No te dejes engañar por Trump, las Ciudades Santuario respetan la ley de inmigración

Por: David Leopold

La elección de Donald Trump ha reavivado el debate sobre las Ciudades Santuario para los DREAMers y otros inmigrantes indocumentados. Desde que anunció su candidatura en junio de 2015, el presidente electo ha despotricado contra las Ciudades Santuario y falsamente las ha retratado como perversas zonas de anarquía donde pululan delincuentes no ciudadanos. No le creas.

De hecho, las Ciudades y Comunidades Santuario o Seguras están enfocadas en lo que la aplicación de la ley local hace mejor, que es construir y mantener políticas efectivas mediante la confianza pública. Contrario a lo que afirma Trump, el enfoque de una Ciudad Segura a la aplicación de la ley migratoria es inteligente: “Nosotros mantendremos seguros a nuestros ciudadanos. Dejemos que las autoridades federales se hagan cargo de la aplicación de la ley de inmigración”.

Hagamos un análisis más detallado:

¿Qué es una Comunidad Santuario o Segura?

Para empezar, el término “Santuario” es sumamente engañoso. Las Ciudades Santuario no ofrecen y no pueden ofrecer refugio de la aplicación de la ley federal de inmigración. En lugar de ello, simplemente no destinan recursos locales para participar en ello. Es más apropiado llamarles “Comunidades Seguras” porque esas ciudades se enfocan en mantener seguros a sus ciudadanos y dejan la aplicación de la ley migratoria al gobierno federal. Recientemente, The Economist explicó:

No hay una definición legal específica para lo que constituye una jurisdicción tipo santuario, pero el término es ampliamente usado para referirse a ciudades estadounidenses, condados o estados que protegen a los inmigrantes indocumentados de la deportación al limitar la cooperación con las autoridades federales migratorias. Algunos declinan usar recursos fiscales de la ciudad o del estado para reforzar leyes inmigratorias federales.

Muchos prohíben a las autoridades locales el preguntar a la gente por su estatus migratorio. Las políticas Santuario pueden ser establecidas expresamente por ley o ejercidas de manera no oficial. Sus partidarios dicen que ayudan a asegurar que los inmigrantes indocumentados no eviten informar de delitos, no busquen cuidado médico ni se inscriban en escuelas por temor a la deportación.

En otras palabras, Comunidades Seguras son condados, ciudades y municipalidades que hacen lo que se supone deben hacer: reforzar la ley estatal y local. Los agentes de policía que son llamados a un hogar por una disputa doméstica protegen a la víctima; no preguntan sobre el estatus migratorio de la persona, ni exigen ver sus documentos como parte de su investigación. Esta política permite que quien ha sufrido abuso llame a la policía sin temor a ser deportado.

Al mismo tiempo, permite a la policía local centrarse en la seguridad comunitaria. Los detractores pueden argumentar que la víctima indocumentada no tiene derecho a estar en Estados Unidos y, además, la policía local debería reportarla con ICE. Pero la ley migratoria es complicada. La ausencia de documentos no significa que una persona no tenga derecho a estar en Estados Unidos.

El no ciudadano puede ser víctima de tráfico ilegal o ser elegible para recibir protección con base en las leyes migratorias, debido a que ha sufrido persecución o tortura. La policía local debería enfocarse en mantener seguras a las comunidades, no en el complicado mundo de la seguridad inmigratoria.

La razón es sencilla. Las Comunidades Seguras se centran correctamente en mantener la seguridad pública mediante políticas locales efectivas. Tom Manger, jefe de policía del condado de Montgomery y presidente de la Asociación de Jefes de Ciudades Principales, explicó en su testimonio ante el Comité Judicial del Senado:

Para hacer nuestro trabajo debemos contar con la confianza y el respeto de las comunidades a las que servimos. Fracasamos si la gente le tiene miedo a su policía y no sale cuando la necesitamos. Ya sea que busquemos detener depredadores de menores, narcotraficantes, violadores o ladrones, necesitamos la total cooperación de víctimas y testigos.

La cooperación no proviene de personas que ven a su policía como agentes de inmigración. Cuando los inmigrantes ven a su policía local y alguaciles con desconfianza por temor a la deportación, se crean las condiciones que fomentan que los delincuentes se aprovechen tanto de víctimas como de testigos por igual.

¿Puede ICE llevar a cabo operativos migratorios en una Comunidad Segura?
Sí. La decisión de una ciudad de no destinar dinero de los contribuyentes a seguridad migratoria no evita en modo alguno que ICE haga su trabajo. Los inmigrantes indocumentados no están protegidos de la deportación por virtud de una ley u ordenanza de un estado, condado o ciudad. Mientras respeten la ley, las autoridades federales son libres de realizar operativos migratorios en la ciudad o en un campus universitario, independientemente de si se consideran zonas de bienvenida a los inmigrantes.

