Cierran cárcel de la migra en Georgia
Durante años, los activistas han denunciado los abusos en las cárceles de inmigración, administradas por empresas privadas
La noticia se regó como pólvora entre activistas y victimas, y todos con el mismo sentimiento procuraban que los medios de comunicación no fueran ajenos al momento que ellos tanto habían esperado y por el cual tanto habían luchado. El Centro de Detención de Irwin—ICDC, por sus siglas en inglés, en la ciudad de Oscila, había sido cerrado por orden del gobierno federal.
“Como sobreviviente de la custodia de ICE en el Centro de Detención del Condado de Irwin, me alegra saber que el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado el fin de los contratos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con Lasalle Corrections en el Centro de Detención del Condado de Irwin”, dijo Li An-Estrella Sánchez una mujer que permaneció en ese lugar tras sufrir abusos, según denuncias que trascendieron a la opinión pública.
“La larga historia de abuso no se borra con esta decisión”, dijo la mujer trans de origen mexicano, cuyo caso acaparó la atención nacional cuando fue liberada en 2018 y le fue aprobado su caso de asilo tras seis años de lucha.
“Esto no curará ni aliviará el daño causado por ICDC. No queremos ver la transferencia de las personas que permanecen en ese centro a otras prisiones como el Centro de Detención Stewart, el Centro de Detención Robert A. Deyton y el Centro de Procesamiento de ICE de Folkston”, expresó la activista en un comunicado a la prensa nacional.
“No nos detendremos hasta que todas las prisiones de ICE estén cerradas. Esto incluye centros de detención privados y prisiones de ICE operadas por el gobierno federal. ¡No terminará hasta que todos los centros de detención estén cerrados y todos los inmigrantes sean liberados!”
La trascendencia de la decisión
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó hace pocos días, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ponga fin a sus contratos con el Centro de Detención del Condado de Bristol en North Dartmouth, Massachusetts, y el Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC) en Ocilla, Georgia.
ICDC se convirtió en el centro de atención nacional el año pasado cuando una denuncia presentada por defensores de los derechos humanos en septiembre de 2020 detalló numerosos abusos médicos, incluido el mal manejo de los procedimientos de COVID-19 y los procedimientos ginecológicos innecesarios e invasivos realizados en más de 50 mujeres detenidas en esas instalaciones sin su consentimiento informado, por el médico Mahendra Amin.
En su última visita a Georgia por parte del presidente Joe Biden, inmigrantes anteriormente detenidos en cárceles de ICE, pidieron al primer mandatario que cerrara el ICDC y pusiera fin a la detención de inmigrantes.
La decisión de cancelar los dos centros de detención de inmigrantes se tomó porque las listas de detenciones se han reducido y “ya no son operativamente necesarias”, dijo un funcionario del DHS a The Washington Post que habló bajo condición de anonimato.
El centro de detención de Bristol, en Massachusetts, con una capacidad diaria de 200 camas, tiene en la actualidad siete detenidos. El centro de detención de Irwin, tiene una capacidad de más de 1,000 camas diarias y en la actualidad solo hay 114 inmigrantes detenidos.
Ambos centros, señala el reporte, se encuentran bajo investigación federal por denuncias de abusos contra inmigrantes.
Las alegaciones permanecen abiertas y sin resolver, y fueron las causas principales tomadas en cuenta por el secretario de Seguridad Nacional—DHS, Alejandro Mayorkas para ordenar a ICE que deje de enviar inmigrantes a estas cárceles.
En un comunicado enviado por el secretario a ICE, dice que su “principio fundamental” es que “no toleraremos el maltrato de personas en detención migratoria civil o condiciones de detención deficientes”.
“Tenemos la obligación de realizar mejoras duraderas en nuestro sistema de detención de inmigrantes civiles”, precisó Mayorkas.
Por qué Irwin estaba bajo la lupa
El 14 de septiembre de 2020, Project South y otras organizaciones presentaron una denuncia de denuncia de irregularidades en la que una enfermera del Centro de Detención del Condado de Irwin de ICE (ICDC) proporcionó relatos horribles de procedimientos ginecológicos invasivos realizados sin consentimiento a mujeres detenidas en ese lugar.
La denuncia también relataba numerosos otros procedimientos médicos no consentidos y negligencia atroz, así como procedimientos que se realizaban sin acceso a un traductor para obtener el consentimiento del paciente.
Las atrocidades relatadas en la denuncia llevaron a 173 miembros del Congreso a exigir una investigación del Inspector General sobre posibles prácticas de esterilización forzada en las instalaciones.
El pasado 22 de octubre de 2020, solo unas horas después de haber hablado con los investigadores que llevan el caso de Irwin Enna Pérez una mujer salvadoreña fue deportada.
“Yo tenía programada una cirugía, pero me deportaron antes” indicó Pérez en su momento a El Nuevo Georgia, quien se ha convertido también en testigo clave en la investigación.
“A mí me deportaron para callarme, a mí no me alcanzaron a operar, pero si ayudé a muchas mujeres que fueron operadas y llevadas al centro de detención, las heridas se les infectaron, les salía pus y supuraban sangre y yo en lo que podía las asistía”, relató Pérez.
La salvadoreña además dijo que muchas de las mujeres nunca entendieron lo que les hicieron porque no tuvieron una asistencia adecuada con un traductor certificado.
“El doctor Amin nos atendía de mala manera, y nos traducía una trabajadora de él que no estaba certificada para hacer eso y pues no explicaba bien los procedimientos, incluso solo decía firme ahí y ya” detalló Pérez.
