Otra etapa cuesta arriba para los migrantes, las minorías y la democracia

Por: Maribel Hastings

Podemos concluir sin temor a equivocarnos que hoy soplan vientos huracanados en Estados Unidos para los inmigrantes y las minorías. De hecho, a meses de intensificarse otra jornada electoral por la presidencia, los retos que enfrentamos como sociedad y como democracia son enormes.

Nada nuevo en la historia del país, por supuesto, pero ante la actual andanada de ataques y ninguneos, de retórica antiinmigrante intensificada y del incremento de voces que reivindican postulados supremacistas, el panorama se torna cuando menos perturbador y siniestro, en un siglo en que supuestamente ya no debería haber retrocesos históricos.

En este pasado fin de semana feriado en que se celebraron 247 años de la Independencia de Estados Unidos, todavía en algunos rincones del país se aplican leyes que buscan criminalizar a quienes luzcan diferentes o no tengan sus documentos en regla, como es el caso de Florida, donde se implementó la ley antiinmigrante SB 1718 el sábado 1 de julio.

Pero no se queda ahí.

Una Corte Suprema conservadora emitió una serie de preocupantes fallos durante los días previos a su receso, incluyendo la eliminación de la Acción Afirmativa en el proceso de aceptación en las universidades, como si en el mundo real la discriminación no existiera y todos tuvieran las mismas oportunidades, sin importar el color de su piel o su origen nacional. Si los precedentes de estados como California o Michigan son indicativos de algo, es probable que las universidades se hagan más blancas y asiáticas con menos hispanos y afroamericanos.

Eso conlleva una doble intención. Por un lado, hacer creer a la gente que el mérito es más importante que las oportunidades para quienes no las han tenido nunca porque han sido excluidos sistemáticamente en un país donde ha imperado la segregación; y por otro, a desatar nuevamente la absurda competencia entre grupos étnicos para determinar quién es “mejor”, en una especie de neobalcanización que a nadie conviene.

Hubo también una decisión que mina los derechos de la comunidad LGBTTQ+ al fallar a favor de una mujer evangélica que diseña portales para bodas determinando que dadas sus convicciones religiosas, ella puede negarse a prestar servicios a parejas del mismo sexo, aunque los pormenores del caso son un tanto confusos, según reportó la Prensa Asociada.

El máximo tribunal también canceló el plan del presidente Joe Biden de condonar 430 mil millones de dólares en préstamos estudiantiles argumentando que le corresponde al Congreso legislar sobre un plan de tan amplio alcance.

Todo eso aunado a dos fallos del año pasado que ampliaron los derechos de quienes poseen armas y revocaron la ley Roe v Wade que garantizaba el derecho al aborto. Y los fallos que se esperan en el otoño.

En todas estas decisiones se ve la influencia del expresidente Donald Trump y sus tres nombramientos de jueces conservadores al Supremo: Neil Gorsuch, Brett Kavannaugh y Amy Coney Barrett.

Es evidente que Trump apostó al futuro inmediato y que ahora recoge sus frutos políticos, frente a una base que no lo ha abandonado y que estaría dispuesta a hacer lo que el exmandatario ordene en un caso determinado, como ya lo probó con el ataque al Capitolio federal el 6 de enero de 2021.

Y no es que Trump tenga convicciones conservadoras ni nada por el estilo. Es un ente empresarial y narcisista, cuya única convicción es el culto a su persona y a sacarle dinero a todo, incluso a la política o a la presidencia. Pero como candidato, presidente y ahora precandidato presidencial, ha sabido manejar a su antojo a la base ultraconservadora presentándose como el defensor de sus causas, aunque en el fondo le importen un comino. La idea es azuzar al segmento más supremacista y arrogantemente blanco del país para mantener una agenda estrictamente personal.

Lo que ocurre a nivel macro en la nación, se repite en los estados en figuras como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se vende como el paladín en la lucha contra los indocumentados.

Su ley SB 1718 entró en vigor, ya enfrenta su primera demanda judicial y ha generado caos en diversas industrias clave para el estado, sin contar con la crisis humanitaria y el temor generado entre los indocumentados y sus familiares residentes permanentes y ciudadanos.

Además, nos encontramos en el umbral de otra elección presidencial, donde figuras republicanas como Trump y DeSantis siguen al centro del debate con su retórica antiinmigrante, y donde el Partido Republicano lo ha normalizado al grado de apropiarse del discurso racista antes reservado para grupos marginales, promotores de teorías conspirativas de los supremacistas blancos. Son tan evidentes en su anacronismo político y social, que solo quedarán como una anécdota de mal gusto en la conciencia nacional al paso del tiempo.

Pero mientras tanto, hay sin duda hoy por hoy otro enorme reto en puerta para los inmigrantes, las minorías y la democracia ante personajes de tal magnitud.