Buscan evitar abusos sexuales en cárceles de inmigración

Hace pocos días, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió a nivel nacional nuevos reglamentos que buscan proteger de abuso sexual a inmigrantes detenidos en centros dependientes de las autoridades migratorias, incluyendo aquellos manejados por entidades privadas, donde están más de la mitad de los detenidos, aunque estos tendrán hasta 18 meses para hacerlo.

Los lineamientos se amplían a los centros de detención supervisados por ICE y los temporales de la Patrulla Fronteriza y CBP. Estas medidas de protección ya están siendo aplicadas en cárceles regulares, y se adaptan a las condiciones especiales de los detenidos migratorios, incluyendo menores de edad y familias.

Algunas de las medidas más llamativas está la de evaluar y monitorear el uso de las celdas de aislamiento con personas “vulnerables” a sufrir abuso sexual, una práctica que ha sido denunciada en más de una ocasión, sobre todo para detenidos gay o transexuales.

Así mismo se ordena limitar a 72 horas el aislamiento y reportarlo a instancias superiores, para revisar si su continuación es necesaria o si debe colocarse al detenido en un contexto menos restrictivo para protegerlo del abuso de otras maneras.

También se requiere ofrecer información oral en su idioma a los detenidos que no hablen inglés, sobre sus derechos de reportar incidentes, y que completen en un máximo de 30 días cualquier denuncia de acoso o abuso sexual.

Se mantendrán datos sobre casos de abuso en un lugar seguro, se harán revisiones de antecedentes antes de contratar a guardias o personal en los centros y se tomará en cuenta acusaciones de abuso a la hora de realizar promociones, entre muchas otras medidas.

Los reglamentos también mandan a que cada agencia de DHS que debe implementar estas medidas (ICE, CBP, etc) contrate a un supervisor de alto nivel para manejar la implementación de las nuevas reglas.

Se sabe que ICE maneja o supervisa un total de 158 centros o espacios de detención de inmigración, de los cuales 64 están en cárceles locales, por lo que están cubiertos por reglamentos separados.

Así mismo, más de la mitad de los detenidos están en centros de compañías privadas bajo contrato de ICE o DHS, y los reglamentos indican que a pesar de solicitudes comunitarias de renegociar de inmediato los contratos con estas compañías, la agencia tendrá que “hacer lo posible para que se adopten en un máximo de 18 meses”.

También indican que posteriormente se incluirán en la renegociación de contratos y que así se controlarán en un futuro.

Otra regla manda el uso de tecnología, incluyendo video y de visitas no anunciadas a diferentes salas de los centros de detención para monitorear y prevenir incidentes de acoso y acuso sexual.

El problema de los detenidos en las cárceles de inmigración ha trascendido en los últimos años luego de conocerse los casos no solo de abusos en el trato de los reos, sino en la desatención a quienes padecen enfermedades complicadas o crónicas, quienes en algunos casos han perdido la vida sin recibir atención médica.