Deploran colaboración del sheriff del condado de Clarke con inmigración
Los Representantes Estatales Deborah González (D-Athens) y Jonathan Wallace (D-Watkinsville)
El Nuevo Georgia News
Los Representantes Estatales Deborah González (D-Athens) y Jonathan Wallace (D-Watkinsville), deploraron los recientes cambios de política realizados por la Oficina del Sheriff del Condado de Clarke, por medio de la cual los indocumentados serán entregados a inmigración.
“Como representantes electos de la comunidad Athens-Clarke County, estamos preocupados por un cambio de política reciente realizado por la Oficina del Sheriff del Condado de Clarke con respecto a entregar inmigrantes indocumentados al servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta nueva política es especialmente preocupante dadas las preguntas que rodean la legalidad de algunas operaciones de ICE por parte de la Administración Trump y el hecho de que no hay un motivo convincente para un cambio en la política local en este momento”, dijeron los legisladores.
En qué consiste la nueva política
La nueva política establece que si un individuo es arrestado, la persona será retenida por no más de 48 horas después de obtener su orden de liberación. Durante ese tiempo, los funcionarios de ICE pueden entrar y llevarse a la persona bajo custodia.
“La policía comunitaria tiene éxito en hacer que las comunidades sean más seguras porque trata a las personas como socios en lugar de adversarios, aumenta la cooperación con las fuerzas del orden público y aborda los problemas subyacentes que afectan el delito”, dicen los legisladores.
“Le pedimos al sheriff que respete los deseos de nuestros constituyentes mutuos y regrese a un enfoque de policía comunitaria que prioriza la seguridad pública local. Si las agencias locales continúan cumpliendo con ICE, podríamos poner en peligro los derechos constitucionales de las personas, dividir nuestras comunidades y aumentar los costos para los contribuyentes”
Dicen los legisladores que no ven ninguna razón apremiante o urgente para que el Departamento de Policía del Condado Athens-Clarke o la Oficina del Sheriff del Condado de Clarke para que participen de manera proactiva en el desempeño de los deberes y responsabilidades de una agencia federal.
“…le pido al Sheriff que reconsidere su postura. Continuar con este cambio de política conlleva riesgo para Athens-Clarke County porque no solo se podría demandar al condado por violar los derechos constitucionales de los residentes al detenerlos sin una orden, sino que retener a las personas más tiempo de lo necesario es una carga costosa para nuestra cárcel”, dijo la representante Deborah González.
Niños migrantes no tienen derecho a abogados pagado por el gobierno
Esta semana un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, dictaminó que inmigrantes menores de edad que están ilegalmente en el país no tienen derecho a abogados pagados por el gobierno federal en sus audiencias en la Corte de Inmigración.
“El fallo fue unánime, confirmando la decisión de un juez de inmigración de negarle asilo a un menor, identificado en documentos como C.J.L.G., quien dice haber huido de Honduras junto a su madre cuando tenía 13 años tras ser amenazado por pandillas a punta de pistola”, según escribió en su blog el abogado Nelson Castillo.
En su decisión, los jueces dijeron entender que “C.J. probablemente será devuelto a un país en crisis” y se solidarizaban con su situación personal, pero que “la ley no respalda su alivio solicitado”.
C.J. y su madre María llegaron a Estados Unidos en junio del 2014 y fueron detenidos a los cuatro días de entrar al país. Las autoridades los dejaron en libertad con notificaciones de presentarse en la Corte de Inmigración.
Durante las audiencias, la madre dijo que no tenía dinero para un abogado y que no encontró ayuda legal gratuita. Finalmente, ella llenó una solicitud de asilo para su hijo por su cuenta en base a las amenazas de las maras en Honduras.
Tras varias audiencias en el transcurso de tres años, el juez de inmigración determinó que el menor no cumplía con los requisitos para asilo y era deportable.
C.J. primero apeló el caso a la Junta de Apelaciones de Inmigración y luego a la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito. Ambas cortes rechazaron sus apelaciones.
Ayuda que llegó tarde
Varias organizaciones sin fines de lucro y abogados privados, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), representaron a C.J. en su apelación en la Corte de Federal de Apelaciones.
Los abogados de C.J. argumentaron varias razones por la cual la decisión del juez de inmigración estaba incorrecta, incluyendo que el juez de inmigración le tendría que haberle dicho al menor que podría ser elegible para el estatus de inmigrante especial juvenil (SIJS, siglás en inglés) y no lo hizo.
Pero la Corte Federal de Apelaciones sostuvo que el juez de inmigración no tenía obligación de informarle al menor sobre su “aparente elegibilidad” al estatus de inmigrante especial juvenil, porque en el momento de su procedimiento de deportación, C.J. no tenía una orden judicial estatal que podría haberlo hecho aparentemente elegible para SIJS.
En junio del 2016, la ACLU y varias otras organizaciones presentaron una demanda colectiva para tratar de obtener abogados pagados por el gobierno para representar a menores inmigrantes en la Corte de Inmigración. La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la demanda en septiembre del 2016.
