Negarán residencia por pedir ayuda pública

Esta semana se hizo realidad una de las tantas amenazas del presidente Trump contra los inmigrantes, en el sentido de que, quienes usan fondos públicos o amenacen con convertirse en carga pública, serían descalificados para legalizarse.

En una versión anterior de esta nota, se indicaba erróneamente que el gobierno negará ciudadanía a quienes usen beneficios públicos.

La norma fue incluida en la regla final de Carga Pública que fue publicada en octubre en el Registro Federal y entrará en vigor a partir del 15 de agosto.

La regla final incluye un requisito de que los extranjeros que buscan una extensión de estadía o el cambio de estatus demuestren que no han solicitado la asistencia pública del gobierno desde que obtuvieron el estado migratorio de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y tampoco recibieron beneficios públicos.

La nueva medida denegará a los solicitantes de residencia legal permanente y otros beneficios de inmigración, como visas, si usan asistencia alimentaria tal como cupones de vivienda u otras formas de bienestar público.

En mayo la cadena de noticias Univisión Noticias había reportado que el gobierno de Trump planeaba crear las bases para poder deportar fácilmente a inmigrantes legales permanentes, un nuevo esfuerzo enmarcado dentro de la política de ‘tolerancia cero’.

La semana pasada POLITICO reportó que los nuevos planes del gobierno no solo apuntaban a castigar a los residentes legales, sino también a permitir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “prohíba” a los inmigrantes legales obtener la green card en esos casos.

La regla de carga pública propuesta por el DHS en octubre, y cuya versión final se encontraba en suspenso, establece que los agentes de la USCIS tomarán decisiones sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.

Es decir, si un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.