2011 un mal año para los inmigrantes de Estados Unidos

La líder comunitaria Adelina Nicholls directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos GLAHR, por sus siglas en inglés, dijo al cierre de actividades del 2011 que este había siso un año negro en materia de inmigración, y no es la única que así lo siente.

Organizaciones y comunidades a nivel nacional opinan lo mismo una vez hechos los balances de fin y comienzo de un nuevo año. “La reforma migratoria se perdió en medio de un odioso clima antiinmigrante en Estados Unidos”, dijo la cadena de noticias Univisión en su balance del tema.

“Las pocas esperanzas que lucieron los 11 millones de indocumentados en enero de 2011, de ver concretado el sueño de una reforma migratoria, se vieron truncadas con el paso de los meses y la aprobación de leyes similares a la cuestionada SB1070 de Arizona, la primera que criminalizó la estadía indocumentada en Estados Unidos”, anotó un análisis de esa empresa.

Una de las cosas que se recuerda es que, simultáneamente a los llamados al Congreso para debatir el tema migratorio, la Administración siguió adelante con la ejecución del programa federal E-Verify, para cercar y poner atajo a la contratación de trabajadores sin papeles.

Otro lunar negro fue el de la puesta en descubierto de las llamadas “redadas silenciosas” que siguieron en aumento.

“El 19 de abril el gobierno anunció que invertiría capital político en la reforma migratoria, pero activistas y dirigentes hispanos dijeron que estaban decepcionados con Obama al no ver cumplida una promesa lanzada durante la campaña presidencial 2008, cuando dijo que empujaría la aprobación de una reforma migratoria comprensiva durante el primer año de su mandato”

Luego de una fuerte controversia en Georgia el 13 de mayo el gobernador, Nathan Deal, promulgó una ley migratoria que, al igual que en Arizona y Utah, otorga poderes extraordinarios a las policías para que sus agentes arresten a extranjeros sin papeles de estadía legal y obliga a los patronos registrarse obligatoriamente en el sistema federal de verificación de datos conocido como E-verify.

También aplica penas a quienes dan transporte o refugio a inmigrantes indocumentados a sabiendas, y convierte en delito la presentación de documentos o información falsa al solicitar empleo.

Un mes después, el 12 de junio, la jueza federal de distrito, Sarah Evans Barker bloqueó la ley migratoria de Indiana que otorgaba poderes amplios a las policías para realizar detenciones de inmigrantes que no han cometido delitos.

Dos semanas más tarde, Carolina del Sur promulgo Ley S20, que también concede poderes extraordinarios a las policías para arrestar a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados, convierte en delito fabricar tarjetas de identidad con fotografía para los inmigrantes indocumentados y crea una nueva unidad policial dentro del Departamento de Seguridad Pública con el objeto de aplicar la ley de inmigración.

El 18 de agosto el gobierno anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrán tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

Abogados, sin embargo, advirtieron que la medida no se trata de una amnistía y recomendaron a los indocumentados que antes de dar cualquier paso, consulten con un experto certificado en la ley de inmigración de Estados Unidos.

A esto siguió la feroz ley de Alabama HB-56, que el gobierno demandó el 7 de octubre y los jueces hasta ahora han frenado, como lo han hecho las de los demás estados.