Reforma Migratoria, Día 3: E-Verify en la mira

Por Maribel Hastings*.

WASHINGTON, DC – En el tercer día de debate de enmiendas al proyecto bipartidista de reforma migratoria S. 744, el panel Judicial del Senado mantuvo intacta la nacionalización y obligatoriedad del controvertido sistema electrónico de verificación de identidad E-Verify que contempla el Título III del proyecto, aunque aprobó y posiblemente considerará enmiendas que buscan proteger a ciudadanos y residentes legales de potencial discriminación y despidos por errores de los sistemas electrónicos de datos que concluyan que no están autorizados para trabajar.

El panel comenzó a deliberar el Título III que tiene que ver con la aplicación de leyes migratorias al interior del país, particularmente en los centros de trabajo.

Bajo el proyecto S. 744, el E-Verify será nacional y obligatorio cinco años después de la promulgación de la ley de reforma, comenzando con las empresas con más de 5 mil empleados.

El Comité Judicial del Senado aprobó la enmienda 2 del senador demócrata de Minnesota, Al Franken, que pide mayores regulaciones para garantizar la exactitud del E-Verify e impedir que ciudadanos y residentes legales autorizados para trabajar sean víctimas de discriminación o pierdan sus trabajos por los errores del banco de datos.

También aprobó la enmienda 4 de Franken que crea una oficina de defensa de pequeñas empresas y empleados afectados por errores del sistema E-Verify.

Franken tiene enmiendas adicionales que buscan proteger a trabajadores y se anticipa que se presenten la semana entrante.

El comité aprobó además una enmienda del senador demócrata de Delaware, Christopher Coons que requiere que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establezca un protocolo para notificar a las personas sobre confirmaciones y no confirmaciones cuando son procesados por el sistema E-Verify.

De nueva cuenta, representantes del bipartidista Grupo de los Ocho que integran el comité, frenaron las enmiendas que pueden alterar sustancialmente el contenido del acuerdo bipartidista que resultó en el proyecto S. 744.

Por ejemplo, el panel rechazó la enmienda 29 del senador republicano de Iowa, Charles Grassley, que requería que todos los empleadores implementaran el sistema E-Verify 18 meses después de promulgada la ley de reforma migratoria.

No obstante, aprobó una enmienda preocupante, la 31 de Grassley, que requiere que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reporte semanalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre individuos y empleadores que hayan recibido una no confirmación de elegibilidad bajo el sistema E-Verify.

Uno de los aspectos controversiales del proyecto es que contempla que al cabo de cinco años el programa de verificación de identidad E-Verify sea obligatorio para todos los empleadores.

Se supone que la implementación del E-Verify en un lapso de cinco años no interrumpa la vía a la ciudadanía para los indocumentados. Grupos pro inmigrantes y de derechos civiles han advertido que esperan que se tomen las medidas pertinentes para garantizar además que el sistema no discrimine contra trabajadores de minorías o que los errores clericales o en los sistemas electrónicos de datos provoquen que empleados que son ciudadanos o residentes legales pierdan sus trabajos. El sistema electrónico de verificación se basa en los bancos de datos de la Administración del Seguro Social (SSA) y del DHS.

Al presente el sistema es voluntario y sólo 10% de los empleadores están inscritos en el sistema E-Verify.
Se calcula que hasta 770 mil empleados autorizados podrían perder sus puestos por los errores en los bancos de datos y otros millones tendrían que dedicar tiempo en horas laborables para acudir a oficinas gubernamentales y tratar de corregir errores para no perder sus trabajos.

“Nuestras preocupaciones con la obligatoriedad del sistema electrónico de verificación de identidad para elegibilidad de empleo (EEVS, por sus siglas en inglés) están bien documentadas y basadas en el reconocimiento de que ese mandato ocasionará pérdida de empleos entre ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con permisos de trabajo, impondrá nuevos costos a los empleadores y hará a todos los trabajadores más vulnerables”, dice un análisis del National Immigration Law Center (NILC). Pero el mismo análisis reconoce que el Título III contempla protecciones de privacidad y del debido proceso de ley.

