Denuncian poca protección a “Trabajadores huéspedes”

Un análisis reciente encontró serias deficiencias en el Programa de Intercambio Visitantes, conocido como Visa J, el cual da a los empleadores importantes incentivos económicos para contratar a trabajadores extranjeros por encima de trabajadores de EE.UU., al tiempo que no les proporciona ninguna protección laboral.

Así lo acaba de denunciar el Instituto de Política Económica (EPI). Además, el Departamento de Estado, que supervisa el programa de visa J1, recoge muy pocos datos sobre los titulares de visa y se basa en solo en los empleadores y las organizaciones patrocinadoras de dichas visas para regularse a sí mismos.

“Esta externalización de la responsabilidad de supervisión de dicha agencia contribuye a una severa explotación de los poseedores de la Visa J1, el mayor grupo de trabajadores extranjeros que ingresan anualmente a los Estados Unidos, conocidos como trabajadores huéspedes”, dice Daniel Costa analista político del EPI.

Para Costa, el programa de Visas J fue creado para facilitar los intercambios educativos y culturales, entre trabajadores foráneos y los nativos o con permiso para trabajar dentro del país y es responsabilidad total del Departamento de Estado.

Los extranjeros menores de 16 años pueden entrar a Estados Unidos, bajo el amparo de la Visa J-1 y sus distintas categorías, las que abarcan una amplia gama de oficios y una amplia gama de niveles de habilidad. La participación en el programa se ha incrementado dramáticamente desde que se comenzó a llevarse a cabo en 1962 cuando fueron 27, luego 910 y en el 2010 el número había aumentado a 353.602, con Visa J.

La mayor categoría J-1 corresponde a lo que se llama Programa de Trabajadores de Verano, que en 2010 admitió 132.000 estudiantes universitarios extranjeros para períodos de trabajo de cuatro meses.

Casi cualquier entidad gubernamental, sin fines de lucro o con fines de lucro puede ser patrocinador de Visa J, y los patrocinadores pueden ser, tanto usuarios del programa de Visas J-1 de manera directa, como ser supervisores de empleadores que lo hacen.

Los empleadores tienen varios incentivos financieros significativos para emplear personas con Visa J-1 en lugar de trabajadores de EE.UU..

La visa J no tiene ningún requisito de salario prevaleciente, lo que permita a estos empleadores pagar salarios por debajo lo que percibirían trabajadores locales, en la misma región y la misma ocupación, posiblemente, salarios mucho más bajos que los trabajadores huéspedes que tienen visa H-1B, H-2A y visas H-2B, todos ellos amparados bajo requisitos de salario legal y plenamente establecidos.

Además, los empleadores están exentos del pago del Seguro Social, Medicare, impuestos federales y estatales de desempleo a quienes tienen una Visa J-1. Y como los que tienen la Visa J están obligados a pagar por su propia cobertura de seguro de salud durante su estancia en los EE.UU., los empleadores pueden contratar con visa J sin pagar por sus costos de atención médica, otro importante ahorro para ellos.

Los empleadores tampoco están obligados a anunciar sus posiciones abiertas o contratar a trabajadores desempleados de EE.UU., incluso en áreas en los Estados Unidos que sufren de altas tasas de desempleo.

En los últimos años, muchos de los participantes en el programa se han quejado de bajos salarios, condiciones insalubres de vida, y despidos inesperados, que los obligó a valerse por sí mismos sin el apoyo de sus patrocinadores, sus empleadores o el Departamento de Estado.

“Nuevas regulaciones del Departamento de Estado para el Programa de Trabajo de Verano entraron el 15 de julio, y están diseñadas para proporcionar protección adicional a los participantes sus, pero estos cambios son superficiales en gran parte por la falta de supervisión”, concluyó Costa.