“Deportables” de Georgia sin representación legal

Un nuevo informe de informe de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización de investigación no partidista de la Universidad de Syracuse, advierte que los inmigrantes que enfrentan la deportación tienen menos probabilidades de tener acceso a un abogado en Georgia que en casi todos los demás estados.

El informe revelado por el diario local AJC, advierte que, según los datos de la corte de inmigración compilados por TRAC, había más de 40,400 casos de deportación pendientes en Georgia a fines de mayo de 2021, pero solo alrededor de 15,500 de ellos tenían representación legal. 

Eso significa que las probabilidades de estar representado en casos de deportación de alto riesgo son de alrededor del 39%. 

Solo otros cuatro estados registraron tasas de representación más bajas, con tres de ellos, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Alabama, también en el sureste. 

Ninguno de los estados con tasas de representación más bajas que Georgia tiene una mayor acumulación de casos de deportación: el estado Peach ocupa el octavo lugar a nivel nacional en cuanto al total de casos de deportación pendientes.

Las escasas probabilidades de representación de los inmigrantes de Georgia se deben, en parte, al uso más generalizado de la detención de inmigrantes por parte del estado. 

Según un informe de 2016 del Consejo Estadounidense de Inmigración, los inmigrantes detenidos eran los que tenían menos probabilidades de obtener un abogado, con una tasa de representación de solo el 14% (en comparación con alrededor del 65% de los inmigrantes no detenidos). 

Al 22 de julio, Georgia albergaba la cuarta población más grande de detenidos por ICE en el país, según los datos.

¿Qué factores influyen?

“Son varios factores desde mi punto de vista”, dice el abogado Aaron Ortiz de la firma Taylor Lee y Asociados ubicada en Norcross.

“Uno es la calidad del juicio de asilo que esta enfrentando la persona, lamentablemente muchas de las personas que están pidiendo asilo en estos momentos son personas de México y centro América cuyo nivel de educación no es alto y creen más en lo que les dicen otras personas que acudir a un abogado”, señala Ortiz.

“El segundo es el tema económico, porque los juicios no son baratos, y eso me lleva al tercer factor, es que muchas veces en algunas oficinas de abogados, no quieren tomar esos casos de asilo porque saben que son juicios perdidos”

Ortiz dice que, si el nivel de concesión de asilos ganados es del 4% a nivel nacional, por ejemplo, en Georgia es menos del 1% y eso no es nuevo.

“Las cortes de inmigración en Georgia son extremadamente conservadoras y en algunos casos hasta medio racistas los jueces, y eso da lugar a que no sean los procesos de asilo más amigables para el inmigrante que lo está buscando”.

La geografía también es un factor, dice el informe, ya que, de los tres tribunales de inmigración del estado, dos están en Atlanta, pero el tercero está dentro de las instalaciones del Centro de Detención Stewart, ubicado en la remota y pequeña ciudad de Lumpkin, donde los inmigrantes detenidos superan en número a los residentes.

Los defensores dicen que la ubicación de la corte Stewart, a más de 100 millas al sur de Atlanta, históricamente ha disuadido a los abogados de tomar casos allí. 

Según el informe del Consejo Estadounidense de Inmigración, solo el 6% de los detenidos en Stewart tuvo acceso a un abogado en el período de 2007 a 2012, los últimos datos disponibles. Eso es menos de la mitad de la tasa nacional de inmigrantes detenidos. 

Ayuda gratuita

“Las tasas de representación en Georgia son bajas en parte porque no hay suficientes servicios pro-bono en el estado para satisfacer la demanda existente’”, dijo citado por el AJC, Matt Boles, que vive a tiempo completo en Lumpkin. 

Boles es abogado de la Iniciativa de Libertad de Inmigrantes del Sureste (SIFI) del Southern Poverty Law Center, un programa iniciado en 2017 para brindar representación legal gratuita a los inmigrantes en el sur profundo.

Ortiz, abogado en Norcross, está de acuerdo con este punto, ya que, tanto la distancia geográfica como los altos costos de los procesos, hace que muy pocos inmigrantes detenidos, tengan acceso a un proceso gratis.

Así, en ausencia de representación pro-bono, muchos inmigrantes y sus familias luchan por reunir los fondos necesarios para contratar un abogado privado. Esa barrera de costos aumentó durante el transcurso de la pandemia de COVID-19 y la recesión que desencadenó, que afectó de manera desproporcionada el estado laboral de los trabajadores inmigrantes.

Todo lo anterior se agrava porque, a diferencia de los acusados ​​de delitos, los inmigrantes no tienen derecho a un abogado designado por el gobierno si no pueden pagar una representación privada.

“Sin embargo, hay personas que todavía creen que el gobierno debe asignarles un abogado y eso legalmente no es así”, señala Ortiz.

La diferencia

Según un informe de 2018 del Vera Institute of Justice, un grupo de expertos no partidista, solo el 5% de los casos de inmigración que terminaron con la victoria entre 2007 y 2012 lo hicieron sin un abogado, mientras que el 95% de los casos exitosos estuvieron representados.

En la corte de Stewart, las tasas de representación que se encuentran entre las más bajas del país ayudan a generar tasas de deportación que se encuentran entre las más altas. En el año fiscal 2015, menos del 2% de los inmigrantes ganaron sus casos, según datos del Departamento de Justicia.

Y aunque asegurar la representación no siempre se traduce en éxito en los tribunales, también existen beneficios para la salud mental que vienen con la asociación con un abogado, según dicen los defensores de los inmigrantes, pero eso tampoco es común en el estado de Georgia.