Piden a tribunal federal bloquear la HB 87

Por: Rafael Navarro- ENG

El Centro Nacional de Inmigración y la Unión Americana de Libertades Civiles—ACLU, junto a una coalición de organizaciones de derechos civiles pidieron este jueves 8 de junio a un tribunal federal bloquear la aplicación de la ley de Georgia contra los inmigrantes conocida como HB-87.

Dicen los demandantes que la ley, inspirada en la SB1070 de Arizona y programada para entrar en vigor el 1 de julio autoriza a la policía exigir “papeles” que demuestren el estado de ciudadanía o permiso de inmigración durante los encuentros de rutina con la policía, tipifica como delito que los georgianos interactúen con los individuos indocumentados y niega a las personas sin identificación específica el acceso servicios básicos de asistencia.

En una moción para solicitar una medida cautelar, los grupos argumentan que la legislación es discriminatoria e interfiere ilegalmente con el poder federal y la autoridad sobre asuntos de inmigración, en violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los EE.UU.

Así mismo autoriza las incautaciones no razonables y las detenciones, en violación de la Cuarta Enmienda; restringe el derecho constitucional de viajar libremente por todo los Estados Unidos, y viola la separación de poderes en los principios de la Constitución de Georgia.

“Por estas razones, la moción pide a la corte evitar que la ley entre en vigor en espera de una decisión definitiva sobre su constitucionalidad”.

“Este pedido de bloqueo, adopta todas las alegaciones de la demanda interpuesta el jueves pasado y le pide al juez que ponga fecha para un juicio de manera que puedan oír los argumentos de ambas partes…y decida si esta ley está en contra de la constitución….”, explicó el abogado Keegan Federal Jr, uno de los actores tanto en la demanda como en la moción.

Para la semana del 20 de junio habrá respuesta

Federal Jr, también anunció que los grupos demandantes le han pedido al juez que llevará la demanda que pusiera una fecha para el juicio preliminar, y éste les ha respondido que la semana del 20 de junio, se estará llevando a cabo.

“Esta es una acción paralela a la demanda, donde ya explicamos, porqué algunos de los artículos de la ley HB 87 son inconstitucionales, con esto lo que buscamos es que el primero de julio, si el primer reclamo no se ha resuelto, la ley no pueda comenzar a ser aplicada”, dijo el jurista.

En la primera demanda presentada la semana pasada ante la Corte Federal de Atlanta, se destacan cuatro puntos:

En primer lugar, la demanda advierte que la HB 87 es anticonstitucional debido a que interfiere ilegalmente con el poder y la autoridad federal en cuestiones de inmigración en contravención de la cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.

En segundo lugar dice que la ley autoriza y exige que se efectúen confiscaciones y arrestos no razonables que infringen la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Como tercer punto reclama que la HB 87, restringe el derecho constitucional de viajar con libertad por todos los Estados Unidos.

Y como cuarto argumento, contempla que la ley quebranta las cláusulas de Protección e Igual del debido Proceso, estipulado en la Constitución de los Estados Unidos al discriminar ilegalmente contra las personas con ciertos tipos de documentos de identidad.

Por qué piden que sea bloqueada

“A menos que esta ley esté bloqueada, los georgianos – nativos e inmigrantes por igual – sufrirán graves violaciones de sus derechos constitucionales, pueden ser objeto de discriminación racial o penalizados debido a sus interacciones con sus vecinos y familiares.

Estas personas no deberían estar sujetas a estos daños irreparables, simplemente porque es una ley inconstitucional”, dijo sobre el particular Linton Joaquín, consejero general del Centro Nacional Legal de Inmigración-NILC.

Para el abogado Omar Jadwat, de ACLU, la HB 87 socava los principios básicos de justicia, igualdad y libertad al penalizar actos tan elementales de la condición humana con la creación de un “muéstrame tus papeles”.

“Estamos seguros de que el tribunal reconocerá el peligro claro que la ley representa para los derechos civiles y libertades civiles de todos los georgianos y evitará que la ley entre en vigor”, dijo Jadwat.

Debbie Seagraves, directora ejecutiva de ACLU en Georgia, dijo que “Es imperativo que nuestros clientes que se dedican a obras de caridad sepan que pueden continuar su trabajo sin tener que enfrentar multas o penas de cárcel. Si esta ley entra en vigor, no pueden estar seguros de que no serán castigados por seguir sus actividades religiosos.”

Así mismo, Sin Yen Ling, abogado senior con el Asian Law Caucus expresó que: “Las comunidades asiáticas y latinas en Georgia se verán desproporcionadamente afectados si la HB 87 es permitida entrar en vigor el 1 de julio. El Tribunal debe otorgar la medida cautelar para evitar que Georgia incurra en perfiles raciales hacia las comunidades de inmigrantes.”

“Si se permite que entren en vigor, esta ley supondrá una amenaza para los derechos de los ciudadanos y no ciudadanos por igual, mediante el fomento de la discriminación racial. Se socavan nuestros valores americanos de justicia e igualdad.” añadió Mary Bauer, directora legal del Southern Poverty Law Center.

La propuesta de medida cautelar fue presentada este 8 de junio en el Tribunal Federal de Distrito para el Norte de Georgia, en nombre de organizaciones de derechos civiles, laborales, justicia social y organizaciones religiosas.

Entre tanto la demanda de la semana pasada fue interpuesta en contra Nathan Deal, gobernador del estado; Samuel S. Olens, procurador general del estado; Clyde L. Reese, III, comisionado del Departamento de Recursos Humanos de Georgia; Mike Beatty, comisionado del Departamento de Relaciones comunitarias del estado y Falecia Stewart, directora ejecutiva de la Autoridad de Vivienda del condado de Fulton.

Consultado por el diario Atlanta Journal Constitution, el procurador general Sam Olens dijo que iba a hacer todo lo posible por defender la ley, y por demostrar que la demanda carece de fundamentos.

“Creo que las reclamaciones de los demandantes no tienen ni fundamento. Defenderemos vigorosamente este juicio con todos los recursos de la oficina del Procurador General “, dijo Olens, citado por el diario.