Los recortes federales desafían la transición energética en Georgia

Por Johani Carolina Ponce

Las cancelaciones de proyectos de energía limpia y los incrementos recientes en las tarifas eléctricas reflejan el impacto de los recortes federales impulsados por la administración Trump. Estas medidas amenazan con frenar el avance hacia un futuro energético más sostenible y aumentar los costos para las familias trabajadoras en Georgia.

Durante la Semana del Clima de Nueva York, líderes de distintos sectores coincidieron en que la innovación y la acción colectiva son esenciales para sostener el progreso frente al cambio climático. Sin embargo, el escenario en Georgia muestra cómo esas metas se ven amenazadas por decisiones federales que ponen en riesgo empleos y oportunidades.

En el evento “Encrucijada Climática: Impactos y Acción”, Antonieta Cádiz, directora ejecutiva de Climate Power En Acción, explicó que las comunidades latinas no sólo son víctimas del cambio climático, sino que también son líderes en la búsqueda de soluciones a la crisis. “Las comunidades latinas no solo afrontan algunos de los peores impactos del cambio climático, sino que también estamos liderando el camino con soluciones innovadoras en energía limpia y justicia medioambiental”. Añadió que ese propósito implica participación y acción: “Nuestro compromiso es claro: nuestras voces deben guiar las decisiones hacia un futuro más justo y sostenible, mientras creamos verdaderas oportunidades económicas para nuestras familias”.

Georgia pierde impulso en energía limpia

En febrero de 2025, la compañía Freyr Battery canceló su plan de construir una fábrica de baterías eléctricas valorada en 2,600 millones de dólares en los suburbios de Atlanta. El proyecto habría generado más de 700 empleos y posicionado al estado como un eje clave de la manufactura energética en el país. Según reportó la Associated Press, la empresa informó a las autoridades del condado de Coweta que desistía de la obra para concentrarse en una planta solar en Texas.

“Estamos muy agradecidos por el apoyo y la colaboración que encontramos en el condado de Coweta y en todo Georgia”, declaró la portavoz de Freyr, Amy Jaick, en un comunicado. “Sin embargo, por ahora nos enfocaremos en la instalación de manufactura solar en Texas”.

Poco después, la compañía Aspen Aerogels canceló la construcción de una planta de materiales térmicos en Statesboro, Georgia, con una inversión estimada de 325 millones de dólares y la pérdida de más de 250 puestos de trabajo, según reportaron Engineering News-Record (ENR) y WJCL News. La decisión representó otro golpe al desarrollo del sector de energía limpia en el estado y se produjo poco después de la aprobación del One Big Beautiful Bill Act, la llamada Ley Fiscal Republicana, que eliminó incentivos clave de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA).

De acuerdo con el informe Energy Crisis Snapshot, los cambios en la política federal han provocado la pérdida o retraso de más de 80,500 empleos y 42,800 millones de dólares en inversión privada en 37 estados. En Georgia, los proyectos cancelados o demorados ya suman 2,832 empleos y más de 3,800 millones de dólares en inversión perdida, según los datos del hub estatal de Climate Power.

Las familias sienten el peso de las decisiones federales

La suma de cancelaciones y demoras refleja un panorama de incertidumbre para el sector energético de Georgia. Mientras las autoridades locales buscan reactivar las inversiones, los hogares comienzan a sentir el impacto económico de las decisiones federales. En el último año, las tarifas eléctricas residenciales en Georgia han registrado un aumento moderado, en línea con el alza nacional de entre 2 % y 6 %, debido a mayores costos de generación y demanda energética creciente, según datos del Energy Information Administration (EIA) y Axios.

En promedio, las familias latinas destinan un 24 % más de sus ingresos al pago de energía que el resto de los hogares del país según un análisis publicado por La Opinión.

Frente a este panorama, líderes del ámbito climático y filantrópico llamaron a redoblar esfuerzos para proteger los avances logrados en estados como Georgia. Thais López Vogel, directora de la Fundación VoLo, enfatizó la importancia de mantener la acción climática al margen de la polarización política: “Creemos en soluciones prácticas y medibles basadas en datos científicos”, dijo.