La obligatoriedad del E-Verify representa costos y trabas burocráticas sobre todo para las pequeñas empresas que no tienen departamento de recursos humanos para lidiar con dicha burocracia aunque el proyecto incluye algunos salvaguardas.

La discusión del Título III se retoma el lunes.

Asimismo, el panel retrasó la deliberación de varias enmiendas pendientes al Título IV sobre visas H1B de
trabajadores altamente calificados.

El senador republicano de Utah, Orrin Hatch, tiene enmiendas que buscan ampliar las concesiones sobre visas H1B a las empresas de alta tecnología que quieren más trabajadores y menos regulaciones que las contempladas por el proyecto. Pero el Grupo de los Ocho teme que las enmiendas echen por tierra los acuerdos de empresarios y sindicatos que han permitido que el proyecto avance.

Bajo la medida S. 744 las visas H1B para profesionales especializados aumentan a 110 mil anuales, de 65 mil bajo la ley actual. Ese tope de 110 mil visas puede elevarse a 180 mil pero depende de la tasa de desempleo prevaleciente y de la cantidad de peticiones que se presenten.

El senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, integrante del Grupo de los Ocho, dijo que “estamos trabajando bien duro para arribar a un acuerdo (sobre las enmiendas de Hatch) a principios de la semana entrante”.

Además del programa H1B de trabajadores altamente calificados, el Título IV del proyecto crea la nueva Visa W para trabajadores no especializados esenciales con un mínimo de 20 mil por año.

Se consideraron algunas enmiendas sobre la Visa W que permite a los trabajadores ingresar al país, trabajar para empleadores participantes, cambiar de empleo entre patronos participantes, y eventualmente pueden solicitar la residencia a través del nuevo programa de visas por mérito. El plan de visa de mérito concede puntos a los inmigrantes por diversas vías: por tiempo de residencia en Estados Unidos, lazos familiares, nivel educativo, educación o empleo.

El panel aprobó la enmienda Schumer 5 que mejora la capacidad de los inmigrantes con Visa W de trabajos de bajos salarios para cambiar de empleo entre patronos participantes, algo que no existe al presente.

El senador republicano de Utah, Mike Lee, retiró su enmienda 18 para aumentar el tope de Visas W, indicando que la presentará en el pleno del Senado.

Esta Visa W es por tres años, renovable por otros tres años. El senador republicano de Iowa, Charles Grassley, retiró su enmienda 76 que requería la implementación total del sistema biométrico de entradas y salidas de trabajadores no inmigrantes bajo la Visa W, antes de que se admitieran los trabajadores esenciales bajo la Visa W. Pero advirtió que el proyecto no puede avanzar si no hay garantías de saber si esos inmigrantes salieron del país cuando se supone que lo hagan.

Integrantes republicanos del Grupo de los Ocho, Jeff Flake y Lindsey Graham, dijeron que defienden el sistema biométrico pero que no debe impedir el avance del proyecto.

Graham dijo que “estoy en contra de tener sistemas que nunca van a completarse en el transcurso de mi vida”, indicó refiriéndose a un sistema biométrico que todavía no puede implementarse a 100% de su capacidad. Por eso, agregó, el sistema E-Verify es la mejor estrategia de seguridad fronteriza porque “si controlas quién obtiene los trabajos, controlas la inmigración ilegal”.

El anteproyecto S. 744 se basa en cuatro ejes: seguridad fronteriza, verificación de empleo, inmigración legal y una vía de legalización para inmigrantes indocumentados.

El lunes el panel continuará debatiendo enmiendas al Título III, algunas pendientes del Título IV, y se espera que la semana entrante comience a considerar el Título II, el más controversial de todos y que contempla las visas para inmigrantes, incluyendo el corazón del proyecto: la vía de 13 años a la ciudadanía para millones de indocumentados.

*Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice