La Corte de Apelaciones de Inmigración falló históricamente en favor de inmigrantes que habían sido penalizados por haber salido del país. “Es realmente una tabla de salvación para inmigrantes a los que se les negó un derecho ganado”, dijo el abogado de inmigración Eduardo Soto, en un comunicado a El Nuevo Georgia.

Con la decisión fechada el pasado 17 de abril, esta Corte reversó un fallo del 20 de agosto de 2009 de un juez de Inmigración que, en este caso específico, calificaba el viaje fuera de EEUU de dos inmigrantes durante el proceso de obtención de residencia, como un abandono del mismo, aplicándoles una penalidad al volver al país.

Soto recordó que desde el año 1997 se aplicaba un castigo de 3 años para quienes habían estado hasta seis meses de manera ilegal en el país y de 10 años para los que habían pasado de un año.

“Con este fallo se dicta una jurisprudencia importante que no solo va a permitir a muchas personas que se encuentran en medio de su proceso viajar a visitar familiares, muchas veces por motivos humanitarios, sino que van a poder regresar al país otros a los que se les negó la entrada” afirmó el abogado de inmigración Eduardo Soto.

“El beneficio es muy grande. Hay personas que llevan años sin ver a sus seres queridos por miedo a recibir una decisión negativa; ahora pueden hacerlo con un permiso y amparados en esta histórica y más que justa decisión” agregó el jurista.

Estudio reveló que un 33% de los aplicantes no aprueba examen de cívica para jurar como estadounidense

Un estudio elaborado por la Universidad de Xavier, de Ohio, reveló que el examen para la ciudadanía que mide los conocimientos sobre educación cívica no sería aprobado por el 33 por ciento de los estadounidenses.

Los resultados de la investigación aparecen en medio de campañas que promueven la ciudadanía para que los naturalizados se inscriban y voten en los comicios presidenciales del martes 6 de noviembre.

En marzo, otro informe, elaborado por Paula Winke, profesora de estudios de idiomas en la Universidad de East Lansing, de Michigan, determinó que la importante decisión de si se concede o no la ciudadanía a más de un millón de personas anualmente pudiera ser decidida al azar, y depender de un examen de $675 que no mide adecuadamente el conocimiento del solicitante sobre el país.