Un país de leyes, no es un necesariamente un país de justicia

“Estados Unidos es un país de leyes”, es la frase de cajón de la que se agarra cualquiera que desee justificar una injusticia contra la humanidad tapándola con el velo de la ley, y tienen razón quienes afirman que este es un país de leyes, hay para todos en todas las circunstancias, de ahí a que se apliquen con justicia la cosa cambia.

La ley HB 56 de Alabama, como lo es la HB-87 de Georgia o la SB-1070 de Arizona, vienen cortadas por la misma tijera y traen la misma intención: crear ese terrorismo desde las propias instancias del gobierno a las que la misma ley les ha otorgado la potestad de proteger a todos los que residan en su territorio.

El terror que se evidencia en Alabama ya no viene solo de los racistas y de aquella caterva enceguecida de supremacistas para los que, toda la solución del mal manejo económico del país se resume en regresar a mas de 11 millones de indocumentados a sus casas, incluyendo sus hijos nacidos en América, ahora ese terror viene de las Cortes.

Entre tantas funciones, las Cortes tienen como tarea proteger el cumplimiento de las leyes, y vigilar porque en su aplicación haya equidad y no excesos, pues bien, esa premisa ha quedado pulverizada con la decisión de la juez, Sharon Blackburn de Alabama, para la que, una pieza legislativa que viola su propia constitución, no solo es viable de aplicar, sino de ser copiada.

Así las cosas, el golpe que la jurista asestó no solo lo dio en contra de la amenaza terrible y devastadora de la inmigración “ilegal”, sino de sus propios principios, de su propio gobierno, de sus propios fundamentos éticos y a costa de lo que fuera, con tal de generar terror por encima de cualquier otro interés.

El precedente de Alabama va mucho más allá de un error histórico, es un desafío a una administración como la del presidente Obama a la que ya nadie respeta; a la que todos retan y se pasan por la faja y sobre la que pudieran estarse escribiendo capítulos más negros en la medida en que se avanza hacia su término en el 2012.

Si bien es cierto que las políticas migratorias son competencia del gobierno federal y que la educación hasta la secundaria es gratuita y obligatoria para todos los niños que vivan en el país, sin distinguir su estatus migratorio, porque la constitución no lo señala, no es menos cierto que permitirle a una ley caprichosa sacarlos del sistema educativo, está por encima de todo orgullo, de toda prepotencia, de toda maldad y de todo sentido común.

La lectura que todo esto nos deja, es que, hay personas, incluso aquellas que deben estar vigilantes de la impartición de la justicia, a las que les importa un rábano la misma justicia y se van por el camino de la ley, así ésta sea una afrenta para ellos mismos y un daño irreparable para su propia nación, con muchas más connotaciones negativas que el “mal”, que dicen estar combatiendo.

Negarle la educación a los niños que tarde o temprano van a hacer parte de la mano de obra laboral de esta nación, pueda que sea un acto “legal”, pero no deja de ser un acto vergonzoso en una nación como ésta, donde el capital humano ha sido fundamental para su desarrollo.

Confundir la justicia con las leyes, y éstas con las leguleyadas, es lo que la juez Sharon Blackburn ha demostrado, en un acto más de desprecio por la misma ley en sí, y de insurgencia hacia su propio gobierno al que le debe lealtad, si es que al menos que tampoco le merece respeto.