Ohio, la otra frontera

Por: Maribel Hastings*

Cada martes en la noche un recinto en Painesville, Ohio, reúne inmigrantes con un denominador común: son protagonistas o daño colateral de la maquinaria de deportaciones del gobierno.

El cuadro echa por tierra el argumento de que las deportaciones se centran en delincuentes, de que son reincidentes en cruces sin ningún lazo con Estados Unidos, o de que no se están separando familias. Aquí las cortinas de humo para refutar los récords de deportaciones o justificarlos pierden todo valor.

Al conversar con varios de ellos, sus comentarios reflejan el sentir de la comunidad: no creen que haya posibilidades de reforma migratoria legislativa por ahora y esperan que el presidente Barack Obama los ampare, irónicamente de las políticas de deportación de su propia administración.

Han dado por perdidos a los republicanos que bloquean la reforma en el Congreso. De ellos no parecen esperar nada y cuando buscan un responsable de su incertidumbre, no nombran a ningún republicano sino a Obama.

La razón es muy sencilla, me indicó Leonor, indocumentada con 20 años viviendo en Estados Unidos, con cuatro hijos ciudadanos y un esposo deportado hace tres años, tras 24 viviendo en Ohio, de donde se graduó de secundaria: “Los republicanos no prometieron reforma migratoria. Obama sí.

Desde que él entró yo daba la vida por él. Yo decía, ‘con él nunca nos va a pasar nada’, y cuando la persona en que tú más crees que te va a ayudar es la que te defrauda, te duele más”, dijo Leonor, quien también tiene una orden de deportación.

Los ‘talking points’ que rigen en la burbuja washingtoniana se deshacen ante la realidad que viven estas familias. Aquí no alivia que les digan que los republicanos están bloqueando la solución legislativa que se necesita, pues ni siquiera resuena que el presidente de la Cámara Baja, John Boehner, sea de Ohio. Su necesidad de alivio es inmediata y no pueden darse el lujo de esperar a otra elección o a que simulacros de presión surtan efecto. La figura a la que apelan es Obama.

Familias completas integradas por indocumentados, residentes permanentes y ciudadanos llenan el local donde la organización HOLA de Painesville provee orientación a quienes han perdido un familiar por las deportaciones o que están peleando la suya o la de otros.

La nutrida reunión semeja una especie de terapia grupal que sirve de catarsis y donde se permiten incluso bromear sobre su desgracia para hacerla más llevadera. Aplauden que Alfredo Ramos pueda estar otra vez entre ellos.

Ramos, un inmigrante con 24 años de residencia en Ohio, sin historial delictivo y dos hijos ciudadanos, fue colocado en proceso de deportación tras ser detenido cuando iba de pasajero en un auto. Se le acusa de “reingreso ilegal” por volver tras una deportación para estar con su familia. El proceso federal contra Alfredo continúa, aunque respira por el alivio temporal con todo y grillete electrónico.

A poco más de una hora de distancia, en Lorain, Ohio, otros inmigrantes viven situaciones similares. Allí también hay un capítulo de HOLA y otra organización de apoyo comunitario, El Centro, también los asiste.

En la Parroquia del Sagrado Corazón, en Lorain, converso con seis mujeres, madres de familia, que batallan contra su propia deportación o la de sus esposos.

“No podíamos ir ni al parque en paz porque allí estaba la Patrulla Fronteriza… Gracias a Cel estamos más aliviados”, dice María, quien enfrenta una orden de deportación, refiriéndose al puertorriqueño Celestino Rivera, jefe de la policía de la ciudad de Lorain, que no reporta indocumentados a las autoridades migratorias.

“En Lorain ha mejorado la cosa, pero cuando uno sale de aquí da miedo verlos (a la Patrulla Fronteriza) por todas partes”, agrega Claudia, indocumentada con 15 años de vivir en Ohio, con cuatro hijos ciudadanos y un esposo en proceso de deportación.

Cuando se piensa en la Patrulla Fronteriza no vienen a la mente Lorain o Painesville. Sin embargo, las deportaciones se han nutrido de las detenciones de inmigrantes radicados, algunos por más de dos décadas, en pueblos y ciudades entre las dos instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Port Clinton, Ohio, y Erie, Pennsylvania.

La justificación central de su presencia es la frontera con Canadá. La realidad sobre el terreno es que la Patrulla Fronteriza opera al interior del país (hasta 100 millas de la frontera) y se beneficia de las colaboraciones con departamentos de policías locales que les entregan inmigrantes detenidos por infracciones menores de tránsito o cualquier excusa que les permita solicitar documentos.

“El reto real en Ohio es que tenemos tantos pequeños departamentos de policía y cada uno tiene su propia política y no entienden las leyes de inmigración. Están deteniendo personas cuando van a trabajar o al mercado. Detienen y cuestionan hispanos y no importa si son conductores, pasajeros, inmediatamente notifican a la Patrulla Fronteriza”, indica Verónica Dahlberg directora ejecutiva de HOLA Ohio. (nota completa: www.elnuevogeorgia.com)

*Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice