En inmigración, EEUU sigue tropezando con la misma piedra del prejuicio

Maribel Hastings
Asesora de America’s Voice

Mientras el virtual nominado presidencial republicano, Donald Trump, redobla su retórica antiinmigrante y vende su plan de deportaciones masivas, diversos artículos y columnas de opinión enfatizan el daño que la fantasía migratoria de Trump tendría sobre la economía de Estados Unidos.

Sus consecuencias se sentirían además sobre los derechos civiles, la seguridad y a nivel humanitario. Pero si algo atrae la atención de los estadounidenses es que le afecten su bolsillo y su economía, y el efecto que el plan de deportaciones masivas de Trump tendría sobre diversas industrias es devastador.

Tarek Hassan, profesor de economía de la Universidad de Boston, le dijo al Miami Herald, por ejemplo, que “si se deportara a medio millón de personas de la Florida y se las sacara de la economía floridana, eso sin duda crearía una recesión en el estado”.

El artículo agrega que “los expertos creen que la mano de obra del sector agrícola de Florida y de su lucrativa industria turística se resentiría. Los proyectos de construcción —desde obras de gran envergadura y comerciales hasta obras más pequeñas como reparaciones de tejados— serían más caros y más lentos de llevar a cabo”.  

Lo triste es que en la historia reciente son varios los estados que han implementado leyes cuyo único objetivo es detener y remover indocumentados motivados por olas antiinmigrantes que desde la aparición de Trump en la escena política se han mantenido constantes. Previo a Trump, la SB 1070 de Arizona y la HB 56 de Alabama, post Trump, la SB 4 de Texas y la SB 1718 de Florida son algunos ejemplos, y más estados las emulan.

Su común denominador es que responden a la demagogia de políticos que no buscan soluciones sensatas y equilibradas al tema migratorio y solamente lo explotan con fines electorales. Pero también comparten los efectos terribles que han tenido en las economías de esos estados cuando las cosechas se pudren pues no hay mano de obra que las recojan y las procesen, cuando las construcciones se paralizan, cuando la industria hotelera o la de salud pierden mano de obra. Eso sin contar su impacto sobre la salubridad, la educación y la salud mental, no solamente de los indocumentados, sino de sus familiares ciudadanos y residentes permanentes.

Y ni hablar de las potenciales violaciones a los derechos civiles porque cómo determinar a simple vista quién es o no es indocumentado en estados y ciudades donde la población hispana predomina o es significativa.

Ahora imagine lo que sería un operativo a gran escala a nivel nacional.

Zeke Hernández, profesor de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, y autor del libro The Truth About Immigration, escribió una columna de opinión en la publicación The Hill marcando el aniversario número 100 de la promulgación el 26 de mayo de 1924 de la Ley de Orígenes Nacionales por el presidente republicano Calvin Coolidge. 

Esta ley repercutió significativamente en la demografía de Estados Unidos por los 40 años que estuvo vigente al restringir la inmigración procedente del sur y del este de Europa, percibida como “menos blanca” que la del norte de Europa, y excluir la inmigración de Asia y de África.

Y es el modelo que el principal asesor de Trump en inmigración, Stephen Miller, ha querido imitar.

Hernández escribió que “casi nadie habla de dos cosas. Una es el daño que las restricciones causaron a Estados Unidos: pérdidas significativas de puestos de trabajo, anulación de la innovación por parte de científicos y empresas estadounidenses, disminución de la inversión en nuestras comunidades y origen de los problemas fronterizos que seguimos padeciendo hoy día. Lo segundo que estamos pasando por alto es que nos enfrentamos al riesgo real de repetir el mismo error garrafal. Están en juego fuerzas idénticas a las que condujeron a la ley de 1924”.

Pero concluyó que “a diferencia del pasado, ahora tenemos pruebas sólidas de que los inmigrantes son contribuyentes positivos netos a todo lo que constituye una sociedad próspera”.

Cuando el presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley de Inmigración de 1965, que reemplazó la de 1924, declaró que “ahora podemos creer que (la ley de 1924) nunca más volverá a ensombrecer la puerta de entrada a la nación estadounidense con las barreras gemelas del prejuicio y el privilegio”. 

Pero Trump, con sus planes de purgas, campamentos de detención, deportaciones masivas, pruebas ideológicas a los solicitantes de visa, y otras tantas aberraciones, usa el prejuicio y el extremismo como su norte migratorio como otros antes que él. En materia migratoria, Estados Unidos sigue tropezando con la misma piedra del prejuicio.