Tomarán acciones legales
La Unión Americana de Libertades Civiles—ACLU-, por sus siglas en inglés, capítulo de Georgia está amenazando con emprender acciones legales contra dos sheriffs, un departamento de policía y un congresista, a quienes les piden que dejen de censurar a sus críticos que publican sus opiniones en las páginas oficiales de Facebook del gobierno.
“Nuestra democracia prospera cuando la gente puede criticar libremente a los funcionarios electos”, comienza la carta que la ACLU de Georgia envió a la Oficina del Sheriff del Condado de Habersham, la Oficina del Sheriff del Condado de Worth, el Departamento de Policía del Condado de Henry y el representante Drew Ferguson.
En julio de 2017, un Tribunal del Distrito Federal en Virginia falló contra un político por censurar los comentarios de sus críticos en Facebook.
“El Tribunal no puede tratar una violación de la Primera Enmienda en este vital foro en desarrollo de forma diferente a como lo haría en cualquier otro lugar”. Ese mismo mes, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una decisión que involucraba al estado de Carolina del Norte en la que la corte suprema del país escribió que las redes sociales son el “lugar más importante” para el “intercambio de opiniones” en Internet.
La ACLU de Maryland y la ACLU de Maine están demandando a sus respectivos gobernadores por censurar a sus críticos en las páginas de Facebook del gobierno. La ACLU de Pennsylvania está pidiendo a un concejal de la ciudad de Pittsburg que deje de eliminar los comentarios de los críticos.
El congresista de Arizona Paul Gosar está siendo demandado por censurar a uno de sus críticos. El gobernador de California Jerry Brown publicó documentos en septiembre que “muestran que bloqueó alrededor de 1,500 personas en Facebook, y varios cientos en Twitter”, pero que la oficina ya no bloquea a nadie en sus cuentas de redes sociales.
“Los políticos deben ponerse al día con el siglo XXI y seguir con sus programas”, declaró Sean J. Young, Director Legal de la ACLU de Georgia.
“Exigimos que estos funcionarios públicos restauren los privilegios de publicación de cada una de las personas que las oficinas bloquearon indebidamente…”, afirma.