Te explicamos el alcance de la orden ejecutiva que firmó el presidente Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

• En su primer día de gobierno, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento para niños de hijos de madres o padres sin estatus legal. 
• La orden también prohíbe la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de personas con visas temporales de trabajo, estudiantes y turistas. 
• Los fiscales de 18 estados, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones civiles iniciaron demandas en contra de la administración de Trump por emitir ese decreto presidencial, por considerarlo inconstitucional.

Por Wendy Selene Pérez

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes sin estatus legal y personas con visas temporales. La medida, que entrará en vigor en 30 días, está siendo impugnada por los fiscales de 18 estados, por considerarla inconstitucional.

Con la orden ejecutiva firmada por Trump el mismo día de su toma de posesión, las autoridades del país no reconocerán la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que son hijos de inmigrantes indocumentados, y prohíbe la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de personas con visas temporales de trabajo, estudiantes y turistas. 

Trump ordenó a las agencias del gobierno de Estados Unidos que no emitieran documentos que reconozcan la ciudadanía para estos niños. Establece específicamente que la Administración de Seguridad Social y el Departamento de Estado, respectivamente, dejen de emitir números de seguridad social y pasaportes estadounidenses a estos niños. La acción ejecutiva señala que entrará en vigor a los 30 días de la firma del documento, es decir, el próximo 19 de febrero. 

Limitar la ciudadanía por nacimiento es “extraordinario y extremo”, dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, quien encabezó la iniciativa legal en contra de la orden ejecutiva, junto con los fiscales generales de California y Massachusetts. “Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, señaló. El documento de 50 páginas, con el número “Case 1:25-cv-10139”, fue enviado al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts.

El fiscal general del estado de California, Rob Bonta, dio a conocer también la demanda en una publicación de X (antes Twitter). 

“La orden ejecutiva del Presidente que intenta rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento es descaradamente inconstitucional y, francamente, antiestadounidense”, dijo el fiscal general Bonta. “Como hogar de Wong Kim Ark, un nativo de San Francisco que luchó, con éxito, para que se reconociera su ciudadanía estadounidense, California condena los intentos del Presidente de borrar la historia e ignorar 125 años de precedentes de la Corte Suprema. Estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de inmediato esta orden para que no entre en vigor”.

Además del Distrito de Columbia, la ciudad y el condado de San Francisco (California), los 18 estados que interponen la demanda conjunta son, en orden alfabético:  

California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Wisconsin.

Un grupo de organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes también demandaron a la administración de Trump desde el mismo lunes 20 de enero por poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

“Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses”, dijo en un comunicado Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que formalizó la demanda. 

La demanda —Case No. 1:25-cv-38— fue interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el State Democracy Defenders Fund y el Legal Defense Fund en nombre de organizaciones cuyos miembros serán denegados de la ciudadanía a sus bebés nacidos en suelo estadounidense en virtud de la orden, entre ellas New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York. 

La orden ejecutiva de Trump sobre el derecho de nacimiento es una de las varias políticas relacionadas del presidente en contra de la inmigración indocumentada. 

El gobierno de Trump reinterpreta la Constitución

La orden reinterpreta el concepto de “y sujeto a su jurisdicción” en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que hasta ahora ha considerado como ciudadano de Estados Unidos a cualquier persona nacida en el país, independientemente de si sus padres lo son. 

El derecho de ciudadanía por nacimiento se otorga desde hace más de un siglo, explicó a Factchequeado la profesora de Derecho de la Universidad de Fordham Jennifer Gordon. 

“Hace 125 años que la Corte Suprema aclaró que la 14ª enmienda aplica a los hijos de inmigrantes, sin importar la situación migratoria de sus padres. A no ser que la Corte Suprema anule esa decisión o que haya una enmienda constitucional, los hijos de inmigrantes sin papeles nacidos en Estados Unidos continuarán siendo ciudadanos desde su nacimiento”, precisó Gordon.

El gobierno de Estados Unidos no dispone, al menos públicamente, de una estadística sobre los niños nacidos en el país que son hijos de padres indocumentados. Un análisis del Pew Research Center del año 2022 señala que “alrededor de 4.4 millones de menores de 18 años nacidos en Estados Unidos viven con un progenitor inmigrante no autorizado. Representan alrededor del 84% de todos los hijos menores que viven con su progenitor inmigrante no autorizado”.

¿Qué es la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda?

La 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue aprobada por el Congreso el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868. Textualmente dice en su Sección 1: 

“Toda persona nacida o nacionalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que limite los privilegios o las inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni dentro de su jurisdicción le negará a persona alguna la protección legal igualitaria”. 

Luego, en la Sección 5, señala: “El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de leyes apropiadas”. 

De acuerdo con la ACLU, esta enmienda estipula que, con algunas excepciones por separado, las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanas de este país, independientemente de la raza, la etnicidad, o el origen nacional de sus padres. 

La ACLU explica en un documento que la enmienda fue ratificada para rectificar una resolución de la Suprema Corte en la historia de nuestra nación: la resolución judicial “Dred Scott vs. Sandford” de 1857, en la cual la Corte sostuvo que ningún individuo de descendencia africana, incluyendo a los esclavos y personas libres, jamás podía llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos.

En respuesta a la “Dred Scott”, el Congreso aprobó y los estados ratificaron la 14ª Enmienda, y dispusieron así en su primera frase que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del Estado donde ellas residen”.

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