HB-87: en la cuerda floja

Por: Rafael Navarro-ENG

La decisión del juez Thomas W. Thrash Jr, de no emitir un concepto ni a favor ni en contra de la demanda por inconstitucional interpuesto contra la ley HB 87, firmada por el gobernador Nathan Deal, creó reacciones encontradas distintos sectores de la comunidad, quienes esperan ahora con cautela, lo que pueda suceder en los próximos días.

“Ya he escuchado las dos partes, ahora debo asesorarme mejor para tomar una decisión antes del primero de julio”, comentó América Gruner de la Coalición de Líderes Latinos de Dalton, al nuevo Georgia, a cerca de lo que había dicho el juez Thrash antes de cerrar la cesión el pasado lunes 20 de junio.

Para Gruner quien ha seguido de cerca los acontecimientos derivados de los debates, aprobación y posterior firma de la ley, lo que sucedió en la Corte Federal es un paso hacia adelante, en la medida en que el magistrado tomó en cuenta los argumentos de la demanda, pero también hizo serios cuestionamientos a la abogada del gobernador.

Al cuestionar a la parte demandada sobre cuál era la intención de la ley HB-87, el abogado dijo que era que todos los indocumentados se salieran del estado y recordaron su “preocupación” por los recursos estatales ya que los inmigrantes ilegales se estaban gastando estos recursos en servicios médicos y beneficios públicos.

Recordó Gruner que cuando el juez le preguntó que cómo se implementaría esta ley y cómo los oficiales de policía sabrían quién es indocumentado y quién no y cómo podrían evaluar el estatus migratorio de las personas, el abogado dijo que sería igual a como se está haciendo ahora, ante lo que éste dijo que no podía seguir siendo como se está haciendo ahora.

La otra pregunta acerca de que si un muchacho que transporta a su mamá que es indocumentada, lo detendrían y sería tachado de criminal y encarcelado y el abogado del Estado dijo que eso era correcto, a lo cual el juez no estuvo muy convencido.

“El juez preguntó si el estado no estaría haciendo las veces del gobierno federal y tomando funciones de inmigración a lo que el Estado no respondió de manera clara…y el juez le dijo, no me está respondiendo la pregunta…y le dijo que se le había terminado el tiempo de su argumento”, recordó Gruner, como punto positivo de la audiencia.

La abogada Karen Tumlin, del Centro de Leyes sobre Inmigración, contrarrestó los argumentos del Estado diciendo que la autoridad de inmigración, solo corresponde al gobierno federal, y habló de que las organizaciones e individuos demandantes sufrirían la criminalización al realizar sus actividades diarias si se pone en práctica esta ley.

“Lo ideal hubiera sido que el juez tomara una decisión, pero me satisface porque él estuvo haciendo las preguntas que nosotros teníamos también y se hizo evidente la falta de preparación del abogado del Estado puesto que estaban dando argumentos que no eran consistentes con lo mismo que ellos están diciendo y estaban diciendo abiertamente que lo que quieren es deshacerse de los indocumentados…y esa es su verdeara razón”, enfatizó América Gruner.

“Insisto que es inconstitucional”

El abogado Charles Kuck uno de los demandantes, dijo a El Nuevo Georgia, que él insistía en que la HB 87 era inconstitucional desde el mes de enero cuando supo que la estaban elaborando y luego durante su debate.

“Siempre he estado confiado en que ganaremos, porque esta ley viola la constitución pero hay que seguir luchando”, dijo el jurista.

Kuck recordó que el juez Thrash hizo muchas más preguntas al gobierno sobre una ley que a su modo de ver es racista en muchas maneras y en su implementación y sabe lo que va a hacer el juez antes del primero de julio.

“Yo no predigo a los jueces federales, este un hombre obviamente preparado, listo, y determinado para tomar una decisión correcto, es un hombre y un buen abogado, antes de ser un juez…tenemos mucha confianza en que seremos exitosos pero no puedo predecir lo que sucederá…” anotó.

Dijo que había sido muy favorable la audiencia porque las respuestas del abogado del gobierno y lo que estaba pensando el gobernador el día que firmo la ley, obviamente no están basadas en la verdad, porque si hubieran hecho esta ley por razones económicas “¿Dónde está la nota fiscal diciendo cuánto va a ahorrar el Estado?” se preguntó y luego observó.

“¿Si era por razones de desempleo, porque no hay evidencias de eso en la ley? Ya sabemos que más de 50 mil trabajos hacen falta solo en el sur del Estado…obviamente la razón de la ley es clara…tirar a los inmigrantes fuera del Estado”, concluyó.

Un camino largo

Teodoro Maus de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, dijo sentirse un poco más optimista, pero admitió que el camino por recorrer aún era largo.

“Estamos seguros de que este es el principio del fin, pero queda aún un camino largo, hay que seguir luchando hasta vencer estas leyes”, dijo.

Otros aspecto destacado durante la audiencia es que en repetidas ocasiones el juez se centró en la practicidad de la ley y puso en duda su propósito, sugiriendo que no se aplicará de forma consistente a través de 159 condados del Estado y dijo que las autoridades locales podían escoger y elegir a que personas favorecer o no.

Sobre ese aspecto en la rueda de prensa, Karem Tumlin la abogada que enfrentó al gobierno en la corte, dijo que “Él (juez) entiende claramente que hay cuestiones constitucionales en juego”.

“Fue muy elocuente cuando dijo:” Por lo tanto, vamos a tener 159 diferentes esquemas de control de inmigración en el Estado”, recordó la abogada.

Citado por el diario Atlanta Journal Constitution el asistente del Fiscal General del Estado Devon Orland, dijo que el propósito de la ley era “conducir a todos los inmigrantes indocumentados de Georgia”.

“Orland respondió que los inmigrantes ilegales le cuestan al estado millones de dólares por la carga para las cárceles y los hospitales en un momento de alto desempleo”, citó el diario.