Evaluarán pérdidas en cultivos de Georgia

Los agricultores de Georgia no se dan por vencidos, sus inquietudes desde que el gobernador estaba por firmar la ley HB 87, siguen tan latentes como en el comienzo, y ahora han anunciado que llevarán a cabo un estudio de pérdidas de la cosecha de este año, debido a la falta de trabajadores en los campos.

En ese sentido la semana pasada, los representantes del sector agrícola de Georgia dijo que revisará las pérdidas financieras que los agricultores aseguran haber sufrido este año como consecuencia de la promulgación de una ley migratoria que causó un éxodo de campesinos, la mayoría de origen latinoamericano.

Desde que se inició el debate, 270 prominentes miembros del sector agroindustrial se quejaron de que la estricta ley HB-87, que persigue la inmigración ilegal, ahuyentaría a los trabajadores inmigrantes hispanos de los que dependen para recoger frutas y verduras, reportó The Associated Press.

Charles Hall, director ejecutivo de la Asociación de Cultivadores de Frutas y Vegetales de Georgia, dijo que el estudio ayudará a determinar el importe de las pérdidas de los agricultores, guiará a los legisladores estatales al evaluar futuras leyes y reforzará los esfuerzos para mejorar los programas nacionales de trabajadores temporales, agregó la agencia.

Hall dijo que el estudio será realizado por Juan McKissick, ex director del Centro de Agronegocios y Desarrollo Económico en la Universidad de Georgia.

Agricultores han advertido que miles de hectáreas de cultivos quedarán estropeados y no se podrán vender a causa de una severa escasez de trabajadores la mayoría mexicanos y guatemaltecos que se fueron a otros estados en busca de nuevas oportunidades.

Georgia promulgó en mayo una severa ley migratoria que criminalizó la estadía indocumentada. Y a pesar de que un juez federal suspendió las partes más polémicas de la medida, miles permanecen con miedo a ser arrestados y deportados.

Varios de los artículos de la ley entraron en vigor el 1 de julio. Las empresas con más de 10 empleados tendrán plazo hasta julio de 2013 para acceder a la base de datos del E-Verify, que permite verificar el estatus migratorio de los contratados nuevos.

Algunos agricultores afirman que en el estado hay 11 mil puestos de trabajo vacantes, que el gobernador propuso llenar con criminales de las cárceles, pero que éstos tampoco respondieron a las expectativas de los agricultores, por lo que la iniciativa fue objeto de burlas y descrédito por parte de los afectados.