Quieren a la “migra” fuera de Gwinnett

Por: Rafael Navarro-ENG

Una masiva campaña a la que, en las últimas horas, antes del cierre de esta edición se unió la representante estatal Brenda López, busca que la oficina del sheriff del condado de Gwinnett no renueve el contrato con el Departamento de Seguridad Interior, que le da fondos para la aplicación del programa 287 (g), para colaborar como inmigración y poner en proceso de deportación a inmigrantes indocumentados.

“Nuestra campaña está compuesta de diferentes partes, incluyendo la abogacía con la junta de comisionados y directamente con la oficina del alguacil quien tomará la decisión final sobre el programa 287 (g)”, dijo Aisha Yaqoob, de la organización Asiáticos Americanos por el Avance de la Justicia de Atlanta, hablando para Univisión 34 Atlanta, nuestra socia editorial.

“También buscamos involucrar a diferentes partes del condado, ya sea a las personas en las escuelas, comunidades religiosas los negocios y otras organizaciones no solo las que se enfocan en los inmigrantes,”, expresó Yaqoob.

¿Qué es el programa 287 (g)?

“El programa 287(g), una de las principales iniciativas de colaboración de ICE, le permite a una entidad de orden público estatal o local entrar en colaboración con ICE mediante un Memorando de Entendimiento (MOA, por sus siglas en inglés). Este MOA delega autoridad a la entidad estatal o local para aplicar leyes de inmigración dentro de sus jurisdicciones”, dice en su sitio web, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos– ICE, por sus siglas en inglés.

En Gwinnett este acuerdo fue firmado en 2009 y comenzó a funcionar en el 2010, ocasionando desde entonces una desbandada de arrestos por cuestiones tan simples, como no hacer un pare indicado en una calle, exceder el límite de velocidad o llevar el bombillo de la placa fundido, y a partir de ahí se han generado transferencias a inmigración y deportaciones de miles de inmigrantes durante este tiempo.

Cada año el programa debe renovarse en el mes de junio, y para hacerlo la oficina del sheriff Buth Conway dijo que ya estaba preparada, pero los activistas le han salido temprano al paso esta vez.

“Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que la Junta de Comisionados tomen una posición en contra de este programa”, advirtió Yaqoob, en referencia a que, el sheriff debe pedir la autorización a los comisionados y ellos son quienes finalmente aprueban la solicitud.

¿Por qué se vuelve peligroso el programa?

Para abogados y activistas, el problema está en que, los agentes locales comprueban los documentos, acceden a bases de datos para ver si una persona detenida es un indocumentado y si lo es, mantienen su arresto por razones migratorias. 

Esas funciones las desarrollan en las cárceles. “En otras palabras, pueden iniciar los procesos de deportación”

Eso ha dado pie para que mal contados, unos 402,000 inmigrantes “deportables” hayan sido detenidos de esta manera en la última década, según los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional.

En la actualidad hay un promedio de 80 agencias locales en 20 estados que aplican el 287(g), en Georgia en junio pasado seis condados firmaron los acuerdos con ICE además de la Patrulla Estatal.

Solo en 2017 el condado de Gwinnett tuvo más detenciones debido al 287 (g) que cualquier otra jurisdicción en todo el país, lo que representó el 20% de todas las deportaciones que resultaron del programa. 

ICE deportó a casi 6,000 extranjeros ilegales ese mismo año, a través del programa, con 653 de esas deportaciones solo del Condado de Gwinnett.

No más 287 (g) pide representante Brenda López

Esta semana la representante estatal por el distrito 99 de Gwinnett, Brenda López envió una carta a la junta de comisionados del condado para que no aprueben la extensión del programa 287 (g).

“Les escribo a los Honorables, además de mi lente como funcionario electo, como una abogada de inmigración y defensora de la comunidad con más de una década trabajando en el condado de Gwinnett”, dice la carta.

“Después de que expire el acuerdo 287 (g) el 30 de junio de 2019, insto y respetuosamente solicito a nuestra Junta de Comisionados que revise el Memorándum de Entendimiento (MOU), y de facto este programa asociado”

Citando a Estudios del Instituto de Políticas de Migración dice que Gwinnett tiene una población inmigrante no autorizada relativamente pequeña, que ocupa el puesto 28 entre todos los condados; sin embargo, ocupa el quinto lugar en el número de detenciones emitidas por ICE.

López recuerda además que, “Los informes muestran que aproximadamente el 60% de los encarcelados son por infracciones menores de conducción, especialmente conducir sin licencia.”

“Claramente, no podemos equiparar las infracciones de tránsito con los delitos. Cuando hablamos de actividad delictiva, no debemos vincularla con las infracciones de tránsito, ya que se relaciona con nuestra población no autorizada, y es un perjuicio para el uso de nuestra valiosa aplicación de la ley”.

También dice que el 287 (g) no sirve para brindar seguridad pública a los residentes de Gwinnett, porque genera desconfianza entre los individuos y las autoridades y lo cataloga como fiscalmente irresponsable. 

Citó una investigación del Instituto de Políticas y Presupuestos de Georgia según la cual el “costo para los gobiernos locales de Georgia [fue de] un estimado de $ 88 millones durante la última década, o aproximadamente $ 9 millones al año en todo el estado en promedio, para implementar el programa. 

“Los documentos presupuestarios del condado de Gwinnett muestran que el programa 287 (g) ha costado a los contribuyentes locales un mínimo de $ 9.8 millones durante ocho años desde su inicio en 2009 hasta 2016, un promedio de $ 1.2 millones al año”.