Corte Federal de Apelaciones confirma fallo contra SB 1070 de Arizona

El Noveno Circuito añadió de manera sabia un clavo al ataúd de la amplia ley inmigratoria de Arizona S.B. 1070. Al redactar el fallo de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, el Juez Richard A. Paez ratificó una medida cautelar preliminar contra las disposiciones más controvertidas de la desacertada ley inmigratoria de Arizona.

El fallo de la corte confirma la resolución de la Jueza Susan R. Bolton (U.S.D.Ct–AZ) dictada el pasado julio y concluye que el gobierno federal cumplió su obligación al establecer que la ley federal tenía precedencia sobre estas disposiciones.

El voto minucioso emitido por el Juez Paez analizó cada una de las cuatro disposiciones cauteladas y dictaminó que no hay ningún conjunto probable de circunstancias en las que las medidas sean válidas.
En el razonamiento del tribunal hay dos temas recurrentes que ponen de relieve por qué medidas como la S.B. 1070 no pasan el criterio de leyes ni de normativas.

En primer lugar, el tribunal dictaminó que “la amenaza de que los 50 estados superpongan sus propias normativas de cumplimiento de la ley inmigratoria por encima” de la ley federal “pesa a favor de la precedencia”. En segundo término, demuestra que las posibilidades y el “efecto perjudicial real sobre los asuntos exteriores” de la S.B. 1070 también pesa a favor de la precedencia.

Otros estados que actualmente contemplan medidas similares como la Florida y Georgia deberían prestarle atención a este fallo y a la fundamentación lógica en la que se sustenta.

La S.B. 1070 de Arizona ha tenido un impacto negativo para los negocios, las comunidades, los contribuyentes y las fuerzas del orden público, de igual manera que otras iniciativas estales y locales que han tratado de controlar la inmigración ilegal.

En el análisis del Center for American Progress que se enfoca exclusivamente en las cancelaciones de conferencias en Arizona que se derivan de la legislación antiinmigrante se revela la pérdida de $141 millones en gastos directos de los asistentes a convenciones y más de $250 mil millones en pérdidas de producción económica.

El fallo, junto al impacto negativo que ya ha tenido la ley en la economía de Arizona, debería desalentar el interés de otros en adoptar medidas similares. Un enredo de 50 leyes diferentes profundizarían el problema de la inmigración ilegal en vez de resolverlo.

Este fallo pone de relieve que todos los caminos hacia el control inmigratorio conducen inevitablemente de vuelta al Congreso. Es hora ya de que el Congreso deje de jugar y promulgue el tipo de reforma amplia que nuestros estados y comunidades necesitan.

También faltaríamos al deber si no resaltáramos una opinión particular que se plantea en el caso en la que se da respuesta a una de las cuestiones legales más enconadamente impugnadas de la última década, a saber si los oficiales de la policía estatal y local tienen potestad intrínseca para hacer cumplir las leyes de inmigración civiles.

Como argumentamos, el tribunal llega a la conclusión de que no existe esa potestad: “No conocemos de ninguna decisión en materia de potestad vinculante que establezca que los estados poseen la potestad intrínseca para hacer cumplir las disposiciones civiles de la ley inmigratoria federal: ahora nosotros dictaminamos que los estados no tienen dicha potestad intrínseca.”

Angela Maria Kelley,
Vicepresidenta de Política migratoria- Center for American Progress