El Senado de Georgia aprueba medidas para reforzar colaboración en materia migratoria

En respuesta al trágico homicidio de una estudiante de enfermería presuntamente cometido por un venezolano en la Universidad de Georgia, el Senado de Georgia aprobó el jueves un par de medidas destinadas a obligar a los gobiernos locales a colaborar con la deportación de migrantes en lugar de brindarles albergue.

El Senado aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 301 (HB 301) con 34 votos a favor y 18 en contra. Esta iniciativa, respaldada por sus partidarios, penalizaría a ciudades y condados que alberguen a inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos, cortando la mayor parte de la ayuda estatal a los gobiernos locales y destituyendo del cargo a funcionarios electos.

Además, los senadores aprobaron el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1105 (HB 1105) con una votación de 34-19. Este proyecto busca obligar a las autoridades penitenciarias a revisar el estatus migratorio de los reclusos. Todos los republicanos, que constituyen la mayoría, votaron a favor, mientras que los demócratas se opusieron a la medida.

“Este es un asunto de seguridad pública y trata con delincuentes”, declaró el senador estatal republicano John Albers.

Ahora, las medidas regresan a la Cámara de Representantes para un nuevo debate.

Aunque los estudios muestran que es menos probable que los migrantes cometan delitos en comparación con los estadounidenses nativos, los republicanos se han centrado en aquellos que están en prisión desde que José Ibarra fue arrestado el mes pasado por cargos de homicidio y agresión relacionados con la muerte de Laken Riley, de 22 años. Las autoridades de inmigración afirman que Ibarra, de 26 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022. Se desconoce si había solicitado asilo.

Riley estudiaba enfermería en el campus de la Universidad Augusta en Athens. Su cuerpo fue encontrado el 22 de febrero después de que una compañera de cuarto informara que no había regresado de su carrera matutina en un área boscosa.

La votación del jueves se produjo horas después de que un comité del Senado aprobara dos proyectos de ley menos estrictos, lo que plantea dudas sobre la forma final de un paquete integral en materia migratoria.

Jason Riley, el padre de la estudiante, dijo el miércoles en un discurso ante los senadores que las políticas de santuario en el condado de Athens-Clarke —donde se encuentra la Universidad de Georgia— “condujeron al asesinato de mi hija”. El alcalde de Athens-Clarke, Kelly Girtz, ha negado que la ciudad y el condado consolidado violen una ley estatal de 2009 contra las políticas de santuario.

Los demócratas y otros opositores a la iniciativa argumentan que las medidas son innecesarias y conducirán a la discriminación racial por parte de la policía contra los hispanos.

“Es solo una narrativa falsa que los funcionarios electos están promoviendo sobre la existencia de ciudades santuario en el estado de Georgia”, dijo Geovani Serrano, miembro de la Alianza Latina de Georgia para los Derechos Humanos, uno de los grupos que se manifestaron en contra de las iniciativas en el Capitolio.

El HB 301 permitiría a cualquier residente de Georgia presentar una demanda para solicitar a un juez que declare que una agencia está violando la ley de 2009. Si un juez está de acuerdo, el estado podría dejar de enviar ayuda estatal y federal que controle, excepto por algunos servicios de salud y emergencia. Por ejemplo, un condado o ciudad no recibiría dinero estatal para la construcción y mantenimiento de carreteras.

El proyecto de ley también establece la destitución de funcionarios electos en caso de que ciudades o condados adopten una política de santuario. La iniciativa permite que cualquier residente del estado se queje ante la Junta de Asuntos Comunitarios. El organismo recomendaría al gobernador la suspensión del funcionario, de ser necesario. Posteriormente, el jefe del gobierno estatal podría destituir al funcionario y nombrar un reemplazo.

Los funcionarios podrían solicitar su reinstalación, pero solo si pueden demostrar que su servicio mejorarían la capacidad del gobierno para cumplir con la ley antisantuario.

El HB 1105 establecería nuevos requisitos en la forma en que las autoridades penitenciarias deberían cotejar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) para determinar si ciertas personas están ilegalmente en el país. La iniciativa haría que los funcionarios que no cotejen “a sabiendas y deliberadamente” el estatus migratorio sean declarados culpables de un delito menor que la fiscalía general podría procesar. El proyecto de ley también negaría fondos estatales a los gobiernos locales que no cooperen.

“No hay una buena razón por la cual no deberíamos estar revisando el estatus de alguien si tenemos la sospecha de que están ilegalmente en este país”, declaró Albers.

Los demócratas advierten que las reglas podrían causar que las personas sean detenidas por largos períodos, separarían a los padres nacidos en el extranjero de sus hijos nacidos en los Estados Unidos y sembrarían desconfianza hacia la policía en las comunidades de migrantes. Albers argumentó que el impacto de la medida sería mínimo, ya que solo una pequeña cantidad de jefes de policía del condado actualmente no cooperan.

El requisito de ayudar a ICE obligaría a las prisiones a solicitar lo que se conoce como acuerdo 287(g), que permite a los agentes locales aplicar las leyes de inmigración. Se desconoce cuántas de estas solicitudes serían aceptadas, ya que el gobierno federal ha reducido la prioridad del programa, que no autoriza a las agencias policiales locales a realizar arrestos específicos en materia migratoria fuera de una cárcel.

Albers dijo que, incluso con esta cooperación, no hay garantías de que ICE acepte a los presos y comience el proceso de deportación. Afirmó que ICE está aceptando una cantidad mucho menor de inmigrantes durante la administración del presidente Joe Biden en comparación con lo que había hecho anteriormente.