¿Las Comunidades Seguras violan la ley?

No. Nada hay en los estatutos o normas de la ley federal de inmigración que requieran que la aplicación de la ley estatal y local colabore con los agentes de inmigración en perseguir a los no ciudadanos para su deportación.

Opositores a las comunidades seguras citan con frecuencia una sección de la ley de inmigración, la cual prohíbe a los gobiernos estatales y locales impedir a sus empleados dar a conocer información sobre su estatus migratorio a las autoridades federales. Sin embargo, como lo subrayó Lynn Tramonte, subdirectora de America’s Voice, en su amplio informe Deshaciendo el mito de las “Ciudades Santuario”:

En primer lugar, las leyes no atienden a políticas que prohíben a las autoridades estatales y locales de adquirir esa información, y éstas no requieren que las agencias pregunten el estatus migratorio de víctimas de delito, por ejemplo.

De hecho, el Congreso, al reconocer que no se requiere a los agentes de la policía local reforzar la ley migratoria, incluyó una cláusula en la ley que permite a las autoridades locales trabajar voluntariamente con las federales con base en un memorándum de entendimiento.

Pero incluso esos acuerdos — comúnmente conocidos como 287g — han recibido duras críticas por falta de “supervisión federal, desviando recursos de investigaciones de delitos locales”, y resultando en discriminación por perfil racial, especialmente de residentes latinos. Estudios han demostrado que incluso la aplicación de la ley migratoria local con base en los acuerdos 287g ha amenazado la seguridad comunitaria y dañado las políticas locales.

Comunidades seguras y universidades durante la presidencia de Trump

Con la elección de Donald Trump, sitios seguros, ya sean ciudades, instituciones religiosas o universidades, se han convertido en temas candentes. El presidente electo ha amenazado con retener fondos federales de ciudades que elijan no participar en la aplicación de la ley federal de inmigración.
El acoso de Trump se topa con el desafío.

En Nueva York, el alcalde De Blasio declaró: “No vamos a sacrificar a medio millón de personas que viven entre nosotros, que son parte de nuestra comunidad… No vamos a separar familias”. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, utilizó un tono similar de resistencia. Le recordó a Trump, mediante una portavoz, que Los Ángeles respetará la ley y protegerá a sus residentes, incluyendo a los inmigrantes indocumentados:

Cumplimos con las agencias federales de inmigración, pero insistimos en que las peticiones para detener sean manejadas constitucionalmente… Es la sincera esperanza del alcalde Garcetti que ningún presidente viole esos principios, la base misma de nuestra nación, al realizar acciones punitivas en ciudades que simplemente protegen el bienestar de sus residentes.
A Nueva York y Los Ángeles se les han sumado unas de 24 ciudades alrededor del país, incluyendo Chicago, Baltimore, Seattle, Newark, NJ; y Providence, RI, todas las cuales han prometido mantener su estatus de bienvenida ante las amenazas de Trump.

Las universidades también se están uniendo para proteger a los estudiantes indocumentados, especialmente a quienes están amenazados con la eliminación de DACA, la suspensión de deportación temporal otorgada por el presidente Obama en 2012. Más de 100 presidentes de escuelas superiores y universidades, entre ellos los rectores de Harvard, MIT, Tufts, Boston University, Northeastern, así como los colegios Smith, Mount Holyoke y Amherst, firmaron un comunicado llamando a Estados Unidos a mantener el programa.

Muchas escuelas superiores y universidades también se han declarado a sí mismas como zonas de seguridad para sus estudiantes indocumentados. La presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, ex secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, prometió la semana pasada proteger a los estudiantes universitarios indocumentados en California, al declarar: “Estas son personas a las que quieres que se queden en el país”.

Como ocurre con las ciudades, hay poco que las escuelas pueden hacer para prevenir operativos migratorios en sus campus. Pero la ley no exige a las escuelas superiores y universidades a colaborar con los operativos de detención y deportación de ICE.

La protección de los derechos de los inmigrantes depende de todos nosotros.

Donald Trump realizó la campaña presidencial más antiinmigrante en la historia, llamando a una deportación masiva de 11 millones de estadounidenses indocumentados y a la cancelación de DACA, la suspensión temporal de deportación otorgada a los DREAMers. El 20 de enero dará inicio lo que puede ser el gobierno más despiadadamente xenófobo de la actualidad. Durante los próximos cuatro años la protección de los derechos de los inmigrantes dependerá de las comunidades, vecindarios, familias e individuos.

Corresponderá a nosotros defender personalmente los derechos de todos los estadounidenses, tanto documentados o indocumentados.