¿Qué se puede hacer para asegurarnos de no acabar con las manos vacías cuando se discuta la reforma migratoria de EEUU en esta nueva sesión del Congreso?
Por: Oscar Chacón
Director ejecutivo de NALACC.
El Congreso de los Estados Unidos regresa de su receso de verano a principios de septiembre. La falta de acción sobre la reforma de la política de inmigración antes de vacaciones de verano, hizo sonar las alarmas en el colectivo de las organizaciones que han empujando la aprobación de lo que se conoce como la Reforma Migratoria Integral (Comprehensive Immigration Reform, CIR, por sus siglas en inglés) desde principios de la década pasada.
El plan era pasar la versión del Senado con el apoyo de una mayoría abrumadora para obligar a la Cámara de Representantes a adoptar el acta. El Senador Chuck Schumer habló esta primavera de su propósito de obtener 75 votos a favor de la propuesta de la “Banda de los Ocho”. Su intención era mover rápidamente esta propuesta a la Cámara de Representantes donde el apoyo a la reforma migratoria ha sido menos entusiasta que en el Senado, por decir lo menos.
El proyecto de ley del Senado patrocinado por la llamada “Banda de los Ocho”, un grupo bipartidista de senadores, ofreció desde el principio una mezcla de contenidos buenos, malos y feos. Después de varias semanas de debate, la versión final tuvo un giro aún más inesperado hacia políticas más restrictivas y punitivas cuando se aprobaban, entre otras cosas, el aumento del presupuesto para el control fronterizo de $6.5 a $46.5 millones de dólares. Si la ley aprobada por el Senado se convirtiera en ley estadounidense, una consecuencia directa sería la militarización permanente de la frontera sur lo que representa un terrible mensaje para nuestros amigos cercanos y aliados en México y Latinoamérica.
A pesar de este cambio (presumiblemente para obtener el apoyo de los republicanos), cuando llegó el momento de votar el pasado 27 de junio, el conteo de votos para el proyecto de ley fue de 68 a favor y 32 en contra. La ley de reforma migratoria del Senado inició con cuatro senadores republicanos como co-patrocinadores. Al final, sólo 14 senadores republicanos votaron a favor del proyecto de ley. Si uno pone precio al costo simbólico de esos 10 votos adicionales, cada uno costaría alrededor de $4 millones de dólares.
Contrariamente a las expectativas de los líderes del Senado, el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes no se inmutó por la aprobación de una ley de reforma migratoria en el Senado. Rechazaron la idea de tomar la ley del Senado y declararon que abordarían la reforma migratoria en sus propios términos y a su propio ritmo. El liderazgo de la Cámara ha dejado claro que están a favor de una segmentación de reforma de la política de la inmigración en lugar de la llamada “completa”, enfoque adoptado por el Senado. En este sentido, el liderazgo demostró que tiende a favorecer un enfoque segmentado en lugar del abordaje integral o “comprehensivo” del Senado. Particularmente, la mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes (incluyendo los principales liderazgos como Goodlatte de Virginia –presidente de la Comisión de Justica- y Gowdy de Carolina del Sur –presidente de la Subcomisión de Inmigración) han expresado en repetidas ocasiones su oposición a conceder una amnistía a los inmigrantes no autorizados que residen en los Estados Unidos que incluya la candidatura al estatus de residente permanente legal (la condición previa para cualquier inmigrante a obtener la ciudadanía estadounidense).
El colectivo de organizaciones que han empujado la aprobación de la CIR lanzó un gran esfuerzo durante el receso de verano para incidir en la aprobación de la reforma en la Cámara de Representantes. Este receso está casi terminando y hasta ahora existen indicios de que, a pesar de que las movilizaciones locales a favor de la reforma migratoria han sido más fuertes que nunca, el liderazgo de la Cámara de Representantes no parece estar persuadido a cambiar sus posicionamientos iniciales. Algunos líderes republicanos como figuras claves (incluyendo a los representantes Goodlatte and Gowdy) continúan con las mismas posiciones que tenían antes del receso de verano. Ellos siguen hablando a favor del enfoque segmentado para el abordaje legislativo de la reforma migratoria, incluyendo su tibio apoyo a algún tipo de remedio para los jóvenes inmigrantes indocumentados. Ninguno de los dos ha indicado un cambio en su posición anterior sobre el acceso a la residencia permanente, lo que abre la posibilidad de adquirir la ciudadanía estadounidense.
