Organizaciones latinas rechazan en conjunto leyes anti inmigrantes

La andanada de propuestas de leyes que afectan a la comunidad inmigrante y que están siendo debatidas en la legislatura de mayoría republicana ha hecho que varias organizaciones latinas se unan para rechazar las mismas y hacer un llamado a la unidad en torno al tema que cada vez más se torna delicado.

La Cámara de Comercio México Americana, la Asociación Latinoamericana y la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia lanzaron una declaración esta semana en la que rechazan las medidas que a todas luces crearán un caos dentro de la comunidad en general de ser aprobadas.

Las tres organizaciones “declaran conjuntamente su oposición a la HB 87 y SB 40”, dicen, y afirman: “Ni la HB 87 ni la SB 40 tienen el menor interés en la economía de Georgia o de sus ciudadanos.

Ambos proyectos de ley afectarán negativamente a las empresas en Georgia y la capacidad de las principales industrias del Estado para seguir siendo competitivos, causando un daño irreparable a la economía de Georgia y el futuro.

Estos proyectos de ley serían perjudiciales para la economía del Estado y su reputación y no van a resolver el problema de la inmigración ilegal en Georgia”, afirman.

En ese mismo sentido dicen que la economía de Georgia es la que está en juego. “La HB 87 y la SB 40 afectarán el corazón de la economía de Georgia: la industria agrícola, el turismo de convenciones y de negocios, y la inversión extranjera.

Georgia es líder en la industria agrícola, que genera 65 mil millones dólares anualmente para la economía estatal y emplea a uno de cada siete residentes. Se estima que entre el 50% y el 70% de mano de obra agrícola de nuestra nación está formada por inmigrantes indocumentados”.

Afirman las organizaciones que “El turismo de negocios y convenciones es la segunda mayor industria del Estado y tiene un impacto económico total de alrededor de 34,8 mil millones dólares.

Se estima que Arizona ha perdido más de $ 140 millones de dólares en el turismo de convenciones y de negocios, como consecuencia directa de la aprobación de su polémica ley. Georgia no puede permitirse este tipo de pérdida. Georgia podría tener una pérdida mucho más grande que Arizona porque Georgia es el hogar de muchas empresas multinacionales, tiene el aeropuerto más concurrido del mundo y tiene una perspectiva de expansión hacia el comercio internacional”.

Concuerdan en que: “Georgia es la cuna del movimiento de derechos civiles”, y que en ese sentido, también ha hecho esfuerzos de desarrollo económico, que han hecho parecer al Estado como un lugar acogedor para las empresas y los inmigrantes.

“Tenemos graves preocupaciones que ambos proyectos de ley darían lugar a la discriminación racial lo cual es constitucionalmente cuestionables. Si estos proyectos de ley de avanzan, la reputación de Georgia será irremediablemente manchada”, dicen.

Comparando los proyectos de ley con el mal ejemplo de Arizona, dicen que las piezas legislativas para nada beneficiarían al Estado.

“Una ley polémica y divisoria al estilo de Arizona no sería buena para Georgia. La inmigración ilegal es un asunto federal. Debemos instar a nuestros líderes del Congreso para trabajar en una solución real a nuestro sistema roto de inmigración: una solución que proteja nuestra economía, refleje nuestros valores estadounidenses, ayude a prosperar a la industria agrícola de Georgia, y mejora la competitividad de Georgia en un mercado global”, concluye el comunicado.

¿Qué dicen las iniciativas de ley?

Los proyectos de ley, HB 87 (House Bill 87) y SB 40 (Senate Bill 87) de ser aprobadas y firmadas por el gobernador, darían a autoridades locales poder para detener de quien sospechen es indocumentado.

Buscan también exigir a las empresas usar el programa E-Verify y castigar a quienes alojen o trasladen a indocumentados.

De acuerdo a la Unión de Libertades Civiles- ACLU, por sus siglas de inglés, los proyectos de ley permitirían a los agentes del orden en toda Georgia utilizar perfiles raciales como una herramienta de sospecha de que un individuo es un indocumentado.

La HB 87 requeriría a los agentes estatales y locales del orden, investigar el estatus migratorio de todas las personas bajo “sospecha razonable” de ser indocumentados, con los que entren en contacto en el curso de una falta, incluidas las infracciones de tráfico.

También requeriría que los empleadores privados utilicen la base de datos E-Verify y establece sanciones civiles, en caso de incumplimiento. El proyecto de ley crea sanciones penales para toda persona que ayude a otro a venir indocumentado a Georgia o le facilite los medios de transporte u otro tipo de ayuda.

Además, permitiría a cualquier “residente legal” presentar una demanda en contra de cualquier funcionario o agencia estatal que crean, no están haciendo cumplir las disposiciones del proyecto de ley.

La SB 40, patrocinado por el senador estatal Jack Murphy, conlleva varias disposiciones de la HB 87, como la exigencia de la policía local para investigar el estado migratorio de los individuos, donde hay “causa razonable” para creer que puede ser indocumentado, y penalizar a los empleadores que se no utilizan E-Verify.

Ambos proyectos de ley autorizan a entidades estatales y locales para detener a personas por un período indeterminado de tiempo antes de determinar su estado migratorio y da a la policía el poder para realizar arrestos sin orden judicial.