Arranca otro relevo en el Senado por lograr la reforma migratoria

Por: Maribel Hastings

La inclusión del lenguaje que proveería una ruta a la legalización en el plan presupuestario del Senado abre otro capítulo, esta vez durante la presidencia del demócrata Joe Biden, de la carrera maratónica con obstáculos que ha sido y es la búsqueda de una reforma migratoria que regularice a millones.

Pareciera que se ha conjuntado todo, desde el permanente discurso pro inmigrante, las decisiones para contrarrestar las más draconianas decisiones antiinmigrantes del anterior gobierno, hasta la oportunidad política del momento, uno de los más propicios para, ahora sí, lograr algo histórico.

Pero ante la negativa republicana de considerar proyectos de legalización argumentando la porosidad de la frontera y ahora utilizando a los inmigrantes como chivos expiatorios, culpándolos de la propagación del Covid 19 —y ante una bancada demócrata con una frágil mayoría donde senadores moderados temen al asunto migratorio a un año de las elecciones intermedias—, el liderazgo demócrata apuesta al proceso de conciliación presupuestaria como el mecanismo para tratar de avanzar una reforma que responda a las promesas demócratas de pasadas décadas que nunca se han concretado.

Dicha conciliación presupuestaria se presenta ahora como uno de los últimos recursos para asumir la corresponsabilidad en la defensa de millones de inmigrantes que lo han entregado todo a este país y que han visto cómo las opciones se han ido reduciendo para obtener una legalización que no llega. Y esperanzas hay muchas.

Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y aunque se parte de la premisa de que la idea es tratar de regularizar a la mayor cantidad de indocumentados, particularmente a Dreamers, beneficiarios del TPS, trabajadores agrícolas y ciertos trabajadores esenciales, la realidad es que no se ha indicado quiénes serían los beneficiados, ni con base en qué mecanismos se lograría su regularización.

Más aún, es la Parlamentaria del Senado la que decidirá si el lenguaje migratorio puede formar parte o no de la conciliación presupuestaria. En otras palabras, incluir el lenguaje de legalización es haber echado una bola a rodar para ver hasta dónde llega. Y es en ese juego político, que de tan manido se vuelve perverso, en el que la ansiedad por saber si hay benevolencia hacia los sectores más vulnerables se intensifica cada vez más, porque siempre son otros, sin entender bien a bien el drama del fenómeno migratorio, los que deciden el destino de millones de seres humanos.

Ya hemos repetido hasta el cansancio los argumentos económicos, políticos, morales y humanitarios de la legalización. Ya se sabe también que este año la última e imperfecta amnistía de 1986 cumple su 35to aniversario. Y también es un hecho que los demócratas llevan décadas prometiendo la esquiva reforma estando en mayoría y en minoría, ocupando y no la Casa Blanca; y cuando ese ha sido el caso, a la hora de la verdad… nada ha pasado.

Ese escenario repleto de indecisiones históricas es el que más preocupa en este preciso momento, porque ese juego de ceder para evitar la pérdida de capital político ha hecho que los demócratas siempre se queden cortos en el ámbito migratorio.

Durante años han podido, y con razón, achacarle la culpa a un Partido Republicano controlado por el ala más xenófoba y racista que solamente emplea el tema para atizar a su base más recalcitrante. Pero también es cierto que cuando los demócratas han controlado tanto el Congreso como la Casa Blanca, han dejado pasar varias oportunidades, ya sea por divisiones internas o porque otros asuntos han sido los “prioritarios”.