Dos latinas a punto de hacer historia
Por: María Isabel Pérez- ENG
Abogada de la Universidad Estatal de Georgia, Ana María Martínez, quien también tiene un título en mercadeo de la Universidad de Georgia, se encuentra en la baraja de cinco profesionales que aspiran a ocupar dos vacantes para juez del Tribunal Estatal del Condado de Dekalb.
En la misma lista, está la abogada de inmigración y juez municipal de la ciudad de Doraville Vanessa Kosky, quien junto a Martínez han pasado un proceso de preselección que empezó con 50 candidatos, se decantó a 15 y quedó finalmente en cinco.
“Si alguna de las dos, o las dos, porque existe esa posibilidad, ya que son dos vacantes las que están juego, sería una gran noticia para nuestra comunidad y la primera vez en la historia que esto pase”, dijo la jueza Kosky.
Una de estas vacantes surge, luego de la renuncia del juez estatal Dax López, quien no terminó el período para el cual fue elegido.
En cuanto a la relevancia de mantener un juez estatal latino, la abogada Martínez señala que el crecimiento latino se mantiene en su jurisdicción donde hay un 12% de población hispana, lo que implica un compromiso de la comunidad y de los entes estatales para sentar bases que permita una mayor representatividad en cargos de importancia para la toma de decisiones en las ramas del poder público.
De hecho, indica que su división en la corte del condado ha sido precisamente administrar justicia y que todas las personas reciban el trato que establece la ley.
Admite que el rol de un juez es muy administrativo, y que su equipo se ha empeñado en que los casos que les llegan sean evacuados diligentemente y de manera eficaz.
Kosky ecordó a El Nuevo Georgia, que el juez López, atendía los oficios de su corte en español, dado que el grueso número de casos en los que estaban involucrados latinos así lo ameritaba.
“Sería bueno que ese servicio no desapareciera, porque tiene que ver mucho con casos de rehabilitación que son muy importantes”, dijo Kosky.
Los jueces estatales se encargan, entre otras cosas, de casos pequeños penales, cuyas multas no sobrepasen los mil dólares o 1 año de cárcel, y en los casos civiles que se puedan resolver con multas.
