Corte niega certificar demanda colectiva a inmigrante guatemalteco

Por: Rafael Navarro- ENG

“Todo esto está acabando con nuestra familia, ya no sabemos qué hacer…ya no aguantamos más”, dice Cindy Barrientos antes de sucumbir a las lágrimas e intentar reincorporarse nuevamente a la narración del drama que vive desde que un juez de inmigración de Georgia decidió aprobarles el asilo a sus tres hijos menores de edad y negarle ese mismo beneficio a uno de ellos quien ahora tiene 21 años.

La narración corresponde al 2016, y ya esta familia llevaba un año luchando contra el sistema de inmigración de Estados Unidos por una serie de irregularidades que a su parecer se habían dado hasta entonces en el proceso de asilo especialmente de Wilhen, quien para entonces había denunciado una serie de vejámenes en las prisiones de ICE.

Los hijos de Cindy, Wilmer y Wilser entraron a Estados Unidos por la frontera sur en el 2014 y posteriormente en el 2015, entraron Wilhen y Celin, todos le fueron entregados a Cindy mientras los procesos de asilo que les fueron sometidos para protegerlos de regresar a Guatemala se surtían, como en efecto terminó sucediendo.

Sin embargo, tres meses su hijo Wilhen de 20 fue detenido por orden de un juez de inmigración quien advirtió que no era prioridad para que el joven permaneciera en Estados Unidos como sus hermanos…desde entonces las luchas no han terminado.

Una larga batalla legal

Tras una larga batalla legal en la que intervinieron, la Alianza Latino de Georgia por los derechos Humanos—GLAHR, y otras organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y quienes piden asilo, la liberación del joven se dio dos años después y pudo reencontrarse con su familia y especialmente con su hija.

En el 2018 inició una demanda contra CoreCivic, la agencia privada que maneja los centros de detención de inmigración en Estados Unidos, por lo que sus abogados consideraron, no solo un trato inhumano, injusto y denigrante, sino esclavizante, por las labores de cocina que le tocó hacer al joven mientras estuvo detenido.

Dentro de la demanda federal conocidas como Wilhen Hill Barrientos, et al., contra CoreCivic, Inc., se lee que “Los inmigrantes detenidos fueron obligados a trabajar por tan solo $ 1 por día limpiando, cocinando y realizando tareas de mantenimiento en un centro de detención de inmigrantes operado de forma privada en el condado de Stewart, Georgia, como parte de un plan para maximizar sus ganancias”.

Southern Poverty Law Center, y los abogados de Proyect South, dijeron que CoreCivic somete a las personas detenidas en el Centro de Detención Stewart (SDC) en Lumpkin a un plan de trabajo forzado.

Las personas detenidas se ven privadas del acceso suficiente a las necesidades básicas, como alimentos, ropa, productos de higiene personal y llamadas telefónicas a sus seres queridos, y se les amenaza con confinamiento solitario y otros castigos por negarse a trabajar.

La demanda describe cómo esta situación viola las leyes federales contra la trata y enriquece injustamente a CoreCivic.

“El esquema de trabajos forzados de CoreCivic crea un escenario de ganancias lucrativas para la empresa: las personas detenidas se ven obligadas a comprar artículos de primera necesidad en el economato de la empresa, y la forma principal de financiar estas compras es participando en el programa de trabajo. Son responsables de tareas como cocinar y limpiar, tareas que, de otro modo, CoreCivic habría tenido que contratar y pagar a empleados externos para que las realizaran”.

Dijeron sus abogados que, Wilhen Hill Barrientos enfrentó una decisión difícil después de llegar a la instalación en 2015: el asilado de Guatemala podría trabajar por casi nada o perder el acceso a las necesidades básicas, la seguridad y la privacidad.

“Negarse a trabajar significaba que no tendría suficiente dinero para pagar la comida o las costosas llamadas telefónicas a su familia; que probablemente lo trasladarían de una celda de prisión para dos personas a un dormitorio abierto con pocos baños, iluminación las 24 horas y peleas frecuentes; o que sería puesto en confinamiento solitario”.

Barrientos finalmente trabajó en la cocina, preparando alimentos para hasta 2,000 personas cada día, y recibió como máximo pago $4 a $5 por día por seis a ocho horas de trabajo, aproximadamente 50 centavos por hora.

Dado que el centro de detención no contaba con personal de cocina remunerado aparte de los supervisores, los oficiales generalmente requerían que Barrientos trabajara los siete días de la semana, incluso cuando estaba enfermo.

“Barrientos fue enviado a segregación médica durante dos meses luego de que presentara una denuncia por ser obligado a trabajar estando enfermo”.

En 2018, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Georgia rechazó la moción de CoreCivic para desestimar los reclamos de los demandantes, y en 2020, el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el 11.º Circuito confirmó la decisión del tribunal de distrito de que las leyes federales contra la trata se aplican también a las personas privadas de la libertad.

Después de un extenso descubrimiento de más casos como este, en junio de 2022, los demandantes se movieron para certificar una demanda colectiva a favor de más de 32,000 trabajadores que habían participado en el programa de “trabajo forzado” desde 2008.

Corte niega certificar demanda colectiva (Class action)

            Recientemente el Centro de Leyes de Pobreza del Sur (SPLC), Project South y el abogado pro-bono, Perkins Coie LLP, solicitaron a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los EE. UU., que revoque una decisión de la corte de distrito federal que niega la certificación de demanda colectiva a las personas que están demandando a una prisión privada, operada por CoreCivic, Inc. por violaciones de trabajo forzado mientras estaban detenidos en el Centro de Detención de Stewart.

Los demandantes en el caso, Barrientos v. CoreCivic, Inc., solicitaron la certificación de “demanda colectiva” en nombre de aproximadamente 32,000 inmigrantes detenidos que fueron obligados a trabajar por tan solo $ 1 por día limpiando, cocinando y realizando tareas de mantenimiento bajo la amenaza de castigo, incluido el aislamiento, confinamiento y pérdida de las necesidades básicas.

Los afectados pueden demandar individualmente

En su fallo del 28 de marzo de este año, un juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Medio de Georgia negó la solicitud de certificación de demanda colectiva de los demandantes, pero no se pronunció sobre el fondo del caso, y señaló que los demandantes y otras personas detenidas en el Centro de Detención de Stewart, pueden hacer reclamos individuales de trabajo forzado y enriquecimiento injusto.

“Este es el próximo paso en nuestra lucha para buscar justicia por los daños que sufrieron los demandantes, y miles de personas detenidas que trabajaron casi gratis en el Centro de Detención de Stewart”, dijo Meredith Stewart, abogada del Immigrant Justice Project de SPLC.

“Las prácticas de CoreCivic se aplicaron de manera uniforme a las personas detenidas en Stewart que enfrentaron el castigo y la privación de necesidades básicas, como alimentos, si no realizaban trabajos para CoreCivic. Estas prácticas violan las leyes contra la trata de personas de nuestra nación y ninguna compañía de prisiones privadas está por encima de la ley. “

Así mismo, Azadeh Shahshahani, director legal y de defensa de Project South, dijo que “La corporación de prisiones privadas CoreCivic está explotando el trabajo forzoso de los inmigrantes detenidos para enriquecerse. Debe detenerse”.