Dice abogado Arturo Corso: “La HB 87, puede violar los derechos de todas las personas que se vean diferentes”

Al abogado Arturo Corso, quien ejerce en Gainesville una de las ciudades donde la población latina ha sido devastada por los efectos de la 287 (g) contactado por El Nuevo Georgia, dice que esta pieza legislativa muestra el grado de odio a que pueden llegar algunas personas, en contra de una comunidad.

Al ser interrogado sobre qué partes de la HB 87, considera que pueden violar derechos fundamentales de las personas en general, Corso dice: “En mi opinión, la parte de la HB87 que permite que la policía nos puede parar e investigar nuestros “papeles” viola los derechos fundamentales de todas las personas que se miren diferentes del oficial de policía con el cual se encuentre en ese momento”.

“El oficial hispano, tal vez, no va mirar un chofer hispano y pensar que él puede ser un indocumentado, pero el oficial Güero lo miraría distinto”, afirma.

Dice que “Lamentablemente tenemos muy pocos oficiales hispanos en este país. Lo más probable es que, por el momento, los oficiales siempre van a ser de un origen distinto de nosotros los latinos, y ahí es donde empieza el racismo”.

Afirma que: “En otras palabras, mirando por los ojos de cualquier oficial, la policía nos va a ver a todos nosotros por nuestras características físicas que son distintos de ese oficial. Para la mayoría de nosotros los latinos, eso quiere decir que cuando nos vean con piel un poco más oscura que la del oficial, nos encontraremos en peligro de ser parados y registrados injustamente.

Pero eso es la injusticia fundamental del racismo – no es nada nuevo en Georgia. Lo distinto hoy día es que ahora el gobernador ha firmado una ley que tiene el propósito explicito de respaldar a los oficiales que intentan discriminar contra nosotros”.

En ese mismo sentido, Corso también cree que “Esta ley dice, “Esta bien. Para los latinos. Discrimine contra ellos para espantarlos y que se vayan afuere del estado. Y en cambio no temen que las cortes les van a llegar con demandas por estas violaciones de los derechos civiles. Nada más estas siguiendo la ley de Georgia.”

Ya no son los años 60

A pesar de que, a juicio del abogado la ley retrocede al Estado a los años de la segregación, éste afirma que lo diferente hoy día en comparación con las injusticias de los años 60, es que ahora el esfuerzo del gobierno en atacar al extranjero está afectando también a los ciudadanos latinos, los cuales son muchos en Georgia.

“El gobierno de los conservadores en Georgia está expresando sus prejudiciales en criminalizarnos a todos nosotros los latinos por medio de una ley que supuestamente fue escrita nada más para parar a los inmigrantes indocumentados.

Si verdaderamente quisieran, podrían haber pasado una ley escrita de una manera que reconozca que no todos los latinos somos indocumentados. Pero la verdad es que ellos no distinguen entre los ciudadanos latinos y las personas indocumentadas.

Todos somos los mismos para ellos – y precisamente eso es lo que ha pasado con esta nueva ley – nos miran a todos como indocumentados y como criminales!

¿Qué otra muestra necesitamos para entender que no nos quieren tener aquí como iguales? Nos quieren nada más que como sirvientes.

Encima de eso, ahora también quieren criminalizar a nuestros amigos ciudadanos por medio de la parte de la ley que prohíbe transportar a personas indocumentadas y que prohíbe cualquier ayuda a personas indocumentadas de tal manera que los motive a venir o permanecer en este país.

Imagínese qué tanto nos odian para atreverse a poner en la cárcel a un pastor conduciendo a un miembro de su congregantes al hospital!”

Los legisladores no están peleando por empleos como dicen
Habiéndole pedido que analizara las secciones 12 y 13 de la nueva ley, el abogado Arturo Corso, explicó que la Sección 12 se refiere al programa E Verify que es una base de datos de información para que los empleadores puedan verificar la presencia legal de sus nuevos empleados.

“La ley no requiere que el empleador lo utilice para empleados que ya están trabajando. También empleadores que tienen menos de 10 empleados no están obligados a hacerlo. Eso muestre claramente que el senado de Georgia no está tomando en serio las quejas de que los indocumentados están tomando los trabajos de los Ciudadanos.

Si verdaderamente fuere ese un problema, no hubieron excluido empleadores de menos de 10 personas – los cuales son la mayoría de los empleadores en Georgia”, dijo el jurista.
En cuanto a la Sección 13, explicó que es solamente una modificación de la ley que ya existía en Georgia.

“Una persona extranjera que ha sido detenida en una cárcel por un delito mayor o por manejar embriagado siempre ha estado sujeta a revisión de su estatus inmigratorio para tratar de determinar si estaba legalmente presente en los Estados Unidos.

La ley nueva expande esa vieja ley para decir que cualquier persona detenida en una cárcel, sin importar la razón por lo cual fue arrestada, puede ser detenida hasta 48 horas más para investigar su presencia legal aquí.

Sin embargo, el no determinar la presencia legal de una persona, no es suficiente razón para mantenerla encarcelada”, reveló en su análisis.

La HB es inconstitucional, pero las cortes están politizadas
Interrogado, sobre si, creía que la HB 87 es inconstitucional, y si así fuera en cuál de sus secciones, el abogado fue enfático al decir que sí.

“Si creo yo que la HB87 es inconstitucional porque la intención de la ley es controlar los movimientos internacionales de los inmigrantes, lo cual está exclusivamente bajo los poderes federales de los Estados Unidos.

La cláusula de la Constitución que indica cuáles son los poderes de los estados y cuáles son exclusivamente federales prohíbe este tipo de ley por cualquiera de los estados”, afirma.

Sin embargo dice que lo que más le preocupa en este momento es que el tribunal que decide estas disputas es la Corte Suprema de los Estados Unidos.

“Por lo pronto, ese tribunal no ha podido escapar las influencias de esfuerzas políticas y partidistas. Entonces, aunque veo yo claramente que la ley es inconstitucional, quienes lo van decidir son personas con conexiones políticas, como el Juez Clarence Thomas – su esposa está muy involucrada con el Tea Party”, recuerda Corso.

Abogado Arturo Corso, experto en inmigración en la ciudad de Gainesville, en el condado de Hall, un territorio donde se aplica la 2-87 (g) y que ha separado a cientos de familias latinas.