Asilo por violencia doméstica no procede en política ‘tolerancia cero’

Las cosas parecen ir de mal en peor bajo la administración n Trump-Sessions, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de las personas más vulnerables.

En los últimos 15 años, los jueces de inmigración y la Corte de Apelaciones de Inmigración han decidido que las víctimas de violencia doméstica o de pandillas pueden ser elegibles para asilo en EEUU. El fiscal general Jeff Sessions revirtió esa decisión.

Un informe de la cadena Univisión reveló que, la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno Trump, que pone fin a la separación de menores de sus padres, dejó fuera el propósito de miles de familias que hacen el largo y peligroso viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo por violencia doméstica y persecución de pandillas.

Desde 2013—dice el inmforme- una oleada sin precedentes de migrantes originarios del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), ha emprendido viaje al norte para escapar de la violencia doméstica, de pandillas y la pobreza, y poner sus vidas bajo el resguardo del gobierno estadounidense.

El pasado 11 de junio, sin embargo, el fiscal general Jeff Sessions ordenó a los jueces de inmigración que desestimen pedidos de asilo por violencia doméstica y de pandillas, dos causales que para el gobierno no están incluidos en los cinco motivos señalados por la ley, siendo ellos persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.

Sin embargo en una carta publicada por un grupo de 15 ex jueces de inmigración en respuesta a la decisión de Sessions, los magistrados rechazaron las limitaciones a la ley de Asilo y señalaron que, “como ex jueces de inmigración con décadas de experiencia en el nivel de juicio y apelación, consideramos que la decisión del fiscal general es una afrenta al estado de derecho”.

Los magistrados dijeron, además, que las consecuencias de vida o muerte que enfrentan los solicitantes de asilo hacen que sea extremadamente importante mantener dicho análisis inmune a las consideraciones políticas a las que los miembros del gabinete están sujetos.

El grupo precisó además que el reconocimiento de la BIA (Corte de Apelaciones de Inmigración) de que una víctima de violencia doméstica puede ser elegible para asilo como miembro de un grupo social en particular, fue la culminación de un proceso de 15 años a través de los tribunales de inmigración y la Corte de Apelaciones.

Y que esta consideración fue certificada “por tres Fiscales Generales diferentes (un demócrata y dos republicanos), quienes finalmente eligieron dejar la determinación final a los jueces de inmigración y al BIA”, precisaron en la carta.

Estas prácticas no fueron consideradas en la nueva política publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).