico español de la fecha, porque el caso de Davis, fue conocido y seguido en muchas partes del mundo.

“La vergüenza que me da, es que aquí se volvió a imponer la arrogancia de los jueces que últimamente para no gastar más dinero prefieren ejecutar a una persona inocente que volver a reabrir un caso…”, dijo el jurista hablando para la cadena CNN.

Davis, de 42 años, había evitado la ejecución en tres ocasiones desde 2007 y buscaba lograrlo de nuevo. En 1991 fue condenado a muerte por el asesinato en 1989 de Mark MacPhail, agente de policía blanco del puerto de Savannah.

Entre los hispanos de Georgia acostumbrados a pasar por alto toda esta serie de acontecimientos cuando no es a su familia a la que les afecta, debiera llamarles ahora la atención en el actual estado de cosas donde desde el mismo gobierno se mira con desdén a los extranjeros, por el simple hecho de tener un color de piel distinto, por ejemplo.

A nivel nacional más de 3.200 personas están en el corredor de la muerte, unas cifras preocupantes según organizaciones humanitarias, y que cuestionan el sentido de la pena capital en la mayor potencia mundial.

Según esos informes solo California, con 697 presos, encabeza la lista de estados con más ejecuciones programadas, aunque Texas y Virginia, con 337 y 15 condenados respectivamente, son los ‘más activos’ del país.

En el 2009 el director del Centro de Información de la Pena de Muerte, Richard Dieter, se mostró preocupado por las altas probabilidades de que se estuviera condenando a la pena capital a personas inocentes.

“El mayor problema de la pena de muerte es la injusticia de muchos de los casos, que puede llevar a un inocente a ser condenado y posteriormente ejecutado”, dijo en ese entonces.

“Unos errores, según él, “peligrosos”, y que en la mayoría de los casos afectan a grupos minoritarios, con pocos recursos y baja educación. Dieter recalca que “más del 90%” de las personas que se encuentran en el corredor de la muerte no pudieron permitirse un buen abogado.

Para este activista lo mismo que para otras organizaciones el punto está también en un rápido aumento en el número de hispanos condenados a la pena capital, fijado a principios de 2010 en un total de 383 personas.

“Los latinos son el grupo con mayor crecimiento dentro del corredor de la muerte”, en gran parte por el “cambio demográfico” que el país está experimentando, dice Dieter. Pero también, por las limitaciones a las que muchos de ellos se enfrentan en sus juicios, como la imposibilidad de pagar a un defensor, los problemas lingüísticos o incluso los prejuicios raciales.

“Si en 1981, los hispanos suponían el 4,6% del total de los reos condenados a muerte, en 2010 esta cifra ha aumentado hasta un 11,74%”, informó el diario El Mundo de España.

Sandra Bapcock, abogada contratada por el gobierno mexicano para atender los casos de los mexicanos condenados a pena de muerte, dijo ante la Corte Penal Internacional que:

“Todos ellos (los mexicanos condenados a morir), son personas que eran pobres, que no dominaban el inglés y a los que en la mayoría de los casos se asignó un abogado de oficio”.

En Georgia, por ejemplo, y en particular en el condado de Hall, donde el programa 287 (g) devastó a la comunidad hispana en Gainesville, ha habido varios casos en los que el fiscal ha pedido la pena de muerte para los reos de origen hispanos, muchos de ellos implicados en delitos comunes de droga.

En contra parte, en casi todo el Estado se han sucedido asesinatos a sangre fría contra inmigrantes latinos y sus responsables en su mayoría blancos han sido absueltos luego tras la declaratoria de “no culpables”, tras cortos juicios en los que los familiares de las víctimas no han sido asistido por sus representaciones consulares y mucho menos por abogados que al menos peleen sus causas.

Bajo estas condiciones, y ahora cuando los supremacistas y los integrantes de “grupos de odio”, ya hacen parte de las líneas de gobierno de la administración de Nathan Deal, sería bueno que casos como el Troy Davis, no pasaran desapercibidos y por lo menos nos condujera a un análisis menos superficial y sí más serio y profundo de esto que llaman aplicar la justicia, cuando pudiera ser más bien una injusticia.