Proyecto de ley busca revocar HB-87 en su totalidad

Por: Rafael Navarro -ENG

Manisha Lance y Aparna Bhattacharyya, no tienen ni nombre ni apellidos hispanos, pero la preocupación de estas dos mujeres es compartida y conocida de cerca por la comunidad latina de Georgia, desde que la ley HB-87 comenzó a hacer parte de la vida estatal con su carga de elementos dañinos para inmigrantes de todas las latitudes.

Bhattacharyya, quien es la directora ejecutiva de Raksha Inc, una organización sin fines de lucro que sirve de soporte a la comunidad sur asiática en el estado de Georgia, fue una entre las dos decenas de oradores en la primera audiencia para revocar todas las partes de la HB-87, en las que se agrede a los extranjeros que no tienen un estatus legal en Estados Unidos.

“Hemos notado que a raíz de esta ley muchas de nuestras clientes que son sobrevivientes o víctimas de violencia doméstica, no se atreven a denunciar los crímenes por miedo a ser deportadas”, dijo Bhattacharyya, en medio de un salón repleto de personas que querían exponer sus puntos de vista.

Su compañera Lance, quien es una de las voluntarias de la organización, recalcó que han notado como el número de denuncias han decaído desde la entrada en vigor de la ley, y dijo que con el tiempo muchos de estos crímenes nunca serán denunciados, ahora por miedo a una ley y no a su agresor.

“Eso es lo que venidos a decir, eso es lo que estamos viviendo y por eso pedimos que la ley sea revocada”, dijo Lance.

Antes que ella, Ángel González, quien se identificó como un “regular guy”, dijo que estaba en contra de le ley, no porque él fuera indocumentado, sino porque el estado del cual él hacía parte estaba perdiendo mucho dinero y eso afectaba la prosperidad de todos.

“Tengo 21 años, aquí vivo y aquí quiero desarrollarme, pero así no voy a poder, esta ley es mala”, dijo González.

¿Dinero, dinero, dinero?

Karen Bremer, directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes de Georgia, no solo ha sido una de las que abiertamente se ha opuesto a la ley HB-87, sino que recientemente en la audiencia de la Cámara de Representantes, dijo que el gremio que ella representaba que no solo eran restaurantes, sino centros nocturnos y parte de la industria del entretenimiento, estaban preocupados por las pérdidas que representaría la ausencia de la mano de obra de los inmigrantes y en encarecimiento de los costos por aplicar la HB-87.

Recordó cómo ellos habían advertido a cerca de los riesgos de la legislación cuando casi la mitad de los 523 restauranteros de todo el estado dijeron estar teniendo problemas para encontrar buenos trabajadores.

“Nosotros pedimos revocar esta ley porque atenta contra la economía de un gremio que aporta miles de millones de dólares al desarrollo del estado”, dijo Bremer.

La asociación condujo una encuesta según la cual el 91 por ciento de los dueños de negocios se oponían a la ley de “reforma migratoria” de Georgia, conocida como la HB-87.

De acuerdo a cifras del Departamento de Comercio, la industria de los restaurantes tiene una participación en la economía del estado de unos 14,1 mil millones de dólares al año y sus agremiados han apoyado desde el comienzo una reforma migratoria integral, pero sólo a nivel federal, como lo ha ratificado otra vez su representante Karen Bremer.

El representante demócrata Lynmore James de Montezuma dijo que “Georgia se merece algo mejor que un proyecto de ley que cuesta millones de dólares en cultivos perdidos, pérdida de ingresos y oportunidades perdidas”, y con esta declaración se unió a la preocupación de los agricultores quienes han estimado sus pérdidas desde antes de entrar en vigor la ley en casi 75 millones de dólares.

“Yo soy un agricultor de Georgia. Yo sé que nuestras familias no pueden permitirse el lujo de tener a los políticos jugando con su comida. Si queremos buenos trabajos y una economía más fuerte, el primer paso es que se derogue la HB 87”, enfatizó James.

