Negarían ciudadanía a residentes legales

La advertencia de publicar en el Registro Federal un nuevo reglamento sobre el concepto de ‘carga pública’ para que el público opine en un lapso de 60 días, generó expectativa entre los solicitantes de visas y residentes que esperan cumplir con los requisitos para pedir la ciudadanía.

La nueva regla, recomienda cambios que alterarán la forma en que los funcionarios del servicio de inmigración “seleccionan” a los solicitantes de cualquier tipo de beneficio migratorio y determinan su inadmisibilidad debido al riesgo que puedan convertirse en una carga pública para el gobierno.

En lugar de centrarse en los ingresos del patrocinador solicitante, como lo indica la declaración jurada de apoyo vigente, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) “se centrará en el solicitante y cualquier miembro de la familia dependiente”

“Va a ser una de las consideraciones que el presidente dio en sus órdenes a ICE, y es considerar si una persona o una familia pidió ayuda al gobierno federal, sin tener derecho a ella”, sin embargo, muchas veces estas ayudas fueron reclamadas para menores nacidos en Estados Unidos.

“Siempre existía la ley de que, si una persona es una carga para el gobierno, se estudiaba la posibilidad de que se le negara la residencia permanente, obviamente la familia si está indocumentada no tiene derecho a recibir esa ayuda…”, dijo el abogado George Handelsman, hablando para El Nuevo Georgia.

“Siempre existía la ley de que, si una persona es una carga para el gobierno, se estudiaba la posibilidad de que se le negara la residencia permanente, obviamente la familia si está indocumentada no tiene derecho a recibir esa ayuda…”, advirtió el jurista.

Sería más agresivo

Los abogados han pedido calma porque la advertencia apenas está en el proceso de recibir comentarios públicos y debido a su longitud de 447 páginas, tomará algún tiempo analizar el impacto de la regla propuesta.

Por ley, debe haber un período de 60 días a partir de la fecha de publicación para que el público opine, y luego el gobierno debe tomarse un tiempo para revisar los comentarios y adaptarlos al reglamento antes de publicar la regla final.

Citando un informe del Migration Policy Institute (MPI), que analiza una versión anterior más amplia del borrador del reglamento, el profesor de la Universidad de Yale estimó que la proporción de no ciudadanos que podrían enfrentar una determinación de ‘carga pública’ “basada en el uso de beneficios, aumentaría más de 15 veces, es decir del 3% según la política actual a 47% por ciento.