Cesan contratos con cárceles privadas

El presidente Joe Biden firmó hoy una orden ejecutiva por medio de la cual pone un alto a la contratación de propiedades privadas para centros de detención, considerando que sus desempeños en la resocialización de los internos no son tan competitivos como el propio sistema federal.

“Más de dos millones de personas se encuentran actualmente encarceladas en los Estados Unidos, incluida una cantidad desproporcionada de personas de color”, die la parte argumentativa de la orden.

“Existe un amplio consenso en que nuestro sistema actual de encarcelamiento masivo impone costos y dificultades importantes a nuestra sociedad y comunidades y no nos hace más seguros. Para disminuir los niveles de encarcelamiento, debemos reducir los incentivos para encarcelar, basados ​​en las ganancias, y eliminando gradualmente la dependencia del gobierno federal de los centros de detención de criminales operados por el sector privado”, argumenta.

“Debemos asegurarnos de que los sistemas penitenciarios y de encarcelamiento de nuestra nación den prioridad a la rehabilitación y la redención”, se lee en la primera sección de la orden.

“Las personas encarceladas deben tener una oportunidad justa de reintegrarse por completo en sus comunidades, incluso participando en programas diseñados para ganarse la vida, asegurar viviendas asequibles y participar en nuestra democracia como nuestros conciudadanos. Sin embargo, los centros de detención de delincuentes operados de forma privada tienen un rendimiento constante inferior al de los centros federales con respecto a los servicios, programas y recursos correccionales. Debemos asegurarnos de que el tiempo en prisión prepare a las personas para el próximo capítulo de sus vidas”.

En ese mismo tenor, argumenta que, el Gobierno Federal también tiene la responsabilidad de garantizar el trato seguro y humano de los integrantes del sistema de justicia penal federal.

“Sin embargo, como descubrió la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia en 2016, las instalaciones de detención criminal de operación privada no mantienen los mismos niveles de seguridad para las personas que en el sistema federal de justicia penal o para el personal correccional. Tenemos el deber de proporcionar a estas personas condiciones de vida y de trabajo seguras”

No se renovarán contratos

“El Procurador General no renovará los contratos del Departamento de Justicia con centros de detención de criminales operados de forma privada, de conformidad con la ley”, dice la segunda parte de esta orden ejecutiva.