Una cruda realidad agraria

Las palabras de representante James quien vive en una zona agrícola, concuerda con informes del propio el comisionado de agricultura Gary Black, cuando advirtió el pasado 3 de enero que la falta de trabajadores en el campo causó pérdidas que superan los 10 millones de dólares en los cultivos de por lo menos 500 agricultores, desde julio del 2011 cuando entró en vigor la HB-87.

Black un republicano adepto al gobernador Deal, dijo que esto se debía sin duda a las consecuencias de la puesta en marcha de la ley HB-87 y las restricciones que esta pone a la contratación de empleados, especialmente si son extranjeros que deben demostrar su estancia legal en el país a través de los programas federales de verificación de empleados, mejor conocido como E-Verify.

“Las leyes difíciles de Georgia aprobadas el año pasado como la HB-87 probablemente asustaron a algunos trabajadores” concluyó el estudio.

Entre las cifras dadas a conocer en el informe se estima que las pérdidas totales en más de 40.000 granjas de Georgia fueron de $ 74,9 millones en siete cultivos principales, y que la mano de obra vacante fue de unos 11.080 puestos de trabajo.

Por su parte, la Asociación de Productores de Hortalizas y Frutas de Georgia han estimado que la escasez de mano de obra que afecta a los condados del sur del estado podría estar poniendo en riesgo unos $ 300 millones de dólares en cultivos durante este año, si se tienen en cuenta los efectos de la ley el año pasado.

La industria agrícola es la número uno de Georgia, generando $ 68 billones de dólares y da empleo a uno de cada siete georgianos.

El comisionado de agricultura también ha dicho que, uno de cada cinco agricultores entrevistados habían señalado que tenían problemas para encontrar suficientes trabajadores, el 40 por ciento dijo que el programa del gobierno federal para traer a trabajadores huéspedes era tan engorroso, lento y complejo, que no era utilizable, y bajo esa perspectiva lo que puede esperarse para este año 2012 es más escasez de obreros del campo.

Revocar o no revocar, he ahí la cuestión

Líder de la minoría demócrata en la legislatura estatal, Stacey Abrams explicó los efectos devastadores de la HB 87, y la definió como un intento de los republicanos de hacer una reforma migratoria que no les ha servido sino para darle pérdidas al estado.

“La HB 87 es un intento fallido de reforma migratoria que simplemente ha servido para paralizar la economía de Georgia”, dijo Abrams.

Dijo que las cifras dadas a conocer por el propio comisionado de agricultura eran muy modestas porque se sabía que el problema era aun mucho mayor.

“Estos estimados son muy modestos del precio que han debido pagar los agricultores en estos 6 meses cuando se habla de 75 millones de dólares solo en cosechas perdidas, sin tener en cuenta a las miles de granjas familiares y pequeños almacenes y comerciantes que dependen de la industria agrícola de Georgia para sobrevivir”, anotó.

“Los agricultores de Georgia han sido víctimas de un experimento fallido. Hemos visto cómo mueren los cultivos en los campos, y millones de dólares han sido drenados de nuestra economía. El Estado debe salir debe dejar este asunto de la inmigración al gobierno federal y retornar a la actividad de producción de suministro de alimentos a la nación”, dijo Pedro Marín, quien es el autor del proyecto de ley HB-796 con el que se busca revocar la HB-87.

Lo que busca la HB-796

Luego de escuchar los testimonios de todos los que se mostraron en contra de la HB-87 y a favor de que fuera revocada, el legislador Pedro Marín dijo que le resultaba muy doloroso.

“Oír estos testimonios de compañías que han tenido que despedir a sus empleados por tener que cumplir esto del número de E-verify, primero y segundo, como seguimos siendo racialmente identificados, por eso llamamos a revocar o repudiar la HB-87 en su totalidad”, dijo Marín.

Enfatizó en que, lo que busca el proyecto de ley HB-796, es que todas las secciones de la HB-87 sean revocadas, que salgan de todos los libros de códigos del estado de Georgia.

“Nosotros necesitamos trabajar con armonía, nosotros necesitamos trabajar con confianza, nosotros no estamos aquí para estar fiscalizando, nosotros estamos aquí para proveerles a nuestros ciudadanos, mejores trabajos, mejores servicios de salud, mejor educación”, dijo y añadió.

