Gobierno busca proteger DACA

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) un nuevo reglamento del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aprobado en 2012 por medio de una acción ejecutiva presidencial.

La nueva versión, de 205 páginas, tiene como objetivo responder a un reciente fallo judicial de una corte federal que advierte un riesgo para unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de los 16 años y se les conoce como dreamers, quienes están amparados temporalmente de la deportación.

El gobierno “continúa tomando medidas para proteger a los dreamers y reconocer sus contribuciones al país”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del DHS. “Este aviso de propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo”.

“Sin embargo, solo el Congreso puede brindar protección permanente. Apoyo la inclusión de la reforma migratoria en el proyecto de ley de reconciliación e instó al Congreso a actuar rápidamente para brindarles a los dreamers el estatus legal que necesitan y merecen”, indicó.

Fallo judicial

El pasado 16 de julio un juez de Texas ordenó al DHS suspender el otorgamiento de nuevos permisos dentro del programa. El juez Andrew Hanen escribió el el dictamen que DACA es “ilegal” y, por tanto, el gobierno debe abstenerse de emitir nuevos permisos para las personas que califican para el plan creado bajo el gobierno de Barack Obama.

“En la sentencia preliminar, el juez Hanen dijo que el DHS violó el Acta de Procedimiento Administrativo (APA) con la creación del programa y su continuidad”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

Señaló que el DHS puede seguir aceptando solicitudes de renovación, pero prohíbe nuevas solicitudes, decisión que afectará a miles de jóvenes indocumentados que califican para el programa y no se habían registrado”, agregó. 

DACA fue demandado en 2018 por los estados de Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Texas y West Virginia. Alegan que el ejecutivo violó el procedimiento administrativo (APA). Además, señalan que el programa usa recursos estatales para la educación y la salud, y viola la ley federal.

El plan

Con la publicación de un nuevo reglamento el gobierno trata de quitarle peso al principal argumento republicano para demandar la legalidad de DACA.

La aparente violación a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), alegada por los demandantes y señalada por Hanen, se refiere a que cuando el programa fue activado en 2012, no cumplió con las publicaciones debidas del reglamento en el Registro federal y tampoco tomó en cuenta el comentario del público en la regla final.