Lo que incluye el proyecto de reforma del Grupo de los Ocho

El proyecto de reforma migratoria o “Ley de 2013 de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización del Sistema Migratorio” ha generado varias inquietudes que el grupo Voces de América ha querido responder y aquí se las presentamos. Hay que anotar que este proyecto debe enfrentarse a una versión de la Cámara de Representantes y que muchas cosas pueden cambiar.

I. El corazón del proyecto es una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.

Podrían solicitar el estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés) quienes desde antes del 31 de diciembre de 2011 ya se encontraban en Estados Unidos. Esta fecha límite dejaría fuera a entre 200 mil y 300 mil inmigrantes que arribaron a Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2011, aunque es probable que existan vías para tratar de ajustar su estatus a través de familiares o empleos.

Tomará 13 años solicitar finalmente la ciudadanía para quienes opten por obtenerla pero antes hay un largo proceso. Hay que considerar además que tomará un año después de firmada la ley completar las regulaciones y al cabo de ese año se inicia el período de aplicación. Los inmigrantes tendrán un año para solicitar y el lapso puede extenderse otros 18 meses si fuera necesario. Durante ese lapso los inmigrantes elegibles estarán protegidos de la deportación.

Los indocumentados solicitarán el estatus de RPI iniciando su vía a la ciudadanía o la primera etapa. Deberán pagar una multa inicial de 500 dólares (excepto los DREAMers) A los seis años, en la segunda etapa, deben renovar su permiso de RPI, que de hecho, es renovable cada seis años. Nuevamente deberán pagar una multa de 500 dólares más las cuotas de solicitud, aprobar la revisión de historial, demostrar que no son una carga pública, y que han trabajado o estudiado y pagado impuestos.

Al cabo de 10 años estas personas podrán solicitar la residencia permanente (tercera etapa) pagando 1,000 dólares de multa más las cuotas de solicitud y llenar los requisitos, entre esos, demostrar que están aprendiendo inglés. Y en la cuarta etapa, al cabo de tres años, pueden solicitar la ciudadanía, si así lo deciden.

De ahí que el proceso tome 13 años. Al presente un residente permanente debe esperar cinco años para solicitar la ciudadanía, o tres si está casado con un ciudadano de Estados Unidos, pero bajo el plan los solicitantes de RPI esperarán tres años para solicitar la naturalización.

II. ¿Se agilizará la vía a la ciudadanía para algunos sectores de inmigrantes?

Los DREAMers o Soñadores, los que por más de diez años han estado legalmente en el país amparados por estatus de protección con permiso de trabajo (como TPS o DED por ejemplo), y los trabajadores agrícolas obtendrán la residencia permanente de una manera más directa. Por ejemplo, el estatus legal provisional de los DREAMers será de cinco años al cabo de los cuales podrán solicitar la residencia y la ciudadanía al mismo tiempo.

III. ¿Qué ocurre con los inmigrantes que están en proceso de deportación o los que ya fueron deportados?

Bajo el proyecto de ley del Senado, los inmigrantes que están en proceso de deportación, quienes reingresaron al país tras ser removidos o quienes optaron por una salida voluntaria pueden solicitar el estatus legal provisional de RPI si llenan los requisitos, incluyendo su revisión de historial. Las personas que ya fueron deportadas por causas no criminales también pueden solicitar el estatus legal provisional si son elegibles para el DREAM Act o sin son cónyuges, padres o hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Estas personas tendrían que solicitar una dispensa para ingresar a Estados Unidos y solicitar el permiso de RPI.

IV. ¿Pueden accesar beneficios públicos los inmigrantes con el estatus RPI?

No. Los inmigrantes con el estatus de RPI no son elegibles para beneficios públicos ni subsidios o créditos tributarios bajo la Ley de Cuidado Accesible (Affordable Care Act).

V. ¿Qué ocurre con los rezagos (backlogs)?

El proyecto tiene como meta eliminar en un lapso de ocho años el rezago de los 4.7 millones de personas que están aguardando por sus tarjetas verdes, mayormente por vías familiares y de trabajo, en sus países de origen o aquí. Estas personas obtendrán sus tarjetas verdes antes de que los inmigrantes en estatus de RPI puedan solicitar la residencia permanente.

