Instan a sheriffs de Georgia no seguir abusando de detenidos latinos

Por: Rafael Navarro-ENG

Erika, narra que fue víctima de violencia doméstica, y que, en busca de ayuda y protección llamó a la policía de Atlanta para que tomara control de la situación pero terminó arrestada en la cárcel del condado de DeKalb.

“Llamé a la policía y la persona que se llevaron fue a mí, porque ya era decisión de a quién era que tenían que llevarse…” dice la mujer de origen mexicano a la salida de la oficina del sheriff del condado donde estuvo detenida de manera irregular de acuerdo a lo que dice la ley para casos como el de ella.

“Los policías tenían que llevarse a mi esposo o a mí, pero el primer policía no sabía qué hacer, y el otro dijo que tenían que llevarse a uno de los dos…”, según su relato los agentes del orden no sabían cómo proceder.

Dijo que a las pocas horas le pusieron una fianza y los familiares colectaron el dinero y la pagaron pero ella no pudo salir, porque aparentemente ya le habían dado aviso a inmigración porque ella estaba en el país de manera irregular.

“En Dekalb le dieron corte y me dieron la multa que se pagó al otro día, yo no sabía que tenía solo 48 horas para estar detenida después de pagar la fianza y estuve 20 días esperando a inmigración.”
Pero inmigración nunca llegó por Erika, y los encargados de la cárcel de DeKalb tuvieron que dejarla
en libertad.

“Ellos violaron mis derechos a la libertad y yo no sabía eso”, afirma la mujer, quien ahora asesorada por distintas organizaciones de derechos civiles busca frenar este tipo de abusos con los inmigrantes y recientemente han entregado una carta dirigida tanto al sheriff de DeKalb como al director de la prisión del mismo condado.

Violan los derechos de los indocumentados

La Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos—GLAHR-, por sus siglas en inglés, señala que estos casos prueban de la necesidad urgente de que la policía local pare, y se sume a la tendencia a nivel nacional de los sheriffs que están rechazando las solicitudes de reserva voluntaria del Servicio de Inmigración y Aduanas—ICE– después de que casos judiciales recientes encontraron que está en violación de la cuarta enmienda de la Constitución.

Por ello han iniciado una campaña para informar a los distintos sheriffs de las ciudades y condados donde se han dado estos abusos, para que dejen de violar la cuarta enmienda de la constitución que advierte a cerca de la privación de la libertad de los individuos sin mediar causas justificadas.
Una de las primeras acciones en este aspecto fue en el condado de DeKalb donde entregaron una carta al sheriff Jeff Mann, lo mismo que al jefe de la prisión Reginald Scandrett, en la que les dejan saber de estas anomalías y argumentan con casos fallados anteriormente las irregularidades que vienen cometiendo.

“Queremos dejarle saber a las autoridades involucradas en estos casos que ellos pueden ser objetos de una demanda como ha pasado en otros estados” dijo Adelina Nicholls, directora ejecutiva de GLAHR.

“Ellos están en violación de la cuarta enmienda y en otros casos fallados los condados y las ciudades han sido objeto de pagos de indemnización por estos hechos”, recalcó.

Nicholls dijo que el 57% de los individuos a nivel nacional que han sido detenidos por inmigración no han sido procesos por delitos mayores, sino por faltas como violaciones de tráfico.
De Georgia dijo un 54% no han tenido antecedentes criminales y el 86% han sido procesados solo por convicciones menores, lo que sigue ocasionando la separación de familias”

“Testigos o víctimas de crímenes tienen miedo de reportarlo a las autoridades”, dijo Nicholls.

Tienen miedo

Elia Chamorro dice que ella fue arrestada por una falta menor en la ciudad de Doraville y que a las dos horas le habían fijado una fianza de 935 dólares para quedar libre, sus familiares buscaron el dinero, lo pagaron y aun así les dijeron que no la podían dejar libre.

“Después de eso dijeron que debía permanecer detenida porque tenía una petición de inmigración, pero que no podía estar ahí sino que me iban a trasladar a la cárcel del condado” dice la mujer que es madres de 4 hijos y quien vive en Estados Unidos hace 16 años.

“A las 3 de la mañana la trajeron a la cárcel de DeKal”, recuerda, al tiempo que afirma que muchas veces por no saber las leyes los derechos de las personas son violados y también porque tienen miedo.
“Tenemos miedo, porque no sabemos qué van a hacer con nosotros”, dice Elia.

La Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos—GLAHR, dispone del número telefónico: (770)457-5232 para que las personas denuncien este tipo de acciones en su contra y hacerles el seguimiento respectivo.