Nuevas reglas de deportación
Alejandro Mayorkas, que preside el Departamento de Seguridad Nacional emitió las nuevas directrices que los funcionarios de inmigración deberán seguir de aquí en adelante al adelantar procesos de deportación.
La nueva guía para la Aplicación de la Ley de Inmigración Civil busca centrar mejor los recursos del Departamento en priorizar la detención y expulsión de personas que carecen de documentos legales para permanecer en el país.
“Por primera vez, nuestras directrices, en la búsqueda de la seguridad pública, requerirán una evaluación del individuo y tendrán en cuenta la totalidad de los hechos y circunstancias”, ha dicho Mayorkas.
El funcionario reconoció que hay personas que han estado en el país durante generaciones, contribuyendo al bienestar de la nación, y que por ello no malgastarán recursos buscando eliminar a aquellos que no representan una amenaza, mientras que buscan un camino hacia el estatus legal.
El funcionario dijo que existen aproximadamente 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos, y que el país no cuenta con los recursos necesarios para detener y sacar a todos y cada uno de ellos. Por lo que es necesario ejercer la discreción y determinar quién debe ser removido al aplicar la ley de inmigración.
Por lo anterior, en su memo el alto funcionario ha dicho que ser inmigrante indocumentado “no debería ser la única base “al momento de un arresto o deportación de los Estados Unidos.
De acuerdo con la guía, los inmigrantes que ingresen desde el primero de noviembre por la frontera entre México y Estados Unidos estarán en la lista de prioridad de deportación.
Mayorkas aseguró que es intención de la Casa Blanca de perseguir y procesar a los inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional y pública y que confía en la discreción y buen juicio de los funcionarios de su Departamento.
De esta manera, la raza, religión, género, orientación sexual, o identidad de género de un no ciudadano, lo mismo que su origen nacional, asociación política, o ejercicio de la Primera Enmienda, no deben ser factores para decidir tomar medidas coercitivas.
Las nuevas medidas entran a regir a partir del 29 de noviembre y son contrarias a las prácticas puestas en marcha durante la administración del expresidente Donald Trump, quien ejerció una guerra sin cuartel contra los inmigrantes indocumentados.