En Atlanta, atienden a víctimas del conflicto colombiano

Por: Rafael Navarro-ENG

Mauricio Meneses, dice que la vida de su familia transcurría con normalidad en Medellín Colombia, hasta que un día su hermana Magali quien iba para la universidad fue secuestrada lo que dio un vuelco total a la dinámica que la familia llevaba hasta ese momento.

“Ella estudiaba en la universidad de Antioquia y salió para clases como normalmente lo hacía y desapareció por dos días, y luego nos la devolvieron, nos la pusieron al frente del edificio donde vivíamos”, recuerda su hermano residente ahora en Greenville, Carolina del Sur, como asilado con el resto de su familia.

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Magali fue devuelta a sus familiares, como lo narra Mauricio, pero sin vida, y desde ese momento supieron que todos podrían correr peligro sin explicarse por qué. La Fiscalía de su país tomó la respectiva denuncia y asumió “las investigaciones” que hasta el momento, más de 14 años después no han arrojado resultados.

Magali estaba casada con un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Colombia, y ese es el único lazo que la familia ata, con la forma cómo sucedieron los hechos.

Aconsejados por las mismas autoridades colombianas, la familia se trasladó de Medellín a Bogotá y de ahí a Estados Unidos en calidad de asilados, todas sus pertenencias, negocios y demás prácticamente se quedaron abandonadas por la forma intempestiva como sucedieron los hechos.

El caso de Liliana Cataño, es similar, en el año 2000 ella estaba estudiando en la universidad y su padre tenía una compañía de camiones, un día fue víctima de un atentado que lo dejó en estado crítico hasta que mes y medio después falleció.

“Atentan contra él por haber cruzado barreras invisibles, en una zona dominada por los paramilitares…” narra Cataño.
El era la cabeza del hogar y partir de ese momento tuvieron que buscar otras maneras de conseguir el sustento. “La vida cambio totalmente para nosotros”, dice.

Ley de restitución de victimas

Mauricio, Liliana y alrededor de 7 millones de personas más en Colombia–de acuerdo al cónsul de ese país en Atlanta–, hacen parte de las funestas cifras que ha dejado el conflicto armado en más de 50 años, sin embargo, de acuerdo a parámetros de la ley colombiana, la mayoría de los afectados tendrían derecho a algún tipo de reparación, restitución o indemnización por parte del estado, en lo que se conoce como la “Ley de Victimas”

Esta ley reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido (no solo a modo de indemnización sino también rehabilitación física y sicológica, la reparación simbólica y la restitución de tierras), a recibir justicia y a que los hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir.

Es una ley aprobada por el Congreso que es complementaria de todos los procesos de paz que se han venido realizando en el país, y tiene como objetivo la reivindicación de todas aquellas personas que han sufrido con la violencia en el país…”, dijo el cónsul en Atlanta Bladimiro Cuello.

Cuello, presidió hace algunos días una jornada de registro de posibles víctimas en la jurisdicción de su consulado, con el fin de enviar sus expedientes a Colombia y comenzar a gestionar los procedimientos adecuados en cada caso, de manera que se atienda a quienes están aquí y las autoridades decidan el tipo de reparación a que tendrían derecho.

Esto, atendiendo a que, las víctimas que se encuentran fuera del territorio nacional, tienen derecho a acercarse de manera voluntaria al consulado de Colombia que les quede más cerca a su lugar de residencia, para poder rendir la declaración y solicitar ser inscritas en el Registro Único de Víctimas. Adicionalmente, tendrán derecho a ser incluidas en los programas de retorno y de reubicación previstos en la ley.

Inconformismo

A la familia Meneses sin embargo, las cosas no les han salido tan fácil y su solicitud les ha sido negada.
“El gobierno me dice que no tengo derecho ni siquiera a un saludo, que lo de mi familia no es desplazamiento forzado”, dice Mauricio y se cuestiona.

“¿Entonces qué es lo que quiere el gobierno que nos maten a todos y nos manden para el infierno”.

Meneses dice que su familia no busca una reparación económica, sino la restitución de los bienes de su familia que fueron dejados abandonados cuando les tocó salir. “Es una injusticia porque como a nosotros, miles de familias colombianas han sido desplazados por el problema interno que hay en Colombia, y el gobierno debiera asumir toda responsabilidad”.

Liliana por el contrario, dijo que su proceso va bien, porque ya le confirmaron que su caso había sido aprobado, y ahora solo estaba en espera de que el gobierno decidiera el tipo de indemnización que ella y su familia iban a recibir.

Un árbol como señal de esperanza

“Este es un acto simbólico de la paz y la reconciliación que estamos todos esperando en Colombia…”, dijo el cónsul Bladimiro Cuello, luego de plantar un árbol el pasado 9 de abril, en una sencilla ceremonia de recordación de los millones de víctimas del terrorismo en Colombia, a la que asistieron Mauricio y Liliana, entre otros.

“En más de 50 años, han sido más de 7 millones de víctimas, de desplazamientos, homicidios, muertos, viudas, pérdida de la capacidad laboral de nuestro pueblo…”, recordó.