“Nosotros no estamos aquí para estar identificando un grupo y no solo identificándolo, sino que a la misma vez, lo que está haciendo es que está dañando la economía de este gran estado”

Refiriéndose a los testimonios de las organizaciones que están preocupadas porque, no se denuncien los crímenes cometidos contra personas vulnerables que no tengan documentos legales para estar en el país, dijo que eso era muy delicado y era uno de los efectos malos de la HB-87.

“Todas las personas en estos momentos que no tienen un estatus legal en este estado y sufren algún crimen tienen ese temor de poder poner en conocimiento cualquier querella o crimen que haya sido cometido en contra de ellos”, dijo el legislador.

También recordó que el año pasado ellos tuvieron la oportunidad de oír a los representantes de la industria del pollo, las carpetas y alfombras, restauranteros, agricultores, comunidades religiosas y las cámaras de comercio, pero nadie les hizo caso en sus advertencias.

“Ahora se está viendo el resultado de ese voto que se hizo el año pasado de la HB-87”, señaló.

Por su parte Larry Pellegrini, analista político de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos–GLAHR, quien tomó parte de la audiencia en contra de la Ley de Inmigración de Georgia, dijo que la misma aprobación de la pieza legislativa había sido un error.

“La aprobación de la HB 87 fue un error. Las familias, la economía y la reputación de Georgia han sido heridos”, dijo Pellegrini.

Seguidamente anotó: “Aplaudimos al grupo Demócrata por hacer el esfuerzo para revertir las consecuencias destructivas de esta ley, a través de este nuevo proyecto que busca corregirlo en su totalidad”, dijo en nombre de GLAHR.

“Lamentamos que todo el esfuerzo que hizo en Georgia para aprobar esta ley inviable, no se hubiera hecho para presionar al Congreso para que aprobara una reforma migratoria integral. Georgia debe ahora retirar la fracasada HB 87 y seguir adelante con las políticas que respeten y valoren todos sus residentes”, concluyó.

Todos a favor, pero…

Sin que eso signifique que no le pondrán todo su empeño, los demócratas y en especial el representante Marín advierten que quizá su proyecto de ley no sea aprobado en un año electoral con una mayoría republicana.

“Queremos dejar en claro que nuestra prioridad es la economía y trabajar por las zonas rurales de Georgia”, expresó Marín.

En ese mismo orden de ideas, los demócratas también están preparados para seguir oyendo más de lo mismo por parte de sus compañeros del partido republicano, los que ya preparan proyectos como el que busca prohibir que haya inmigrantes ilegales en todas las universidades del estado y otro que obligaría a las escuelas primarias y secundarias y a los centros médicos a verificar el estatus migratorio de estudiantes y los pacientes, respectivamente.

Sobre ese aspecto Stacey Abrams, líder de la minoría dijo que los demócratas “Han desarrollado un paquete legislativo que va a crear buenos empleos y una economía fuerte, promover la recuperación de las zonas rurales y ayudar a pequeñas empresas a crecer a partir de ahora”.

“Algunos republicanos del sur de Georgia que votaron a favor de la ley HB87 dijeron que han escuchado las preocupaciones del sector agrícola y que ahora desean aplicar cambios en su aplicación”, reportó el diario The Atlanta Journal Constitution, con lo que se prevé, que quizá algunos legisladores de esa colectividad o apoyen a la HB-796 o un proyecto menos ambicioso de reformas y no de revocación total.

Así mismo, ante las críticas y las inocultables evidencias de fracaso, los fiscales de Georgia y Alabama le han solicitado a la Corte Federal de Apelaciones que suspenda las acciones en relación a las demandas de las leyes HB-87 y SB 56, respectivamente, es decir, que no se pronuncie aún hasta que no se resuelva en la Corte Suprema el caso de la ley SB-1070 de Arizona.

El último informe del Centro Hispánico Pew estima que el número de inmigrantes indocumentados en Georgia es de 425.000, y representa el lugar número 7 entre los estados con mayor población ilegal en el país.

El representante Pedro Marín cuando argumentaba los alcances del proyecto HB-796