VI. ¿Retrasarán o entorpecerán los requisitos de seguridad fronteriza la vía a la ciudadanía?

Se supone que los requisitos de seguridad, en teoría, no impedirán que los inmigrantes inicien y completen su vía a la ciudadanía, pero es uno de los puntos más observados por los grupos pro inmigrantes.
Seis meses después de promulgada la ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe someter dos planes para cumplir con los requisitos de seguridad fronteriza que propone la ley. El primer plan es para lograr detener a 9 de cada 10 indocumentados que intenten cruzar la frontera, denominado la tasa de efectividad del 90%.

El segundo plan es para reforzar las barreras y muros en la franja. La fase inicial del plan de legalización no comienza hasta que se sometan estos planes. Pero se supone que esto no retrase la vía a la ciudadanía porque el proceso de solicitud se inicia un año después de promulgada la ley, año en que se completen las regulaciones del proceso.

Si al cabo de cinco años no se han completado los requisitos de seguridad, es decir, la tasas de efectividad del 90% de detenciones, se asignarán más fondos y una comisión especial integrada por funcionarios de estados fronterizos recomendará al DHS qué medidas tomar para lograr los objetivos.

VII. ¿No retrasarán la vía a la ciudadanía otros componentes de seguridad como el E-Verify y la
verificación de entradas y salidas de personas al país?

Según el proyecto, al cabo de cinco años el programa de verificación de identidad E-Verify será obligatorio para todos los empleadores. Asimismo, tiene que implementarse un sistema electrónico para verificar las entradas y salidas de personas en aeropuertos y puertos marítimos.

Se calcula que 40% de la inmigración indocumentada son personas que ingresaron al país legalmente como turistas, estudiantes y otro tipo de permisos, y se quedaron más allá de lo autorizado por sus visados. Pero ambos programas son viables y no deberían entorpecer la vía a la ciudadanía porque tienen que estar establecidos antes que los inmigrantes con RPI puedan solicitar la residencia permanente. Asimismo, el programa E-Verify contemplará protecciones de privacidad y del debido proceso de ley.

VIII. ¿Se reducirán ciertas categorías de visas para familiares?

El borrador reduce los tiempos de espera de cónyuges e hijos menores de edad de residentes legales para reunirse con su familia. Estos “parientes inmediatos” no tendrán limitaciones numéricas de visas y eso libera visas para otras categorías familiares, previniendo así nuevos rezagos.

El proyecto sí elimina la categoría de hermanos de ciudadanos, pero las peticiones pendientes podrán completarse e incluso podrán someterse nuevas solicitudes por un lapso de 18 meses después de firmada la ley. Luego los hermanos serán elegibles a visas por méritos y recibirán puntos por su relación familiar con ciudadanos. Las visas para hijos adultos estará limitada a menores de 31 años de edad.

Asimismo, el plan excluye a familias y parejas LGBT del sistema de visas por familia, aunque no del plan de legalización. La eliminación del sistema de visas por diversidad también es preocupante.
El plan mejora los programas de asilo y de refugiados eliminando la arbitraria fecha límite de un año para presentar las peticiones.

VIII. ¿Cómo se manejan los futuros flujos y las visas por empleo?

El proyecto propone la creación de la Visa W para trabajadores no especializados esenciales con un mínimo de 20,000 por año. La Visa W les permite ingresar al país, trabajar para empleadores participantes, cambiar de empleo entre patronos participantes, y eventualmente pueden solicitar la residencia a través del nuevo programa de visas por mérito.

Se crea además un programa de trabajadores agrícolas con protecciones laborales y salariales. Estos trabajadores agrícolas también son elegibles a una vía acelerada a la residencia y la ciudadanía si, por ejemplo, continúan trabajando en el sector agrícola por otros tres a cinco años tras promulgada la ley.
El plan crea además una visa de méritos basada en obtener puntos por diversas vías: por tiempo de residencia en Estados Unidos, lazos familiares, nivel educativo, educación o empleo.