Grupos de derechos humanos piden bloquear leyes anti inmigrantes de Georgia y Alabama

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Grupos de derechos humanos representando los estados de Georgia y Alabama, pidieron hoy durante una vigilia que los jueves de la corte de apelaciones del onceavo circuito de Atlanta, bloquee de una vez por todas todo lo referente a las leyes anti inmigrantes de ambos estados, al llevarse a cabo una audiencia en la que los gobiernos locales buscan hacer todo lo contrario.

Desde las 8 de la mañana más de un centenar de manifestantes se apostaron en los alrededores de la corte de apelaciones en el centro de Atlanta, para rechaza los contenidos de las leyes HB-87 de Georgia y SB-56 de Alabama, ambas inspiradas por la SB 170 de Arizona que en la actualidad es objeto de análisis por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Sabíamos que hoy no iba a haber una decisión y que solo se iban a escuchar las partes”, había dicho con anterioridad Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos—GLAHR-, por sus siglas en inglés.

Un parte sin ganadores ni perdedores

“El Tribunal de Apelaciones de EE.UU., del Onceavo Circuito escuchó los argumentos de los abogados de derechos civiles y los desafíos legales a los que se enfrentan debido a las leyes anti-inmigrantes extremas de Georgia”, dijo La Unión americana de Libertades Civiles—ACLU-, por sus siglas en inglés.

El panel de tres jueces dijo que las leyes, de Georgia HB 87 y HB 56 de Alabama, ponen en peligro la seguridad pública, e incitan a la discriminación racial de los latinos, asiáticos, y otros que parecen extranjeros, e interfieren con la ley federal.

“Las leyes anti-inmigrantes de Alabama y Georgia, han creado un estado policial donde los ciudadanos e inmigrantes por igual están sujetos a inquisiciones durante paradas de tráfico, y los empleados estatales y los ciudadanos de a pie se les pide que vean a sus vecinos con recelo”, dijo Cecilia Wang, directora del proyecto Gerecho para los Inmigrantes de ACLU.

“La Constitución de los EE.UU., no tolera tales intrusiones en nuestra libertad”, anotó.
Los dos casos de legislación perniciosa anti-inmigrante representan los primeros desafíos a los derechos civiles que llegan a la Corte de Apelaciones del Onceavo Distrito.

La coalición de grupos de derechos civiles pidió al tribunal que deje en su lugar un mandamiento judicial contra las principales disposiciones de la ley de Georgia, y detenga la ejecución de los peores elementos de la ley de Alabama.

“Hoy hemos pedido a la corte anular tanto la ley anti inmigrante de Alabama como la de Georgia por inconstitucionales”, dijo Mary Bauer, directora legal del Southern Poverty Law Center, SPLC.

“Ambas leyes han pisoteado los derechos civiles y han alentado los prejuicios contra los inmigrantes se han desenfrenado – especialmente contra los latinos – sin importar su estatus”, afirmó.

En Georgia, como en Arizona, Utah, Indiana y Carolina del Sur, los tribunales de distrito federales han bloqueado varias disposiciones de leyes anti-inmigrantes, incluyendo una que habría autorizado a la policía exigir “papeles” de a todos los individuos sin razones claras ni causas razonables.

Debbie Seagraves, la director ejecutivo de la ACLU de Georgia, dijo que “Con todas las cuestiones apremiantes que enfrenta nuestro estado y nuestro país, es una pena que nuestros legisladores crean que la penalización de los actos de caridad y de vecindad es un buen uso de su tiempo. Tengo fe en que esta ley mezquina no se quedará en los libros de nuestro estado”.

Hasta que la corte de apelaciones no tome una decisión, las sentencias de los tribunales inferiores en ambos casos se mantendrán en efecto, dicen los activistas, y mientras que la Suprema Corte no defina las demandas contra la ley SB-1070 de Arizona, al parecer ninguna otra instancia inferior decidirá estas disputas de manera definitiva.

“Las leyes anti-inmigrantes en Georgia y Alabama son crueles, equivocadas, y racista”, dijo Jessica Karp, abogada de la Red Nacional de Jornaleros.

“También son inconstitucionales. Los abogados en la sala del tribunal enumeraron las enfermedades legales de estas leyes de odio y las manifestaciones externas dieron testimonio de los efectos devastadores que las leyes han tenido en las familias de Georgia y Alabama familias lo mismo que la fuerte y creciente oposición política a las mismas”

¿Qué dice la HB-87 de Georgia?

Básicamente establece que los policías de todos los niveles tendrían autoridad como agentes de inmigración para interrogar por el estatus migratorio a toda persona de la cual se tenga “sospecha razonable” de que está en el país de manera ilegal.

Obliga a todos los contratistas del estado a usar un sistema federal de verificación de empleados, conocido como E-Verify, para constatar que todos sus nuevos empleados son “ilegales. Penaliza a quien no lo haga, con multas, y hasta el arresto, lo mismo que a los funcionarios públicos que no apliquen la ley al pie de la letra.

Penaliza a quien ayude o de alojo o transporte a personas “ilegales”, entre otros.

La HB 87 también contiene restricciones a la Matrícula Consular de Alta Seguridad que los consulados expiden a sus conciudadanos.

El bloqueo a dos de sus secciones

El 27 de julio, el juez Thomas Thrash acató una petición presentada por grupos defensores de los derechos civiles para evitar que entraran en vigor dos secciones de la ley HB-87 hasta que se resuelva una demanda que impugna la constitucionalidad de la misma, y que aun sigue en proceso de espera.

Al bloquear las secciones 7 y 8 de la HB87, el tribunal rechazó la “hipocresía” del estado al afirmar que la nueva ley pretende evitar la explotación de personas indocumentadas y llamó a la verdadera intención legislativa, que consiste en crear “un clima de hostilidad, miedo, desconfianza e inseguridad, dijo la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

La sección 7 del HB-87, intentaba crear tres nuevos delitos relacionados con el transporte, la acogida y asistencia a los inmigrantes indocumentados, redactada en términos excesivamente amplios y confusos que incluso iban más allá de la ley federal en estas áreas y que podría criminalizar a un adolescente por transportar a sus padres indocumentados o a personas como un médico o un abogado mientras atienden una cita.

La Sección 8 intentaba conceder amplias facultades discrecionales a las autoridades estatales y locales para investigar el estado migratorio de los sospechosos, detenerlos y arrestarlos sin orden judicial en determinadas circunstancias.

La apelación del Estado

El 15 de agosto de 2011 el fiscal del estado Sams Oleans interpuso ante la Corte de Apelaciones del 11avo Circuito la apelación formal a la decisión del juez Thomas Trash y en la misma se solicitan argumentos orales y esboza las objeciones de Georgia a la decisión del juez.

“La apelación esgrime que el juez federal Thomas Thrash cometió un error al bloquear dichas partes de la ley porque los demandantes “no tienen una posibilidad de que el laudo sobre el fondo del asunto les sea favorable, no han mostrado haber cometido un daño irreparable y porque el daño al público es mucho mayor que su interés”, dice en uno de sus apartes el recurso legal.