2017 un año duro para los inmigrantes

El Nuevo Georgia News

No cabe duda que el 2017 será recordado como un año de contraste para nuestra comunidad latina en Estados Unidos y en particular en el Estado de Georgia.

El tema migratorio volvió a tomar posesión en los principales titulares de la prensa con la llegada de Trump al poder el 20 de enero y desde entonces ha marcado la pauta por la forma cómo el primer mandatario ha tratado, por todos los medios, de endurecer sus políticas de represión y miedo, talo como lo prometió a lo largo de su campaña electoral.

DACA y las deportaciones

A partir del pasado 5 de septiembre y luego de meses de rumores e incertidumbre, Donald Trump decidió rescindir DACA, el programa de Barack Obama que protegía de la deportación y ofrecía permisos de trabajo a unos 800,000 dreamers que llegaron a Estados Unidos como menores.

Desde esa fecha: No se procesan nuevas solicitudes. Es decir, si un inmigrante no está protegido por el programa, ya no podrá acogerse al mismo. Las solicitudes presentadas antes de esa fecha siguen siendo procesadas.

Los dreamers que tengan un permiso DACA que expire hasta el 5 de marzo de 2018, pudieron solicitar una renovación de dos años, antes del 5 de octubre.

Esta noticia ha sido una de las peores en los últimos años para los inmigrantes, por todo lo que encierra, pero funcionarios de DHS dijeron que el servicio de inmigración (USCIS) no tiene planes de compartir los datos personales (direcciones, por ejemplo) con las autoridades del cumplimiento de las leyes de inmigración (ICE), excepto en caso de amenaza a la seguridad nacional.

El destino de la información que los dreamers han compartido voluntariamente con el gobierno federal ha sido una de las principales preocupaciones sobre el fin de DACA.

Al cierre del año fiscal 2017 este pasado septiembre también, el director de ICE, Thomas Homan, dijo que ordenó multiplicar por cuatro o por cinco las inspecciones en centros de trabajo en búsqueda de inmigrantes indocumentados, una tarea a cargo de su unidad investigativa.

“Este año nos estamos tomando muy seriamente la ejecución de la ley en los puestos de trabajo”, dijo Homan en un centro de estudios conservador en Washington DC. “Y verán un aumento significativo este siguiente año fiscal”, citó el portal, uno de los más seguidos en Estados Unidos.

El TPS

Sin que fuera una sorpresa para muchos, pues ya se venía anunciando la posibilidad del fin de este beneficio migratorio para las personas que lo tiene, el  Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció también el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses y una prórroga automática por otros seis meses para Honduras, ya que sobre é, no han tomado una decisión definitiva.

Lo que significa esta medida es que, para los ciudadanos de Nicaragua, una vez se termine la última extensión el próximo 5 de enero de 2018, habrá un período adicional de 12 meses, hasta el 5 de enero de 2019, para permitir un regreso ordenado al país centroamericano de los cerca de 2,500 inmigrantes indocumentados beneficiados, o para que durante ese tiempo puedan regularizar su permanencia por cualquier otra vía legal, según han dicho expertos.

Suben crímenes de odio

Nuevas estadísticas recogidas por el Buró de Investigaciones—FBI, por sus siglas en inglés da cuenta que los crímenes de odio especialmente contra la comunidad latina crecieron en un 15% a partir del año 2016.

Dice el informe que las agresiones van desde los insultos por su aspecto físico lo que genera el rechazo de sus agresores que les gritan “regresa a tu país”, hasta los niños que sufren acoso en las escuelas por ser mexicanos, amas de casa acosadas por hablar en español en el supermercado, insultos y acoso a ‘dreamers’ a través de redes sociales, agresiones en el transporte público y casas de hispanos vandalizadas con grafitis antiinmigrantes, entre otros.

De acuerdo al informe anual del FBI publicado recientemente, los crímenes de odio aumentaron un 4.6%, de 5,850 en 2015 a 6,121 en 2016. “Los incidentes contra latinos aumentaron un 15% con respecto al año anterior. Los judíos, los musulmanes y las personas LGBTI también sufrieron más episodios de violencia que en 2015”.

Sin embargo quienes estudian estas estadísticas afirman que se debe tener en cuenta que los datos del FBI no representan la realidad de forma fidedigna. Por un lado, las agencias policiales no están obligadas a reportar sus datos sobre crímenes de odio al FBI y alrededor de 3,000 de ellas no lo hacen.

“El 88% de las que deciden entregar su información reportan 0 incidentes. Por otro, solo uno de cada tres crímenes de odio es denunciado a las autoridades, según un estudio del Departamento de Justicia de 2013”, anota el informe

En Georgia

Sean Gallagher, director de la oficina de Atlanta para el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos—ICE, por sus siglas en inglés, advirtió a los inmigrantes indocumentados en Georgia y Las Carolinas que estén preparados para ser deportados a sus países de origen porque en cualquier momento pueden ser deportados.

“Ellos saben que en cualquier momento mientras están en el país ilegalmente podrían estar sujetos a la deportación”, dijo Sean Gallagher, hablando para el diario local The Atlanta Journal Constitution.

El oficial dijo que ICE, se centra en arrestar a personas que representan amenazas para la seguridad pública y la seguridad nacional. Al mismo tiempo, confirmó que sus oficiales también están capturando a otros inmigrantes no autorizados con los que se encuentran mientras buscan sus objetivos. ICE llama a tales aprensiones “arrestos colaterales”.

Gallagher también confirmó que la administración Trump está considerando expandir en Georgia el programa 287 (g), el cual permite a los oficiales de las fuerzas locales del orden ayudar a hacer cumplir la ley federal de inmigración, en tres o cuatro condados más, por ahora este programa opera en Gwinnett, Cobb, Hall y Whitfield.

Las cifras de persecución, arrestos y deportaciones desde Georgia en 2017, sobrepasaron los índices nacionales que se posesionaron en un 41% algunas organizaciones dicen que a nivel estatal esta cifra fue del 75%.