La razón principal detrás de este posicionamiento compartido por la mayoría de los representantes republicanos es un principio bien conocido para los funcionarios electos: todas las políticas son locales. En la mayoría de los 234 distritos electorales representados por los legisladores republicanos, los votantes no están pidiendo a gritos una reforma migratoria. Si bien las encuestas nacionales de opinión pública, incluyendo aquéllas identificadas con los Republicanos, indican apoyo a una forma vaga de reforma de la política de inmigración, los números son muy diferentes cuando se desagregan en distritos Republicanos en el Congreso. En muchos de estos distritos, los representantes temen al reto de la derecha mucho más que a cualquier presión de pro-reforma de los demócratas, o incluso de los dirigentes de su propio partido. Esta realidad representa el mayor de los obstáculos a la aprobación de la reforma migratoria con la etiqueta del abordaje integral o –CIR-. Los miembros de la Cámara de Representantes, en su mayoría de distritos republicanos que enfrentarán la reelección en 2014, han permanecido insensibles a las enmiendas del proyecto de ley senatorial para tranquilizar a los poderosos intereses económicos que se consideran cercanos a los legisladores republicanos.
A la luz de esta realidad, y en vista de la insistencia de los senadores y congresistas demócratas en posiciones de liderazgo ante nada más ni nada menos que el camino a la ciudadanía (aunque extremadamente difícil, costoso y de largo recorrido), la perspectiva para la aprobación de un proyecto de ley por ambas Cámaras no parece tan probable como lo hizo alguna vez. El escenario de quedarse con las manos vacías en materia de la legislación estadounidense en materia migratoria representa verdaderas malas noticias para las comunidades inmigrantes, especialmente para aquellas de México y el resto de América Latina. En vista de los incrementados porcentajes de detención y deportación, la mayoría de las comunidades inmigrantes miran con urgencia la necesidad de resolver su situación actual de residencia no autorizada.
Entonces, la pregunta queda abierta sobre lo que habrá de pasar este año. Los inmigrantes continúan realizando contribuciones vitales a la economía así como al bienestar social y cultural de los Estados Unidos. No obstante, los inmigrantes continúan sufriendo las consecuencias de políticas migratorias injustas y obsoletas. Desde un punto de vista práctico, en los próximos 5 o 10 años no existe una diferencia significativa entre la reforma migratoria que concede autorización del empleo y el derecho a realizar viajes internacionales para la mayoría de los inmigrantes no autorizados residentes en los Estados Unidos, y una que además, incluye el llamado “camino a la ciudadanía” al cual sólo podrán acceder los más aptos, valientes y prósperos económicamente hablando. En cualquier caso, los resultados positivos para los inmigrantes dependerán de la habilidad de las comunidades inmigrantes para estar mejor organizadas y demandar las políticas públicas que merecen.
Un posible resultado sería una ley que resuelva de inmediato la situación de millones de inmigrantes residentes en los Estados Unidos sin estatus migratorio, evitando tocar el asunto de la residencia legal permanente. Esto sería una píldora difícil de tragar para la mayoría y por varias buenas razones. Sin embargo, podría traducirse en una situación mejorada para millones de inmigrantes que trabajan arduamente y pagan impuestos en los Estados Unidos donde permanecen sin autorización. Si dicha solución a corto plazo puede acabar con la costosa, nociva e increíblemente derrochadora decisión de aumentar los recursos para el control fronterizo, tanto mejor. Las comunidades de inmigrantes tienen un largo camino por recorrer en términos de organización para insistir en políticas migratorias verdaderamente sensibles, por lo que seguirá siendo una lucha a largo plazo sin importar los resultados en el 2013.
Al final del día, las perspectivas para un resultado legislativo positivo en este periodo de sesiones en el Congreso Estadounidense dependerán de qué tan seriamente se toma el asunto por ambos partidos políticos. Jugar cínicamente con la reforma migratoria como una moneda de cambio en la política electoral es simplemente inaceptable.
