Familias inmigrantes viven experiencias traumáticas durante su detención

La detención indefinida de madres que solicitan asilo y de sus hijos en Estados Unidos produce graves secuelas psicológicas, señaló hoy Human Rights Watch. Las madres de 25 familias detenidas, incluidas 10 que habían permanecido confinadas entre 8 y 10 meses, relataron a Human Rights Watch el trauma, la depresión y los pensamientos suicidas sufridos por sus familiares.

El gobierno de Obama tiene plazo hasta el 24 de mayo de 2015 para proponer un plan en respuesta al pronunciamiento preliminar dictado por la justicia federal, que determinó que la detención de familias incumple un acuerdo vinculante sobre los derechos de los menores migrantes. Las autoridades estadounidenses deberían disponer la liberación inmediata de las familias migrantes que fueron detenidas tras haber ingresado al territorio de EE. UU. para pedir asilo, señaló Human Rights Watch.

“El gobierno de Obama ha mantenido confinados a niños afectados por experiencias traumáticas y a sus madres durante casi un año”, observó Clara Long, investigadora sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “No saben en absoluto cuándo serán liberados y les atemoriza profundamente la posibilidad de ser deportados de nuevo a sitios donde podrían ser asesinados, violados sexualmente o sufrir otro tipo de agresiones”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU., a cargo de los centros de detención de inmigrantes, anunció el 13 de mayo que crearía nuevos mecanismos de supervisión para las detenciones familiares. Señaló que, en casos individuales, ya no apelaría al argumento de que detener a familias le permite disuadir a futuros migrantes, y que reconsideraría cada 60 días la continuidad de la custodia de familias detenidas durante más de tres meses.

El gobierno estadounidense comenzó a detener a numerosas madres migrantes y a sus hijos en julio de 2014, en el marco de una “estrategia enérgica de disuasión” —según fue calificada por el secretario de Seguridad Interior Jeh Johnson— que está dirigida a personas provenientes de América Central que cruzan la frontera sin autorización, entre ellas numerosos solicitantes de asilo.

Más de 1.000 madres e hijos están encerrados en tres establecimientos en Texas y Pennsylvania. El gobierno está construyendo sedes para albergar a otros grupos familiares que en total suman 2.000 personas detenidas, en su mayoría en un nuevo centro en Dilley, Texas, que se espera que una vez terminado, a fines de mayo de 2015, cuente con capacidad para alojar a 2.400 personas en familias. Este establecimiento será el mayor centro de detención inmigratorio de Estados Unidos.

“El gobierno no debería buscar nuevos mecanismos de supervisión para las detenciones familiares”, observó Long. “Lo que se necesita es que el gobierno sencillamente ponga fin a la detención de familias”.

Si bien algunas familias que piden asilo son liberadas bajo fianza luego de unas pocas semanas, se considera que otras no reúnen los requisitos exigidos para beneficiarse con una fianza, debido a que anteriormente fueron deportadas o no están en condiciones de pagar fianzas que habitualmente superan los USD 7.500, conforme aseveraron abogados que trabajan con estas familias. Las familias no son informadas con respecto a cuándo podría concluir su detención. Human Rights Watch dialogó con dos mujeres que han estado detenidas con sus hijos desde julio de 2014, es decir, más de 10 meses atrás.

Considerar que las familias no reúnen los requisitos para ser liberadas porque anteriormente hubo una deportación es una decisión que no toma en cuenta la validez de sus pedidos de asilo, observó Human Rights Watch. En investigaciones anteriores de Human Rights Watch se determinó que muchas de las personas deportadas en procedimientos abreviados no tuvieron una oportunidad razonable de plantear un pedido de asilo.

A fines de abril de 2015, la jueza federal de distrito Dolly Gee, en California, determinó en un pronunciamiento preliminar que el sistema de detención familiar incumple un convenio con más de 18 años de vigencia, que obliga al gobierno estadounidense a favorecer la liberación de menores migrantes para que estén con sus familias o, cuando esto no sea factible, retenerlos en un entorno que sea lo menos restrictivo posible. Otorgó al gobierno y a los abogados de los menores detenidos plazo hasta el 24 de mayo para que negocien un acuerdo. En respuesta, abogados del Departamento de Justicia han amenazado con la posibilidad de liberar a los menores y, al mismo tiempo, mantener detenidas a sus madres.

El derecho internacional prohíbe detener a solicitantes de asilo, excepto como último recurso y únicamente por motivos excepcionales, como la posibilidad de riesgo para la población. La detención familiar es una medida incompatible con estándares internacionales, en particular el principio fundamental de que el “interés superior del menor” debería ser el parámetro de todas las acciones gubernamentales con respecto a menores. En vez de detener a familias con hijos, EE. UU. debería establecer un sistema de supervisión en el ámbito de la comunidad u otras alternativas a la detención, según resulten necesarias, que permitan a las familias salir del sistema de custodia mientras los tribunales migratorios evalúan sus pedidos de asilo.

“La detención por tiempo indefinido produce secuelas psíquicas particularmente graves en quienes se han visto obligados a huir de su lugar de origen”, explicó Long. “Los niños preguntan a sus madres, ‘¿cuándo podremos irnos?’, y estas madres no tienen una respuesta para darles”.