Exótico plan de reforma migratoria, presentan dos congresistas latinas

La representante federal Verónica Escobar está intentando hacer algo que no se ha hecho en décadas: patrocinar una legislación de reforma migratoria bipartidista a través de un Congreso amargamente dividido.

Escobar, demócrata de El Paso, se unió a la representante federal María Elvira Salazar, republicana de Florida, el martes para presentar la Ley de Dignidad de 2023, que otorgaría protección legal a millones de personas que actualmente viven en Estados Unidos sin documentos; expandir las agencias de control fronterizo y perfeccionar su misión; y revisar el proceso de asilo.

“En mi opinión, el statu quo es inaceptable. Es absolutamente inaceptable y la inacción del Congreso está empeorando las cosas día a día y creo que nadie lo sabe mejor que El Paso”, dijo Escobar en una entrevista telefónica con El Paso Matters.

En un comunicado, Salazar dijo: “Nuestro sistema de inmigración fallido está frustrando a los estadounidenses, haciendo que la gente sufra y fracturando a nuestro país, económica, moral, social y políticamente. Hace mucho tiempo que se necesita una solución”.

Dijo que su proyecto de ley “da dignidad a los agentes fronterizos que necesitan apoyo, a los creadores de empleos que necesitan empleados, al pueblo estadounidense que necesita fronteras seguras y a aquellos que actualmente viven en las sombras”.

El proyecto de reforma Salazar-Escobar

El proyecto, de unas 500 páginas y presentado a través de redes sociales el martes, se enfoca no solo en modernizar la ley de inmigración, que a juicio de ambos partidos y de la Casa Blanca se encuentra rota, sino que se basa en un fuerte componente de seguridad nacional.

El plan, denominado “Ley Dignidad 2023”, fue presentado por Salazar la primera vez en marzo de 2021 y luego una versión mejorada en febrero del año pasado. En ambas ocasiones no consiguió avanzar en el pleno por falta de apoyo de ambos partidos.

El proyecto de 2022 exigía una permanencia de al menos 10 años en el camino de redención antes de calificar para la ciudadanía.

Otros detalles de la vía de “redención”

En la nueva propuesta, los indocumentados tendrían que pagar $5,000 en restitución durante un período de siete años y un impuesto sobre la nómina del 1.5%. El plan especifica que los candidatos no serían elegibles para recibir ningún tipo o clase de beneficios federales.

El plan exige además que el camino de regularización o vía de ‘redención’ sólo aplicará a los inmigrantes indocumentados que llegaron y permanecen de manera ininterrumpida en Estados Unidos desde al menos cinco años antes de que el proyecto se convierta en ley. Esta fecha se conoce como ‘fecha de registro’.

El proyecto añade que después de los siete años de espera, quienes hayan atravesado el camino de la ‘redención o dignidad’, como lo establece la iniciativa, calificarían para iniciar el proceso de búsqueda de la ciudadanía por naturalización a través del formulario N-400.

Salazar dijo durante la rueda de prensa que los candidatos elegibles “se tendrán que agregar a la fila” de casos en espera de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Fondos para la frontera

El proyecto Salazar-Escobar también propone la designación de un presupuesto de $25,000 millones para aumentar la cantidad de personal de seguridad en las fronteras, así como el uso de tecnología y otras partidas para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), bajo cuyo mando opera la Patrulla Fronteriza (Border Patrol).

La iniciativa también busca la cancelación de la política del ‘catch and release’ y, en cambio, recomienda el establecimiento de lo que denominaron como “campus humanitarios” a lo largo de la frontera, donde los indocumentados cuyos casos sean referidos a la Corte de Inmigración (EOIR), podrían permanecer hasta por un tiempo de 60 días mientras las autoridades de inmigración evalúan sus solicitudes”.

Salazar y Escobar dijeron que tales centros mantendrían unidas a las familias y aliviarían la carga de los agentes de la Patrulla Fronteriza al permitir que organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos u otros brinden asistencia.

Centros migratorios regionales

El plan incluye también el establecimiento de centros de procesamiento que estarían ubicados en México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe para que los migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos. En estos lugares, los inmigrantes recibirán información respecto a programas o beneficios migratorios disponibles, tales como el asilo.

La idea es similar a un proyecto anunciado a finales de abril por el gobierno de Biden, que consiste en la creación de centros regionales en respuesta a una estrategia que reemplazó el levantamiento del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) a partir de la medianoche del 11 de mayo.

El plan de Biden fue lanzado junto con una serie de nuevas restricciones a la política de asilo, entre ellas, ingresar al país previo a la autorización de un patrocinador por parte del DHS, por medio de una petición familiar I-130 aprobada o una citación a través de la aplicación CBP One, tiene como objetivo reducir la inmigración indocumentada en la frontera con México y favorecer los canales de inmigración legal.

El proyecto de Ley Dignidad 2023 incluye provisiones para el combate al tráfico de personas y expandir los programas de visas tipo H-2A y H-2B, para no profesionales agrícolas y trabajadores estacionales de la industria hotelera y restaurantes, entre otros.