Georgia entre los estados con leyes restrictivas para votantes
Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, podría haber dejado sin piso una legislación aprobada por el estado de Georgia, antes de las elecciones de 2012, según la cual a los votantes se les exigiría demostrar su ciudadanía al momento del ejercicio del voto, lo cual había sido criticado por las organizaciones defensoras de las los derechos civiles, afros y latinos, especialmente.
El fallo de esta semana afecta a la proposición 200 de Arizona. La Corte Suprema sostuvo que el requerimiento de ese Estado para votantes futuros de mostrar prueba de ciudadanía antes de usar un formulario de registro para votar en una elección federal era inconstitucional.
La Ley de Registro de Votante Nacional (National Voter Registration Act) de1993 permite que los votantes se registren usando un formulario federal presentado mediante la ley de registro Motor Voter, donde deben declarar, bajo pena de perjurio, que sean ciudadanos americanos.
La Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos—LULAC, por sus siglas en inglés, era uno de los demandantes en la querella a nivel de la corte de juicios, la 9va Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, y ahora con la decisión de la Corte Suprema.
La ley estatal de Arizona, igual que la aprobada en Georgia en el 2011, requería que los votantes futuros presentaran documentación de su ciudadanía americana para usar el formulario de registro. En una decisión por 7 a 2 la corte dictaminó que la ley estatal de Arizona, que requería prueba de ciudadanía, era un requerimiento inválido dado que era inconsistente con el estatuto federal de control, la Ley de Registro de Votante Nacional de 1993.
Georgia, Tennessee, Kansas y Alabama han aprobado leyes similares en los años previos a las elecciones de 2012.
El juez Scalia, en opinión de la mayoría, ha explicado que la ley federal “prohíbe a los estados exigir que un solicitante presente información adicional a la requerida por la forma federal”
La ley de identificación de votantes de Arizona habría colocado una carga adicional para los votantes latinos y otras minorías, requiriendo a muchos de ellos tener que registrarse en persona, ya que fotocopiar un documento de naturalización está prohibido por la ley federal.
